La Mesa de la Unidad Democrática toma posición ante la inminente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de las Comunas:
Violación a la Constitución e irrespeto a la voluntad del pueblo
En 2007 el Presidente Chávez propuso la modificación de la Carta Magna y en los artículos 16 (Conformación del Territorio Nacional), 70 (Medios de participación para la construcción del socialismo), 112 (Actividades Económicas), 136 (Sobre el Poder Público), 156 (Sobre la competencia del Poder Público Nacional), 158 (Sobre la política Nacional del estado), 167 (Sobre los ingresos de los estados), 168 (Sobre los municipios) y 184 (Sobre la transferencia de atribuciones de los municipios al poder popular) del Proyecto de Reforma pretendió introducir la figura del Poder Popular y de las comunas “células sociales del territorio”, “núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”. Desde entonces la idea de las comunas y del Estado comunal fue puesta al servicio de un modelo socialista-autoritario.
Ya los venezolanos rechazamos esa propuesta; sin embargo, el pasado martes la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de las Comunas, el cual plantea la refundación del Estado a través de la adecuación funcional del territorio, con el objeto de lograr la edificación del Estado Comunal, como nueva institucionalidad territorial que exprese el contenido político del modelo socioeconómico impuesto por el gobierno, el Socialismo.
La mencionada Ley dice promover el autogobierno de las comunas, las cuales podrían formular proyectos, elaborar y ejecutar presupuestos, administrar y gestionar las competencias y servicios que le sean asignados. Se prevé la conformación del Parlamento Comunal como máxima instancia legislativa, de planificación, coordinación y toma de decisiones de la Comuna y se propugna el desarrollo y consolidación de la propiedad social.
Todo esto representa una grave amenaza para el futuro de la democracia y para la vigencia de la Constitución en Venezuela, ante lo cual los ciudadanos deben elevar su voz de protesta. Mencionaremos los aspectos más preocupantes del Proyecto.
-La oferta del autogobierno comunal es engañosa porque las comunas se conformarán a partir de instancias del llamado poder popular dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. El proceso de constitución de las comunas estará además orientado por el Ministerio con competencia en la materia, reafirmando esa relación de dependencia.
-El Estado comunal pretende abrir espacios para el ejercicio directo de la soberanía, pero en realidad secuestra la soberanía popular, pues el voto ciudadano por los Alcaldes o Gobernadores perderá significación a medida que el Poder Ejecutivo Nacional amplía su radio de acción a través de las comunas.
-El sentido genuino de la participación ciudadana que podría canalizarse a través de los consejos comunales u otras instancias similares resulta tergiversado cuando éstos son sometidos al Poder Ejecutivo y son instrumentalizados a un proyecto ideológico determinado, negando así el pluralismo político que la participación democrática presupone.
-La Constitución de 1999 optó por el federalismo y por una democracia de la descentralización política, encarnada en los Estados y Municipios, los cuales serían desplazados por la organización y la dinámica del Estado comunal plasmado en el Proyecto de Ley, el cual, si bien no los suprime en esta primera fase, los relega a un segundo plano y los coloca a contracorriente de la fuerza política centralizadora que utilizaría a las comunas en beneficio del gobierno nacional. En este sistema de planificación centralizada la voluntad del Presidente vale más que la voluntad de los ciudadanos.
-La alianza entre la legitimación política desde las comunas y el sistema productivo socialista preconizada por el Proyecto atenta contra la libertad económica y tendería a reducir sensiblemente el ámbito de disfrute de la propiedad privada.
- El control gubernamental sobre los consejos comunales y luego sobre el proceso de creación de las comunas, así como la proliferación de la propiedad social, potenciarán los medios de intervención del Estado sobre la sociedad y recortarán los espacios de autonomía individual, todo bajo una promesa de justicia social que nunca será alcanzada en un Estado total, ya que ésta sólo puede obtenerse desde los derechos humanos y desde la libre convivencia en un Estado de Derecho.
- El socialismo autoritario que inspira la propuesta no se aviene con la garantía del pluralismo político por la Constitución ni con el sistema socioeconómico que ella contempla (arts. 2, 112 y 299).
- La previsión de comunas que dicten su carta fundacional y sus propias normas de convivencia en ámbitos como el orden público rompe con la regulación constitucional sobre la producción del Derecho y anuncia procesos anárquicos cuando no grandes frustraciones.
-Se viola además flagrantemente la Constitución al promover la refundación, mediante ley, del Estado, proceso que sólo podría adelantarse a través de una Constituyente y respetando los límites que la democracia impone.
Exhortación de la Unidad Democrática
Los peligros derivados de este Proyecto de Ley deben ser denunciados por la sociedad democrática, pues está en juego su preservación. Es preciso reivindicar los verdaderos medios constitucionales de participación ciudadana, que articulan la autonomía y las competencias de los Estados y Municipios con los espacios de actuación y control de la comunidad organizada (como el art. 184 de la Constitución).
Hacemos un llamado a todas las comunidades para que defiendan la autonomía de sus municipios y estados. Es necesario demostrar que sí es posible fortalecer la participación ciudadana sin menoscabar los principios democráticos y constitucionales. De la mano de estos mismos mecanismos hay que enfrentar firme y pacíficamente estos intentos de erosionar la institucionalidad democrática y de secuestrar la soberanía popular.
