Cada día es más evidente que el gobierno utiliza el poder del estado para afectar económicamente a quienes considera adversarios a su proyecto de hegemonía política y se convirtió en práctica de ejercicio público el confiscarle, invadirle o simplemente quitarles sus propiedades.
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Cuando analizamos las afectaciones de fincas, empresas etc. la casi totalidad son personas que disienten del gobierno o se han convertido en estorbo al opinar o ejercer actividades que los molestan.
La toma de la finca del señor Guillermo Zuloaga es un acto de violación a sus derechos civiles ya que el juicio que se le sigue es por acaparamiento y no hay justificación para que se le confisquen sus propiedades.
Rechazamos por inconstitucionales estas acciones emprendidas por el estado que demuestran como se pisotea nuestra carta magna y se desconocen los derechos civiles de ciudadanos por denunciar al gobierno de querer imponer un modelo político contrario a lo establecido en la constitución.
Vicente Brito
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