La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, rechazó la persecución política iniciada contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.
UnoAmérica afirma que la expatriación de Zelaya era indispensable y obligatoria, para evitar un baño de sangre y para proteger al país de los planes de invasión de Chávez.
General Romeo Vásquez Velásquez
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras
Bogotá, 7 de enero.-
General Romeo Vásquez VelásquezJefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras
Bogotá, 7 de enero.-
La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, rechazó la persecución política iniciada contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Según una nota publicada hoy en El Heraldo, “El Ministerio Público (MP) interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal en contra de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas por expatriar al ex presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.”
UnoAmérica afirma que la expatriación de Zelaya era indispensable y obligatoria, para evitar un baño de sangre y para proteger al país de los planes de invasión de Chávez.
Dado que Chávez era el autor intelectual de la “cuarta urna”, él conocía perfectamente las
implicaciones de esa iniciativa, abiertamente ilegal e inconstitucional. Todas las instituciones nacionales habían rechazado públicamente la legalidad de la “cuarta urna”. Era evidente que Zelaya podía terminar en la cárcel; en cuyo caso, Chávez tenía preparada una invasión con grupos paramilitares armados, a fin de “rescatar” a Zelaya y reponerlo en el poder, para lo cual se necesitaba la presencia del ex mandatario en territorio hondureño. La sorpresiva captura y
expatriación inmediata de Zelaya malogró los planes intervencionistas de Chávez.
Según una nota publicada hoy en El Heraldo, “El Ministerio Público (MP) interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal en contra de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas por expatriar al ex presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.”
UnoAmérica afirma que la expatriación de Zelaya era indispensable y obligatoria, para evitar un baño de sangre y para proteger al país de los planes de invasión de Chávez.
Dado que Chávez era el autor intelectual de la “cuarta urna”, él conocía perfectamente las
implicaciones de esa iniciativa, abiertamente ilegal e inconstitucional. Todas las instituciones nacionales habían rechazado públicamente la legalidad de la “cuarta urna”. Era evidente que Zelaya podía terminar en la cárcel; en cuyo caso, Chávez tenía preparada una invasión con grupos paramilitares armados, a fin de “rescatar” a Zelaya y reponerlo en el poder, para lo cual se necesitaba la presencia del ex mandatario en territorio hondureño. La sorpresiva captura y
expatriación inmediata de Zelaya malogró los planes intervencionistas de Chávez.
Ese mismo día, el 28 junio, molesto y desconcertado por lo ocurrido con Zelaya, Chávez hizo lo posible por reformular su plan violento; y así lo confesó abiertamente, al amenazar públicamente a Honduras, con enviar tropas para derrocar al gobierno de Roberto Micheletti.
El 5 de julio de 2009, Chávez envió a Zelaya al Aeropuerto de Toncontín en un avión venezolano, piloteado por militares venezolanos. Ese día, Chávez estuvo en contacto permanente con los manifestantes cercanos al aeropuerto. De haberse materializado el aterrizaje, se habría desatado
la violencia. Afortunadamente, el profesionalismo y la prudencia de las Fuerzas Armadas impidieron una masacre.
A finales de julio de 2009, Chávez quiso organizar una invasión paramilitar a través de la
frontera nicaragüense, con el apoyo de Daniel Ortega. La invasión estaría encabezada por Manuel Zelaya, acompañado por el canciller venezolano, Nicolás Maduro.
En esa oportunidad, mercenarios armados provenientes de Colombia y de otros países, viajaron hasta los campamentos fronterizos para reforzar la invasión. Chávez quiso integrar militares venezolanos a la iniciativa guerrerista, pero éstos se negaron a viajar a Nicaragua, lo cual ocasionó varias detenciones por insubordinación. Una vez más, las Fuerzas Armadas de Honduras desactivaron el plan violento de Chávez.
El 1 de septiembre de 2009, UnoAmérica acusó a Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "hacer apología al delito de rebelión y por promover la guerra en Honduras".
