Ciudadana Presidenta y demás diputadas y diputados de la Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional:
Con la mejor buena voluntad y en espíritu de diálogo abierto, sereno y respetuoso, acudo ante ustedes atendiendo la cordial invitación de la Cdna. Diputada Cilia Flores, Presidenta de este Cuerpo Legislativo. Agradezco también la garantía ofrecida por la Cdna Presidenta con relación a mi seguridad y respeto a mi dignidad y condición humana,
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Con el respeto y reconocimiento debidos a este cuerpo que representa el Poder Legislativo del Estado Venezolano, vengo como Arzobispo de Caracas, es decir, líder religioso y Pastor de los 5 millones de católicos de Caracas sin distinción de simpatías políticas; Cardenal de la Iglesia en Venezuela y presidente de honor de la Conferencia Episcopal Venezolana. En mi tarea pastoral en Caracas me acompañan los Obispos Auxiliares y más de 500 sacerdotes y diáconos, y 1.100 religiosas y religiosos que sirven permanentemente las necesidades pastorales de los caraqueños. También miles de laicos comprometidos que trabajan en las actividades pastorales de la Iglesia. Como sacerdote caraqueño, además de mis labores como formador de sacerdotes en los Seminarios eclesiásticos de Caracas, trabajé durante 11 años en un barrio popular, el barrio Casa de Tabla, conocido ahora como “Cecilio Acosta”, en Maca, Petare.
Soy un Obispo, Pastor de la Iglesia, servidor de Jesucristo y del pueblo venezolano todo. En esa condición he actuado y hablado sobre las cuestiones sociales. No me considero ni me he considerado nunca, y no he actuado en ningún momento como actor u operador político. Soy vocero de Jesucristo y de las inquietudes y del interés del pueblo venezolano por la paz, el encuentro, la inclusión, y por el respeto a los derechos humanos civiles, sociales, y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No soy vocero de ninguna parcialidad política.
MISIÓN DE LA IGLESIA Y DERECHOS DE LOS OBISPOS
En los debates de estos días se ha hablado mucho sobre la misión de la Iglesia, más específicamente sobre la competencia y participación los Obispos en la vida nacional. Antes de hacer algunas consideraciones de carácter religioso o teológico sobre el tema, quisiera destacar que el art. 62 de la Constitución claramente afirma el derecho de todos los ciudadanos venezolanos a participar activamente en la vida pública. Cito: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. Y el art. 132 va más allá: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, social y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. En cumplimiento de esta disposición constitucional, la participación en la vida pública de los Obispos, Pastores de la Iglesia en Venezuela, va en la línea del relacionamiento y convivencia de los ciudadanos en la Polis con el libre ejercicio de sus derechos; no como búsqueda o ejercicio del poder político, ni mucho menos como expresión de la legítima participación de los ciudadanos en partidos políticos. Repito, no somos operadores políticos.
De manera que, cuando los Obispos, desde nuestra misión pastoral, religiosa y espiritual, expresamos nuestras opiniones sobre aspectos de la vida social o política del país, lo hacemos con pleno derecho como ciudadanos venezolanos, y cumpliendo el deber que nos impone la Constitución Nacional de promover y defender los derechos humanos para el logro de la convivencia democrática y de la paz social.
Pero es que, además, nuestra condición cristiana y nuestra misma misión pastoral de constructores de la paz, nos impone el deber de velar por la vigencia de los derechos humanos. Cristo nos dice que seremos juzgados por el amor El nos dice “porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, preso y enfermo, y me visitaste”, etc. (Mt, 25)
La Misión Pastoral de la Iglesia no es solamente celebrar actos de culto, sino anunciar a Jesucristo y su Evangelio del amor a Dios y del amor fraterno, del respeto a la vida y los derechos de los seres humanos; es promover la convivencia social en el marco de la libertad y la justicia. Los Mandamientos de la Ley de Dios son un llamado a una convivencia social libre, justa, fraterna. Y eso es lo que nos mueve a los Obispos venezolanos a pronunciarnos sobre la vida social y pública del país.
Al respecto quiero destacar que no es ahora, en los últimos años, cuando los Obispos venezolanos hemos hecho llamados a la conversión moral en lo social y a la renovación del corazón en la vida política, económica y social de Venezuela. Quiero recordar aquí, entre muchos, algunos documentos de aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia publicados a lo largo de estos años, durante diversos gobiernos: el documento “Iglesia y política, de 1973”; “La Situación social del País, de enero de 1974” en el cual se habla de la necesidad de que se promueva un progreso más efectivo, dirigido al beneficio de todos, pero especialmente a los sectores menos favorecidos, y particularmente a los marginados. El documento sobre Las Misiones y los Indígenas, de julio de 1977, en el cual se rechazan abiertamente las violaciones a los derechos humanos de los indígenas; la Carta pastoral de Cuaresma de 1980, profética en su diagnóstico y en sus propuestas, en la cual, al hacer un apremiante llamado a la conversión moral, se afirma que la situación social de Venezuela configuraba una situación personal, colectiva y estructural de pecado; el documento sobre la vivienda, de enero de 1986, y el documento sobre el desempleo, de julio de 1987; el documento publicado en enero de 1988 con motivo de los 25 años del 23 de enero de 1958. Especial relieve merece la Exhortación “La recuperación del país” publicada luego del Caracazo, el 8 de abril de 1989, en la cual se hace un diagnóstico severo y muy claro sobre la situación política, económica y social de Venezuela, y se condena la masacre de El Amparo.
