Este 1° de mayo vuelve a encontrar a los trabajadores de Venezuela sin nada qué celebrar.
El Gobierno de Hugo Chávez, que ha basado su sempiterna promesa electoral en la defensa del trabajador y de los pobres, tampoco tiene nada de qué vanagloriarse. Por el contrario, si algún tipo de apego moral le quedase, debería mostrar su vergüenza por el fracaso en darle calidad de vida a la clase trabajadora venezolana, y por haberla sumido en un estado de indefensión ciudadana.
El Gobierno de Hugo Chávez, que ha basado su sempiterna promesa electoral en la defensa del trabajador y de los pobres, tampoco tiene nada de qué vanagloriarse. Por el contrario, si algún tipo de apego moral le quedase, debería mostrar su vergüenza por el fracaso en darle calidad de vida a la clase trabajadora venezolana, y por haberla sumido en un estado de indefensión ciudadana.
El modelo político impuesto en estos 11 años en el país, no sólo ha arrastrado al sector productivo, público y privado, sino que se ha llevado consigo la mayor parte de las reivindicaciones laborales alcanzadas en la mitad del siglo XX.Una de las primeras tareas que el Gobierno emprendió en 1999, fue desconocer al sector sindical legítimamente electo que existía para entonces y dejar de lado la relación tripartita, que permitía la concertación entre Gobierno, el sector empleador y los trabajadores.
En su defecto, promovió la creación de un sindicalismo paralelo, el cual ha venido poniendo servilmente en las manos del Gobierno a todo tipo de empresas para que éste las expropie, estatice o nacionalice, usando como carnada supuestos reclamos laborales.
Hoy, la mayoría de los trabajadores que están agrupados en estos sindicatos emergentes son una masa amorfa sujeta a capricho de los intereses del proceso que impone el comandante en jefe, obligada a uniformarse de rojo, a asistir obligatoriamente a maratónicos discursos, y a aplaudir el verbo agresivo y excluyente del Presidente.
Este 2010, no hay nada por qué festejar y si mucho qué reclamar a los gobernantes y representantes de los poderes públicos.
Los trabajadores deben exigir, por ejemplo, que se detenga la política expropiatoria y que se fomente la inversión y la generación de fuentes de trabajo.
Deben demandar que se respete el derecho al trabajo. Que le dé al ingente número de ciudadanos que están desempleados, subempleados o en la economía informal en estado de precarización, la posibilidad de acceder a un trabajo digno, estable, responsablemente remunerado y que le procure bienestar, calidad de vida y seguridad social.
Deben emplazar a sus gobernantes a que se deje de politizar el derecho al trabajo; que cese el apartheid laboral que ha segregado a miles de venezolanos por sus opiniones y preferencias políticas o ideológicas.
Debe instar a que se les garantice su derecho a manifestar y de huelga. Que se respete el fuero sindical y el derecho de sindicalizarse libremente. Que se discuta sin amedrentamiento las convenciones colectivas vencidas, que se cumpla con las vigentes, y que no reviertan los beneficios laborales adquiridos.
Deben exigir que se legislen las leyes del Trabajo y de Seguridad Social por largos años demoradas en la Asamblea Nacional.
Y sobre todo, se debe demandar que se le respete el derecho a vivir en libertad y en democracia.
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