El 21 de septiembre, siempre con el apoyo de Chávez, Zelaya regresó subrepticiamente a Honduras, y trató de instigar de nuevo a la violencia, esta vez desde la Embajada del Brasil; pero los militares hondureños habían tenido suficiente tiempo -tres meses- para desmantelar el proyecto intervencionista de Chávez. A partir de ese momento, la presencia de Zelaya en el país ya no constituía un peligro.
No se puede acusar a los militares hondureños sin tomar en cuenta estos importantísimos asuntos de seguridad de Estado. De no haberse expatriado a Zelaya el 28 de junio de 2009, en menos de 24 horas Chávez habría invadido Honduras con grupos paramilitares, para reponer a
Zelaya en la Presidencia, y los hondureños estarían hoy librando una guerra, en lugar de disfrutar la estabilidad y la paz de una democracia plena.
Aunque en el futuro los militares hondureños puedan ser amnistiados, la acusación presentada ayer por el Ministerio Público constituye un muy mal precedente, porque será utilizada por el Foro de Sao Paulo para fundamentar sus acciones ante la Corte Penal Internacional, donde la amnistía no los protegerá.
UnoAmérica considera que, lejos de acusar injustamente a los militares, las instituciones hondureñas deberían estar discutiendo cómo premiarlos, por haber defendido con tanta determinación y con tanta lealtad la democracia y las libertades.
ENVIADO A NUESTROS CORREOS RECOMENDANDO PUBLICACION
ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO,POLÍTICA, INTERNACIONAL,
El 5 de julio de 2009, Chávez envió a Zelaya al Aeropuerto de Toncontín en un avión venezolano, piloteado por militares venezolanos. Ese día, Chávez estuvo en contacto permanente con los manifestantes cercanos al aeropuerto. De haberse materializado el aterrizaje, se habría desatado
la violencia. Afortunadamente, el profesionalismo y la prudencia de las Fuerzas Armadas impidieron una masacre.
A finales de julio de 2009, Chávez quiso organizar una invasión paramilitar a través de la
frontera nicaragüense, con el apoyo de Daniel Ortega. La invasión estaría encabezada por Manuel Zelaya, acompañado por el canciller venezolano, Nicolás Maduro.
En esa oportunidad, mercenarios armados provenientes de Colombia y de otros países, viajaron hasta los campamentos fronterizos para reforzar la invasión. Chávez quiso integrar militares venezolanos a la iniciativa guerrerista, pero éstos se negaron a viajar a Nicaragua, lo cual ocasionó varias detenciones por insubordinación. Una vez más, las Fuerzas Armadas de Honduras desactivaron el plan violento de Chávez.
El 1 de septiembre de 2009, UnoAmérica acusó a Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "hacer apología al delito de rebelión y por promover la guerra en Honduras".
El 21 de septiembre, siempre con el apoyo de Chávez, Zelaya regresó subrepticiamente a Honduras, y trató de instigar de nuevo a la violencia, esta vez desde la Embajada del Brasil; pero los militares hondureños habían tenido suficiente tiempo -tres meses- para desmantelar el proyecto intervencionista de Chávez. A partir de ese momento, la presencia de Zelaya en el país ya no constituía un peligro.
No se puede acusar a los militares hondureños sin tomar en cuenta estos importantísimos asuntos de seguridad de Estado. De no haberse expatriado a Zelaya el 28 de junio de 2009, en menos de 24 horas Chávez habría invadido Honduras con grupos paramilitares, para reponer a
Zelaya en la Presidencia, y los hondureños estarían hoy librando una guerra, en lugar de disfrutar la estabilidad y la paz de una democracia plena.
Aunque en el futuro los militares hondureños puedan ser amnistiados, la acusación presentada ayer por el Ministerio Público constituye un muy mal precedente, porque será utilizada por el Foro de Sao Paulo para fundamentar sus acciones ante la Corte Penal Internacional, donde la amnistía no los protegerá.
UnoAmérica considera que, lejos de acusar injustamente a los militares, las instituciones hondureñas deberían estar discutiendo cómo premiarlos, por haber defendido con tanta determinación y con tanta lealtad la democracia y las libertades.
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