Violación a la Constitución e irrespeto a la voluntad del pueblo
En 2007 el Presidente Chávez propuso la modificación de la Carta Magna y en los artículos 16 (Conformación del Territorio Nacional), 70 (Medios de participación para la construcción del socialismo), 112 (Actividades Económicas), 136 (Sobre el Poder Público), 156 (Sobre la competencia del Poder Público Nacional), 158 (Sobre la política Nacional del estado), 167 (Sobre los ingresos de los estados), 168 (Sobre los municipios) y 184 (Sobre la transferencia de atribuciones de los municipios al poder popular) del Proyecto de Reforma pretendió introducir la figura del Poder Popular y de las comunas “células sociales del territorio”, “núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”. Desde entonces la idea de las comunas y del Estado comunal fue puesta al servicio de un modelo socialista-autoritario.
Ya los venezolanos rechazamos esa propuesta; sin embargo, el pasado martes la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de las Comunas, el cual plantea la refundación del Estado a través de la adecuación funcional del territorio, con el objeto de lograr la edificación del Estado Comunal, como nueva institucionalidad territorial que exprese el contenido político del modelo socioeconómico impuesto por el gobierno, el Socialismo.La mencionada Ley dice promover el autogobierno de las comunas, las cuales podrían formular proyectos, elaborar y ejecutar presupuestos, administrar y gestionar las competencias y servicios que le sean asignados. Se prevé la conformación del Parlamento Comunal como máxima instancia legislativa, de planificación, coordinación y toma de decisiones de la Comuna y se propugna el desarrollo y consolidación de la propiedad social.
Todo esto representa una grave amenaza para el futuro de la democracia y para la vigencia de la Constitución en Venezuela, ante lo cual los ciudadanos deben elevar su voz de protesta. Mencionaremos los aspectos más preocupantes del Proyecto.
-La oferta del autogobierno comunal es engañosa porque las comunas se conformarán a partir de instancias del llamado poder popular dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. El proceso de constitución de las comunas estará además orientado por el Ministerio con competencia en la materia, reafirmando esa relación de dependencia.
-El Estado comunal pretende abrir espacios para el ejercicio directo de la soberanía, pero en realidad secuestra la soberanía popular, pues el voto ciudadano por los Alcaldes o Gobernadores perderá significación a medida que el Poder Ejecutivo Nacional amplía su radio de acción a través de las comunas.
-El sentido genuino de la participación ciudadana que podría canalizarse a través de los consejos comunales u otras instancias similares resulta tergiversado cuando éstos son sometidos al Poder Ejecutivo y son instrumentalizados a un proyecto ideológico determinado, negando así el pluralismo político que la participación democrática presupone.
-La Constitución de 1999 optó por el federalismo y por una democracia de la descentralización política, encarnada en los Estados y Municipios, los cuales serían desplazados por la organización y la dinámica del Estado comunal plasmado en el Proyecto de Ley, el cual, si bien no los suprime en esta primera fase, los relega a un segundo plano y los coloca a contracorriente de la fuerza política centralizadora que utilizaría a las comunas en beneficio del gobierno nacional. En este sistema de planificación centralizada la voluntad del Presidente vale más que la voluntad de los ciudadanos.
-La alianza entre la legitimación política desde las comunas y el sistema productivo socialista preconizada por el Proyecto atenta contra la libertad económica y tendería a reducir sensiblemente el ámbito de disfrute de la propiedad privada.
- El control gubernamental sobre los consejos comunales y luego sobre el proceso de creación de las comunas, así como la proliferación de la propiedad social, potenciarán los medios de intervención del Estado sobre la sociedad y recortarán los espacios de autonomía individual, todo bajo una promesa de justicia social que nunca será alcanzada en un Estado total, ya que ésta sólo puede obtenerse desde los derechos humanos y desde la libre convivencia en un Estado de Derecho.
- El socialismo autoritario que inspira la propuesta no se aviene con la garantía del pluralismo político por la Constitución ni con el sistema socioeconómico que ella contempla (arts. 2, 112 y 299).
- La previsión de comunas que dicten su carta fundacional y sus propias normas de convivencia en ámbitos como el orden público rompe con la regulación constitucional sobre la producción del Derecho y anuncia procesos anárquicos cuando no grandes frustraciones.
-Se viola además flagrantemente la Constitución al promover la refundación, mediante ley, del Estado, proceso que sólo podría adelantarse a través de una Constituyente y respetando los límites que la democracia impone.
Exhortación de la Unidad Democrática
Los peligros derivados de este Proyecto de Ley deben ser denunciados por la sociedad democrática, pues está en juego su preservación. Es preciso reivindicar los verdaderos medios constitucionales de participación ciudadana, que articulan la autonomía y las competencias de los Estados y Municipios con los espacios de actuación y control de la comunidad organizada (como el art. 184 de la Constitución).
Hacemos un llamado a todas las comunidades para que defiendan la autonomía de sus municipios y estados. Es necesario demostrar que sí es posible fortalecer la participación ciudadana sin menoscabar los principios democráticos y constitucionales. De la mano de estos mismos mecanismos hay que enfrentar firme y pacíficamente estos intentos de erosionar la institucionalidad democrática y de secuestrar la soberanía popular.
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