Hugo Chávez está levantando un cerco legal alrededor del pueblo venezolano para asegurarse de que la gente quede encerrada, como si fuese ganado, dentro de un corral. Desde que perdió el referendo para la Reforma Constitucional en diciembre de 2007, Chávez ha ignorado la voluntad del pueblo y ha creado nuevas instituciones de gobierno bolivarianas (entiéndase marxistas), que ya están suplantando las instituciones democráticas consagradas en la Constitución. El corral del Presidente alrededor de la gente estará listo para cuando los votantes elijan una nueva Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2010.
El Consejo Federal de Gobierno, los consejos comunales y una serie de nuevas leyes que establecen comunas, con cambios en el modelo económico y socio geográfico, otorgan al Estado poder absoluto sobre la propiedad de la tierra, así como sobre la producción y distribución de alimentos. Además ha redactado una nueva legislación que da a los inquilinos derechos sobre las propiedades de los arrendadores. Toda una red que apunta a la consolidación de un régimen totalitario de corte castro-comunista disfrazado de democracia. Lo peor de todo es que Chávez parece estar logrando todo lo que quiere.
La oposición política se queja, con razón, de que Chávez está re-centralizándolo todo. Sin embargo, no está claro si los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entienden a cabalidad que están parados al borde de la tumba abierta de la democracia venezolana como si ésta estuviese enterrada viva por la revolución.
El caso es que, aunque la MUD ganara las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, es muy probable que la Mesa y los venezolanos que creen en la democracia, libertad y propiedad privada todavía salgan perdedores.
Chávez está haciéndole a los municipios y a las gobernaciones lo que le hizo al Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma. Y, antes de que llegue el 26 de septiembre, Chávez también neutralizará a la Asamblea Nacional. Si el PSUV conserva su mayoría será mucho mejor para él, pues el nuevo Parlamento simplemente seguirá aprobando leyes hechas a la medida de las prioridades del Presidente. Por supuesto, el poder seguirá siendo transferido de facto a las nuevas instituciones bolivarianas (marxistas) que sustituirán todos los consejos municipales, gobernaciones y legislaturas elegidos por el voto popular en Venezuela.
Sin embargo, si la MUD logra lo aparentemente imposible y rompe en los comicios del 26 de septiembre la mayoría absoluta que tiene en la Asamblea el PSUV, Chávez simplemente ignorará la nueva Asamblea Nacional y tal vez, estrangule a la institución a través del recorte de recursos fiscales, como hizo con Ledezma y otros gobernadores y alcaldes de oposición.
Por ejemplo, la Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión una propuesta de Reforma de la Ley de Arrendamiento , la cual define la vivienda como un derecho humano y estipula que es un derecho social, no mercantil. Bajo esta nueva Ley que, sin duda, la AN aprobará muy pronto, los propietarios pierden todos los derechos sobre sus propiedades y los inquilinos serían invulnerables ante el desalojo, aunque dejen de pagar el alquiler. Todas las propiedades de más de 20 años estarían cubiertas por la nueva Ley, sin excepción.
Según esta nueva Ley, los inquilinos también pueden comprar las viviendas donde residen a precios que serán fijados por el Estado, y podrán amortizar la “hipoteca” con los pagos de alquiler que venían realizando. Una progresión lógica de este proceso es que, a la larga, la revolución decidirá cuánto espacio necesitan las familias para poder vivir con “decencia” y los apartamentos y casas unifamiliares más grandes (es decir, cualquiera que tenga más de 150 metros cuadrados) pasarán a ser viviendas multifamiliares, igual que en Cuba.
La Asamblea Nacional también se está dando prisa para aprobar otras joyitas del marxismo al estilo cubano, con el fin de transformar a Venezuela desde el punto de vista geoeconómico, social y político en un Estado Comunal. La nueva Ley de Comunas y la Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal llevan el cerco alrededor del pueblo venezolano a nuevas alturas. La Ley de Comunas creará comunas o ciudades comunales que sustituirían las empresas privadas como el principal motor del desarrollo económico. Estas comunas serían definidas geográficamente por el régimen, lo que crearía, de hecho, ghettos socioeconómicos a lo largo y ancho de toda Venezuela. De nuevo se recuerda la analogía de una gran manada de ganado que para ser controlada tiene que ser dividida en muchos corrales pequeños.
Con esta Ley, las instituciones constitucionales de gobernabilidad territorial, es decir, estados, municipios y parroquias, serían borrados de un plumazo. Dentro de cada comuna se crearían parlamentos comunales que decidirían los bienes y servicios que serán producidos, así como las cantidades y a quién designará la revolución para producir los bienes y servicios. Los parlamentos comunales también tendrán poder para regular la vida social y de la comunidad y mantener el orden público. El “bien comunal” siempre tendría prevalencia legal sobre todos los demás intereses individuales. Se crearía un sistema de justicia comunal en cada comuna para proporcionar justicia alternativa a sus miembros.
El nuevo modelo comunal borraría la división del trabajo tradicional basada en el sistema capitalista y la sustituiría con “nuevas formas de generación, apropiación y reinversión social de la plusvalía”. Se implantarían monedas y sistemas de trueque comunales para sustituir la moneda nacional. El Estado controlaría el valor del trabajo y el intercambio de bienes y servicios. La meta es consolidar un monopolio total del Estado sobre todas las actividades económicas y la propiedad privada. No sorprende entonces que el presidente Chávez, según se ha venido informando, suspendiera dentro de poco todos los contratos colectivos entre el Estado y los sindicatos.
