Si el gobierno de Colombia ha inventado la presencia y el apoyo a grupos terroristas en territoiro venezolano merece una seria condena, por irresponsable e injerencista. Sería una burda intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Una infamia. De igual manera sería condenable que los terroristas de las FARC, apoyadas por el régimen bolivariano, utilicen el territorio venezolano como santuario para desde acá agredir a Colombia. En este caso estaríamos ante hechos muy graves que deben ser denunciados y tratados con seriedad por las instancias internacionales y no simplemente sudamericanas, como lo dice irresponsablemente el Canciller brasileño.
En el primer caso estaríamos ante un acto inamistoso y despreciable, mientras que en el segundo estaríamos ante un crimen de terrorismo, por la cooperación brindada a grupos reconocidos como tales; o de agresión, definida por la Asamblea General de la ONU como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución 3314/XXIX, aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1974).” La agresión comprende “la planificación, organización, preparación o participación en el uso de la fuerza inicial de un Estado contra la integridad territorial y la independencia política de otro Estado en contravención con las normas de la Carta de la ONU, independientemente de la existencia de una declaración de guerra.” (Terminología de Derecho Internacional, en edición, Ed. El Nacional). Se plantea la responsabilidad del Estado y, eventualmente, en el 2017, cuando la CPI pueda conocer este crimen, la resposanbilidad penal individual.
La actitud de Colombia sería objeto de una sanción política, de una condena regional y universal, por irresponsable. La política venezolana, si se confirmara la denuncia, activaría otros mecanismos políticos y eventualmente jurídicos, para detener la agresión y evitar que se afecte la integridad de Colombia.
La denuncia de Colombia es grave, pero mas lo es la falta de respuesta del régimen bolivariano que debería permitir una encuesta internacional imparcial que verifique los hechos y asi demostrar que la denuncia no sería mas que una infamia del saliente Uribe.
Haciendo gala de su torpeza, el régimen bolivariano buscó distraer la atención, promoviendo una reunión de UNASUR para tratar el tema. Dos planteamientos asomó Caracas: las bases militares en Colombia y un Plan de Paz para Colombia. Dos propuestas de corte injerencista que nada tienen que ver con la respuesta que Caracas debía dar a la comunidad internacional, acerca de la protección a grupos terroristas, en territorio nacional. La reunión culminó sin acuerdo, sin ninguna resolución, para sorpresa del conductor de la política exterior de Venezuela, Nicolás Maduro; aunque se ratificó el compromiso de construir las condiciones para la paz en la región y que « para preservar la paz es necesario que los países dispongan un claro compromiso por evitar la presencia de grupos irregulares que afectan la armonía en la región... »
La crisis bilateral planteada interesa a todos, por sus graves consecuencias. Los Lulas, Morales y Correas sugieren la « normalización de las relaciones entre los dos países » ignorando lo central del asunto : la denuncia de Colombia en contra del régimen bolivariano obligado ahora a reparar el daño mediante una « satisfacción » hacia Colombia. Difícil que los bolivarianos, esencialmente arrogantes y torpes, se retracten de las tan repetidas frases de aliento y de reconocimiento a Reyes y a los dirigentes del grupo terrorista y las alabanzas a su lucha « legítima » y retiren los monumentos del « prócer” Marulanda, hechos de fraternidad que buscan acorralar al Gobierno colombiano, para satisfacción de la hoy callada Piedad Córdoba.
Se espera la solidaridad internacional en favor de la paz y no que la OEA y los Gobiernos de la región, se laven las manos favoreciendo con un silencio elocuente, el debilitamento del Estado colombiano. No se trata de un asunto personal como irriverentemente lo afirma Lula. Es una cuestión de paz y de seguridad internacionales.
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