En todas las experiencias históricas de construcción del denominado “socialismo real”, léase Unión Soviética, China y Cuba comunista, entre las más relevantes, el autoritarismo y la intolerancia consustancial a éste, no sólo se expresó en el campo político con la eliminación de toda forma de disidencia, sino también en el campo económico.
Y la razón radica en que es imposible acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución, intervenir todos los espacios de la actividad económica, implantar una economía dirigida desde el poder central, establecer controles de precios, producción y consumo, sin violentar principios y derechos humanos como el de propiedad y de libertad económica que pasan a ser satanizados como “principios y derechos burgueses” que no son “sagrados” por cuanto son fuente de explotación e injusticia social. Detrás de esta postura ideológica se esconde la convicción en quienes impulsan estos procesos revolucionarios en que la mejor forma de acabar con la libertad individual y política es acabando con el derecho de propiedad y la libertad económica.
Este hecho fue reconocido abiertamente por León Trotsky, uno de los principales y más talentoso líderes de la revolución rusa, quien en 1937, en abierta oposición al régimen totalitario implantado por Stalin, sentenció: “En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio “el que no trabaje no comerá” ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá (cita tomada de Camino de servidumbre, F. Hayek, Pág. 157).
El fundamento político es claro: el control por parte del gobierno revolucionario de la vida económica es un componente clave para someter a toda la sociedad y la consecución de ese objetivo debe ser impuesto aun al precio de violar el marco legal e institucional existente. El “Socialismo del Siglo XXI” que impulsa el presidente Chávez está reproduciendo el modelo de ejercicio autoritario del poder en el que deliberadamente se excluye el diálogo y la construcción de consenso con los distintos sectores sociales que participan en la dinámica económica. La construcción de una economía socialista inspirada en el marxismo-leninismo y en el modelo cubano no se discute democráticamente, sencillamente se impone.
El autoritarismo económico del “Socialismo del Siglo XXI”
La decisión anunciada por el gobierno de ejecutar una expropiación forzosa de la Zona Industrial I de Barquisimeto, donde se encuentran ubicados, entre otros galpones, los de la empresa Polar, y la reciente detención en Caracas de un numeroso grupo de pequeños comerciantes de carne de res, acusados de cometer el delito de especulación, se enmarca en una política de autoritarismo económico donde las decisiones del gobierno en materia económica se imponen discrecionalmente excluyendo todo tipo de consulta, debate y negociación efectiva con los empresarios, trabajadores y consumidores que serían afectados por las decisiones y acciones impuestas por el gobierno.
Desde el año 2001, cuando mediante una Ley Habilitante se aprobaron 49 leyes excluyendo la consulta y participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los empresarios y los trabajadores, posteriormente, la sanción también vía habilitante de 26 leyes en Agosto de 2008; pasando por la derrotada pretensión de modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2D de 2007), en la cual se planteaba la construcción de un Estado y una economía socialista, minimizando la propiedad privada; el desarrollo de una política económica centrada en controles de precios con carácter permanente (tipo de cambio, bienes y servicios, etc.), los cuales generan un conjunto de distorsiones en el funcionamiento de la economía resaltando el rezago acentuado en el ajuste de precios en medio de una inflación persistente; el establecimiento de un conjunto de restricciones para importar y la reservación prácticamente exclusiva al gobierno de algunos rubros, especialmente de alimentos; el sistemático desconocimiento de la libertad sindical y del derecho de contratación colectiva de los trabajadores; y las continuas y crecientes acciones de confiscación y/o expropiación de tierras productivas y de empresas operativas en distintos sectores de la economía, hasta la aplicación reciente de medidas privativa de la libertad de ciudadanos dedicados al comercio; evidencian clara e inequívocamente un régimen de autoritarismo económico abiertamente contrario a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, leyes, y tratados internacionales suscritos por la República de Venezuela.