Otro documento de especial significación es el titulado “Constructores de la Paz”, publicado el 10 de enero de 1992, donde se alude, entre otras cosas, a los asesinatos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado. Allí advertíamos: “Sin una respuesta pronta y efectiva a esas urgencias, no habrá paz social con los consiguientes peligros de anarquía o de tentaciones a soluciones de fuerza” Tres semanas después sucedieron los hechos del 4 de febrero.
De manera que no ha sido solamente en estos últimos 11 años cuando los Obispos venezolanos, en ejercicio de nuestra misión religiosa y pastoral, y de nuestros derechos constitucionales hemos hecho apremiantes llamados al diálogo, a la atención de las necesidades del pueblo, a la defensa de los derechos humanos, a la inclusión y a la convivencia social, a la justicia como base de la paz. No nos encerramos en las sacristías, ni nos escondemos tras el incienso de las ceremonias. Somos Obispos de una Iglesia viva y activa, comprometida con el pueblo venezolano.
Y esto lo hacemos como respuesta al llamado del Concilio Vaticano. II que nos dice:
“La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana… Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones” (GS. 76)
Y al Documento de la Vª Conferencia General de los Obispos latinoamericanos y del Caribe, Aparecida, que afirma:
504 “Consciente de la distinción entre comunidad política y comunidad religiosa, base de sana laicidad, la Iglesia no dejará de preocuparse por el bien común de los pueblos y, en especial, por la defensa de principios éticos no negociables porque están arraigados en la naturaleza humana”.
Pero sobre todo, los Obispos hablamos en respuesta al evangelio de Nuestro Señor Jesucristo que nos llama a ser misericordiosos y a atender las necesidades de nuestros hermanos: Recordemos la parábola del buen samaritano. El modelo es quien ayuda a su hermano en la tribulación. (Lc, 10,33 ss).Y el apóstol Santiago, recalcando la necesidad de la caridad concreta hacia los demás nos dice: “La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación”… (St. 1, 27)
En el cumplimiento de nuestra Misión pastoral con respecto a la vida concreta de los venezolanos, los Obispos actuamos siempre como ministros de Jesucristo y como pastores del Pueblo de Dios, no buscando el poder, sino como servidores y constructores de la paz. Por eso siempre apelamos a la conversión moral, a la necesidad de modificar las conductas, a la rectificación de políticas que consideremos equivocadas, a la necesidad de que todos nos consideremos hermanos en una casa común, una familia, miembros de un solo pueblo, el pueblo venezolano, sin exclusiones de ningún tipo. Permanentemente invitamos al diálogo entre los diversos sectores, a la convivencia, a la búsqueda de soluciones para los diversos problemas del país. Valores como justicia, paz, diálogo y reconciliación son los que guían nuestro ánimo y nuestros documentos en materia social.
MIS DECLARACIONES
Ustedes me han invitado para que, explique las razones que sustentan las denuncias que presuntamente habría realizado, “en contra del Comandante Hugo Chávez, Presidente Constitucional de Venezuela y de las Instituciones del Estado Venezolano” en recientes declaraciones.
Un punto previo: suelo declarar muy poco. Y en mis actuaciones litúrgicas evito el tema político partidista, y así lo exijo a todos los sacerdotes de la Iglesia en Caracas. Mi predicación es religiosa, y de moral tanto individual como social; no es una predicación partidista.
Ahora bien: quiero decir respetuosamente que en mis declaraciones sí he emitido opiniones, pero no he formulado “acusaciones ni denuncias”. No es mi ánimo o intención. He emitido mis opiniones amparado por los valores consagrados en nuestra Constitución, tales como la democracia, la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político, consagrados en el art. 2 de nuestra Carta Magna, y, el deber del Estado de garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
He emitido mis apreciaciones como ciudadano venezolano en pleno goce de los derechos que me otorga la Constitución, a la cual me acojo, teniendo en cuenta que, - como dice el Art. 19 - “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable… de los derechos humanos…Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Como ciudadano venezolano también reivindico, a tenor del art. 39, mi titularidad de derechos políticos de acuerdo con la Constitución, y en particular mi derecho a mi integridad física, psíquica o y moral, consagrado en el art. 46. También reivindico el derecho consagrado en el art. 60 que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen confidencialidad y reputación”
He emitido opiniones con seriedad, expuesto a equivocarme, pero no he dicho mentiras. Mentir es decir algo que uno sabe falso como si fuera verdad. Opinar es emitir una apreciación con algún margen de error. Con humildad pero con dignidad afirmo que no soy mentiroso.