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El Consejo Federal de Gobierno, los consejos comunales y una serie de nuevas leyes que establecen comunas, con cambios en el modelo económico y socio geográfico, otorgan al Estado poder absoluto sobre la propiedad de la tierra, así como sobre la producción y distribución de alimentos. Además ha redactado una nueva legislación que da a los inquilinos derechos sobre las propiedades de los arrendadores. Toda una red que apunta a la consolidación de un régimen totalitario de corte castro-comunista disfrazado de democracia. Lo peor de todo es que Chávez parece estar logrando todo lo que quiere.La oposición política se queja, con razón, de que Chávez está re-centralizándolo todo. Sin embargo, no está claro si los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entienden a cabalidad que están parados al borde de la tumba abierta de la democracia venezolana como si ésta estuviese enterrada viva por la revolución.
El caso es que, aunque la MUD ganara las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, es muy probable que la Mesa y los venezolanos que creen en la democracia, libertad y propiedad privada todavía salgan perdedores.
Chávez está haciéndole a los municipios y a las gobernaciones lo que le hizo al Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma. Y, antes de que llegue el 26 de septiembre, Chávez también neutralizará a la Asamblea Nacional. Si el PSUV conserva su mayoría será mucho mejor para él, pues el nuevo Parlamento simplemente seguirá aprobando leyes hechas a la medida de las prioridades del Presidente. Por supuesto, el poder seguirá siendo transferido de facto a las nuevas instituciones bolivarianas (marxistas) que sustituirán todos los consejos municipales, gobernaciones y legislaturas elegidos por el voto popular en Venezuela.
Sin embargo, si la MUD logra lo aparentemente imposible y rompe en los comicios del 26 de septiembre la mayoría absoluta que tiene en la Asamblea el PSUV, Chávez simplemente ignorará la nueva Asamblea Nacional y tal vez, estrangule a la institución a través del recorte de recursos fiscales, como hizo con Ledezma y otros gobernadores y alcaldes de oposición.
Por ejemplo, la Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión una propuesta de Reforma de la Ley de Arrendamiento , la cual define la vivienda como un derecho humano y estipula que es un derecho social, no mercantil. Bajo esta nueva Ley que, sin duda, la AN aprobará muy pronto, los propietarios pierden todos los derechos sobre sus propiedades y los inquilinos serían invulnerables ante el desalojo, aunque dejen de pagar el alquiler. Todas las propiedades de más de 20 años estarían cubiertas por la nueva Ley, sin excepción.
Según esta nueva Ley, los inquilinos también pueden comprar las viviendas donde residen a precios que serán fijados por el Estado, y podrán amortizar la “hipoteca” con los pagos de alquiler que venían realizando. Una progresión lógica de este proceso es que, a la larga, la revolución decidirá cuánto espacio necesitan las familias para poder vivir con “decencia” y los apartamentos y casas unifamiliares más grandes (es decir, cualquiera que tenga más de 150 metros cuadrados) pasarán a ser viviendas multifamiliares, igual que en Cuba.
La Asamblea Nacional también se está dando prisa para aprobar otras joyitas del marxismo al estilo cubano, con el fin de transformar a Venezuela desde el punto de vista geoeconómico, social y político en un Estado Comunal. La nueva Ley de Comunas y la Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal llevan el cerco alrededor del pueblo venezolano a nuevas alturas. La Ley de Comunas creará comunas o ciudades comunales que sustituirían las empresas privadas como el principal motor del desarrollo económico. Estas comunas serían definidas geográficamente por el régimen, lo que crearía, de hecho, ghettos socioeconómicos a lo largo y ancho de toda Venezuela. De nuevo se recuerda la analogía de una gran manada de ganado que para ser controlada tiene que ser dividida en muchos corrales pequeños.
Con esta Ley, las instituciones constitucionales de gobernabilidad territorial, es decir, estados, municipios y parroquias, serían borrados de un plumazo. Dentro de cada comuna se crearían parlamentos comunales que decidirían los bienes y servicios que serán producidos, así como las cantidades y a quién designará la revolución para producir los bienes y servicios. Los parlamentos comunales también tendrán poder para regular la vida social y de la comunidad y mantener el orden público. El “bien comunal” siempre tendría prevalencia legal sobre todos los demás intereses individuales. Se crearía un sistema de justicia comunal en cada comuna para proporcionar justicia alternativa a sus miembros.
El nuevo modelo comunal borraría la división del trabajo tradicional basada en el sistema capitalista y la sustituiría con “nuevas formas de generación, apropiación y reinversión social de la plusvalía”. Se implantarían monedas y sistemas de trueque comunales para sustituir la moneda nacional. El Estado controlaría el valor del trabajo y el intercambio de bienes y servicios. La meta es consolidar un monopolio total del Estado sobre todas las actividades económicas y la propiedad privada. No sorprende entonces que el presidente Chávez, según se ha venido informando, suspendiera dentro de poco todos los contratos colectivos entre el Estado y los sindicatos.
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