Todo lo anterior confirma que la naturaleza política-ideológica del “Socialismo del Siglo XXI” inexorablemente está acompañada de un ejercicio autoritario y despótico del poder no sólo en el campo político-institucional sino también en el campo económico. ¿Será que el socialismo bolivariano está asumiendo la sentencia crudamente expuesta por Trotsky según la cual: quien no obedezca no comerá? Lo cierto es que a la luz de la experiencia histórica el resultado previsible de estos regímenes es la destrucción progresiva de la economía y de las fuentes de generación de riqueza, el aumento sostenido de la pobreza y la pérdida de la libertad. Cambiar este rumbo es el desafió que tenemos hoy todos los venezolanos amantes de la vida, la libertad, la paz, la democracia, el progreso, y la justicia social
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES ASAMBLEA NACIONAL, UNIDAD ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
Y la razón radica en que es imposible acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución, intervenir todos los espacios de la actividad económica, implantar una economía dirigida desde el poder central, establecer controles de precios, producción y consumo, sin violentar principios y derechos humanos como el de propiedad y de libertad económica que pasan a ser satanizados como “principios y derechos burgueses” que no son “sagrados” por cuanto son fuente de explotación e injusticia social. Detrás de esta postura ideológica se esconde la convicción en quienes impulsan estos procesos revolucionarios en que la mejor forma de acabar con la libertad individual y política es acabando con el derecho de propiedad y la libertad económica.Este hecho fue reconocido abiertamente por León Trotsky, uno de los principales y más talentoso líderes de la revolución rusa, quien en 1937, en abierta oposición al régimen totalitario implantado por Stalin, sentenció: “En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio “el que no trabaje no comerá” ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá (cita tomada de Camino de servidumbre, F. Hayek, Pág. 157).
El fundamento político es claro: el control por parte del gobierno revolucionario de la vida económica es un componente clave para someter a toda la sociedad y la consecución de ese objetivo debe ser impuesto aun al precio de violar el marco legal e institucional existente. El “Socialismo del Siglo XXI” que impulsa el presidente Chávez está reproduciendo el modelo de ejercicio autoritario del poder en el que deliberadamente se excluye el diálogo y la construcción de consenso con los distintos sectores sociales que participan en la dinámica económica. La construcción de una economía socialista inspirada en el marxismo-leninismo y en el modelo cubano no se discute democráticamente, sencillamente se impone.
El autoritarismo económico del “Socialismo del Siglo XXI”
La decisión anunciada por el gobierno de ejecutar una expropiación forzosa de la Zona Industrial I de Barquisimeto, donde se encuentran ubicados, entre otros galpones, los de la empresa Polar, y la reciente detención en Caracas de un numeroso grupo de pequeños comerciantes de carne de res, acusados de cometer el delito de especulación, se enmarca en una política de autoritarismo económico donde las decisiones del gobierno en materia económica se imponen discrecionalmente excluyendo todo tipo de consulta, debate y negociación efectiva con los empresarios, trabajadores y consumidores que serían afectados por las decisiones y acciones impuestas por el gobierno.
Desde el año 2001, cuando mediante una Ley Habilitante se aprobaron 49 leyes excluyendo la consulta y participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los empresarios y los trabajadores, posteriormente, la sanción también vía habilitante de 26 leyes en Agosto de 2008; pasando por la derrotada pretensión de modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2D de 2007), en la cual se planteaba la construcción de un Estado y una economía socialista, minimizando la propiedad privada; el desarrollo de una política económica centrada en controles de precios con carácter permanente (tipo de cambio, bienes y servicios, etc.), los cuales generan un conjunto de distorsiones en el funcionamiento de la economía resaltando el rezago acentuado en el ajuste de precios en medio de una inflación persistente; el establecimiento de un conjunto de restricciones para importar y la reservación prácticamente exclusiva al gobierno de algunos rubros, especialmente de alimentos; el sistemático desconocimiento de la libertad sindical y del derecho de contratación colectiva de los trabajadores; y las continuas y crecientes acciones de confiscación y/o expropiación de tierras productivas y de empresas operativas en distintos sectores de la economía, hasta la aplicación reciente de medidas privativa de la libertad de ciudadanos dedicados al comercio; evidencian clara e inequívocamente un régimen de autoritarismo económico abiertamente contrario a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, leyes, y tratados internacionales suscritos por la República de Venezuela.
Todo lo anterior confirma que la naturaleza política-ideológica del “Socialismo del Siglo XXI” inexorablemente está acompañada de un ejercicio autoritario y despótico del poder no sólo en el campo político-institucional sino también en el campo económico. ¿Será que el socialismo bolivariano está asumiendo la sentencia crudamente expuesta por Trotsky según la cual: quien no obedezca no comerá? Lo cierto es que a la luz de la experiencia histórica el resultado previsible de estos regímenes es la destrucción progresiva de la economía y de las fuentes de generación de riqueza, el aumento sostenido de la pobreza y la pérdida de la libertad. Cambiar este rumbo es el desafió que tenemos hoy todos los venezolanos amantes de la vida, la libertad, la paz, la democracia, el progreso, y la justicia social
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