He emitido opiniones acogiéndome al art. 57 de la Constitución que reza: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por lo expresado”.
Y es bueno recordar que, a tenor del art. 141 de la Constitución, la Administración Pública, se fundamenta “en los principios de honestidad, participación eficacia…rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. ¿No implica esto que en su gestión los funcionarios están sujetos al escrutinio, opinión y crítica de los ciudadanos? Yo he expresado mis opiniones en ejercicio del legítimo derecho a la crítica sobre la actuación de funcionarios en asuntos de naturaleza pública e interés colectivo.
En este marco, y en concreto, quiero decir dos cosas:
En primer lugar he opinado que el Presidente Chávez quiere llevar al país por el camino del socialismo marxista. Pues bien: no he dicho nada nuevo, pues el Presidente en varias ocasiones ha afirmado ser marxista, como lo hizo, por ejemplo en esta Asamblea el 15 de enero de 2010, y está decidido a convertir a Venezuela en un estado socialista. Opino que llevarnos por este camino implicaría dejar a un lado importantes principios consagrados en la actual Constitución.
El Estado socialista marxista es totalitario, pues copa todos los espacios, tal como sucedió en los países sometidos al régimen socialista o comunista, como los de Europa Central, la Unión Soviética en el pasado, y Cuba todavía en el presente.
En segundo lugar quiero aclarar que en ningún momento he opinado negativamente en contra -y menos he atacado- a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia o a la Fiscalía General de la Nación. Respeto todas las Instituciones del Estado y nunca me he referido a ellas de manera negativa en los medios de comunicación. Respeto igualmente y nunca he ofendido al Ciudadano Presidente de la Republica.
Mis opiniones no van en contra de las instituciones. Simplemente expreso mis apreciaciones sobre algunas actuaciones. Al opinar que algunas leyes me parecen inconstitucionales no ataco, ni desconozco, ni actúo en contra de la Asamblea, sino que me parece que esas leyes van al margen o contrarían el espíritu y en algunos casos la letra de la Constitución. Ejerzo así mi derecho a participar en la vida pública del país, en el marco del pluralismo consagrado por la Constitución, y en uso de la libertad de expresión, tan querida por todos los venezolanos. De hecho se han dado muchos casos, antes y ahora, de que personas o instituciones acudan legítimamente al Tribunal Supremo a cuestionar la constitucionalidad de algunas leyes.
Mi opinión de que algunas leyes contrarían el espíritu o el texto constitucional es sostenida también por algunas instituciones de gran prestigio, tales como la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (15 de dic. de 2009), la declaración de Decanos de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de algunas Universidades; El Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados, entre otros. Esa opinión también ha sido manifestada públicamente en la Asamblea por algunos diputados.
ALGUNAS LEYES PREOCUPANTES
En concreto, algunas leyes que me, en mi opinión, parecen estar en contradicción con la Constitución en algunos aspectos, son:
La Ley del Consejo Federal de Gobierno,
La Ley de reforma de la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del Poder Público;
La Ley Orgánica de Educación;
La Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
La Ley sobre la Organización y régimen del Distrito Capital;
La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley del Indepabis),
La Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Y el Proyecto de Ley de Comunas.
En general, esas leyes afectan el pluralismo político, fundamental para la vida democrática, pues incorporan la concepción socialista, para implantar una Patria socialista, lo cual consagra como obligatoria para todos los venezolanos una ideología, un sistema y una partidización, lo cual es ajeno al espíritu y a la letra de la Constitución, que habla de Estado social de Derecho y de Justicia, y propugna como uno de los valores fundamentales el pluralismo político. Van en una línea de centralización del poder, en contra del federalismo y la descentralización, lo cual vulnera las capacidades de acción de los venezolanos de la provincia. Todas estas leyes van en la línea de darle más poder al Gobierno central y a la Presidencia de la República, en detrimento de las capacidades y el poder del pueblo, de la gente, de las regiones, de la familia, del ciudadano, y consagran un Estado y un Gobierno cada vez más poderoso por encima de la acción e iniciativa de la gente, de los ciudadanos comunes.
CONCLUSIÓN
Ciudadana Presidenta;
Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:
Al concluir esta exposición quiero reafirmar, junto con todos los Obispos de la Iglesia Católica en Venezuela, nuestra actitud de disposición al diálogo, de servicio al pueblo venezolano, de participación en el marco de los derechos que nos otorga la Constitución, y en cumplimiento de nuestro deber como pastores del Pueblo de Dios, que vive en concreto en condiciones históricas sociales, económicas y políticas que todos hemos de procurar mejorar.
Reafirmo mi condición de Pastor de la Iglesia, a la cual sirvo en nombre de Jesucristo, con el propósito de que su “Reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz”, se haga realidad en el corazón de los venezolanos, a través de la fe en Dios, y a través de la convivencia fraterna y solidaria.
Muchas gracias
Caracas, 27 de julio de 2010
Nelson Maica
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