I
Una de las pruebas más evidentes de la destrucción de las instituciones del Estado, es lo ocurrido con la aduana nacional. El proceso de modernización aduanera en Venezuela se inicio en el primer gobierno del doctor Caldera, ya Venezuela era miembro de ALALC y era necesario adoptar la Nomenclatura de Bruselas como base del Arancel de Aduanas, trasponer la tarifas con gravámenes específicos a términos preferentemente ad-valoren y actualizar toda la legislación aduanera.
La reforma apunto hacia la estandarización de la legislación que se venía dando en las aduanas del mundo como consecuencia de dos hechos puntuales, por una parte la fundación del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, como organismo intergubernamental, con el objetivo de normalizar mediante convenios internacionales la regularización de las funciones y actividades que realizan como interventores previlegiado en el comercio trasfronterizo. La otra fue la concreción de la Comunidad Económica Europea, estos dos hechos transformaron por completo el concepto de las aduanas y su posición ante el comercio, adquirió nuevas funciones, nuevas potestades y se convirtió en un agente de transformación. Dejo de ser la fuente de recaudación, que nació en Grecia y se perfecciono en Roma, para convertirse en el “portorium”, de ahí paso a España, y de España se traslado a América para buscar un destino superior al servicio del Estado y de los ciudadanos.
La segunda reforma aduanera se inicio con el primer gobierno del presidente Pérez, y tuvo como objetivo dos hechos principales, uno la redacción de una Ley Orgánica de Aduanas que recogiera las nuevas instituciones jurídicas-aduaneras, y que fuese un instrumento eficaz para la aplicación de la política comercial, aduanera y arancelaria de la República. La otra fue convertir la Dirección de Aduanas en Direccion General separándola de la Dirección de Rentas, con el objetivo de establecer la nítida separación existente entre la relación aduanera y la relación tributaria.
A continuación en la onda prevaleciente en las orientaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se refundieron en el SENIAT lo aduanero y lo tributario, una institución que nació con débiles sustentos legales, pero con un deseo de perfeccionamiento y profesionalización de los servicios. A finales del segundo gobierno de Caldera, cuando se realizo la última reforma sustantiva de la Ley Orgánica de Aduanas, como consecuencia de la adhesión de Venezuela a la Organización Mundial de Comercio e ingreso a la Organización Mundial de Aduanas, se institucionalizo a objeto de despolitizarla, la figura del Jefe de la Administración Aduanera, como co-formulador de políticas ministeriales que afectan el comercio de mercancía y ejecutor de las mismas.
Se estaba preparando Venezuela para la aduana del Siglo XXI con sus nuevos paradigmas, control y facilitación, reflejado en la transparencia, legalidad del actuar administrativo y mejores prácticas. Una aduana previsible para los operadores económicos, transformar una muralla hermética en una puerta abierta. A esa aduana venezolana contribuyo de manera importante la normativa andina a través de sus Decisiones y Resoluciones, que se internalizaban en el derecho nacional, con su publicación en la Gaceta Andina, andabamos en el camino de la unión aduanera y en el horizonte estaba el mercado común, a final de cuentas en el medio estaba el objetivo de estatuir un Código Aduanero Comunitario perfeccionando la modernización de las instituciones jurídico-aduaneras.
II
Estando en construcción esa aduana para el Siglo XXI, consustancial con la globalización del comercio, en un mundo regido por normas especiales de acuerdos comerciales, especialmente tratados de libre comercio, que regulan la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de la mercancía, cuando Venezuela trataba de insertarse en los mundos internacionales de las aduanas y el comercio, llego el presidente Chávez. De entrada le dio una patada a la legislación que exige, que desde el jefe de la administración aduanera hasta el último funcionario técnico debían ser titulados superiores en materia aduanera, lo cual le permitió la politización del servicio, su militarización, desprofesionalización, hasta convertirlas en un instrumento de terror tributario, cuyo único fin es la recaudación.
Regresamos a la aduana gomecista, la del “Benemérito”, la del “póngame donde haiga”, la de los compadres y los amigos ex militares, la del capricho administrativo y la obediencia debida. La meritocracia de la camisa, franela o gorra roja , suplantó el carácter de la institución y su misión histórica hasta convertirla en una barrera contra el comercio internacional de mercancías
Ya no importan la relación aduanera y la relación tributaria, ni las estructuras jurídico-económicas diferentes ni los sujetos, objetos y finalidad diferentes. No importan los derechos y obligaciones, ni el procedimiento aduanero hasta confundirlos en un procedimiento tributario olvidando su objeto fundamental, la relación aduanera
La aduana roja, ignorante, desconoce la trascendencia de la importación, exportación, transito, trasbordo, deposito aduanero, admisión temporal, importación y exportación temporal, regímenes aduaneros económicos, liberación de derechos a la importación.
Convirtieron a la aduana en un instrumento de terrorismo económico contra el sector privado de la economía, las licencias, permisos, delegaciones, certificados de no producción, certificados de producción insuficiente, control de precios y control de cambios, inciden en el desabastecimiento nacional de mercancías y constituyen uno de los insumos más relevantes de la alta inflación que caracteriza la gestión económica del régimen.
III
A la aduana le importan las características esenciales de la relación jurídica aduanera, la cual puede existir aun con independencia de los gravámenes a la importación, sin embargo queines dirigen actualmente la Aduana, desconocen que el sujeto pasivo de la relación es la persona que importa o exporta las mercancías, objeto de la relación.
En consecuencia ignoran que el ejercicio de la potestad aduanera tiene que ver principalmente con el destino de la mercancía, destino este que generalmente es el consumo en el territorio aduanero después de su nacionalización.
Y aquí nos topamos con las mercancías y sus relaciones posesorias, con la factura, el documento de trasporte internacional y la declaración de aduana, que son consecuencia de una compraventa internacional.
La aduana es un mundo pluridisciplinario, tiene que ver con el comercio internacional, con la economía, auditoria, los tratados, con el derecho, la ingeniería y la tecnología. Trabaja a dos niveles, el operativo y el normativo, el normativo conduce y participa en las relaciones y negociaciones internacionales de la aduana y las materias coetáneas a la misma.
Sin aduana no hay integración, no hay comercio. En las aduanas se concentra el control del estado sobre todas las mercancías, sanitario, técnico, de calidad, drogas, medicamentos, pesticidas, químicos y un largo etcétera.
La economía venezolana con una alta dependencia de las importaciones, requiere de una aduana eficiente, toda la producción nacional depende de la rapidez del desaduanamiento, las materías primas y los productos intermedios e incluso los productos terminados son insumos del sector productivo nacional, las barreras y la ineficiencia aduanera elevan los costos y en consecuencia esos costos se trasladan al consumidor. Una política anti-inflacionaria coherente y de pleno abastecimiento no puede dejar de tener en cuenta a la aduana como el cuello de botella de dicha política.
IV
Se viven tiempos de temores en el sector privado de la economía, destruidas las instituciones aduaneras, la administración enfoca su actuación única y exclusivamente hacia la recaudación, sin importarle los derechos del importador. La inseguridad jurídica es el signo de los tiempos que corren.
Cada una de las aduanas actúa como un compartimiento estanco. El intendente nacional de aduanas es una figura decorativa. No hay orden jerárquico. Por instrucciones verbales se derogan y desaplican normas vigentes, por ejemplo, todas las normas andinas, entre ellas la Franja de Precios Agropecuarios. Por Decretos violatorios de la Ley Orgánica de Aduana, se otorgan competencias aduaneras a otros ministerios, se imponen ajustes al valor violando las disposiciones del Acuerdo del Valor, se imponen derechos anti dumping fuera del Arancel de Aduanas, se norma el Origen no Preferencial con una Resolución que viola el Acuerdo de Origen.
Todos los días nos alejamos más de la predictibilidad necesaria para los operadores económicos, la normativa aduanera no se aplica uniformemente, ni justamente ni neutralmente. La inseguridad jurídica es tal, que con la sanción y promulgación de la ley anti contrabando, fue derogada toda la materia, que sobre este delito establecía la Ley Orgánica de Aduanas, la última reforma de esta ley, que convirtió el procedimiento de abandono legal en una actividad confiscatoria por parte de la Administración, cuando fue publicada incluyo en su texto la materia derogada, en consecuencia es de suponer que esta modificación de la Ley Orgánica de Aduanas derogo la Ley sobre el delito de Contrabando.
Como se desprende de todo lo citado, la aduana dejo de ser una institución técnico -jurídico para convertirse en un caos administrativo y procesal donde impera la discrecionalidad, caldo de cultivo de la corrupción. Si la aduana cumpliese sus funciones no hubiese ocurrido Pudreval, no estuviesen escondidos 2500 contenedores en el complejo de José, ni tuviésemos problemas con los diamantes negros de Kimberly, ni de trafico de drogas. La aduana es un cascaron vacio, una estructura abandonada, a cargo de militantes políticos, y la puntilla se la quiere dar, una tal Hiroshima, que quiere derogar lo que queda de la venerable Ley de Hacienda Pública Nacional, la cual es la que otorga las competencias fiscales e inspectoras a los funcionarios de aduana que intervienen en los procedimientos de verificación y control.
Si en Venezuela existiese estado de derecho, todos los actos administrativos suscritos por los superintendentes del Seniat, Intendente de Aduana, Gerentes normativos y Gerentes de Aduana, serian nulos de nulidad absoluta, por incumplimiento a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que ninguno de dichos funcionarios reúne los requisitos para ejercer los cargos para los cuales fueron desdignados.
A la aduana habrá que reconstruirla y desafortunadamente habrá que comenzar desde cero.
Freddy Rios Rios.
friosrios@gmail.com
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