Un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos halló que la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras fue legal y apegada a la Constitución. El informe, divulgado por el congresista republicano Aaron Schock, sin embargo también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional.
"En resumen, uno de los fundamentos de la comunidad mundial es el respeto a las leyes internacionales", dijo Schock en un comunicado. "El Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera".
Schock recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, reanudar las visas de funcionarios hondureños, cooperar con el gobierno hondureño al enviar observadores para las elecciones de noviembre, y reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial.
Debido a que el informe también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional, Schock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución.
Schock sostiene que como ciudadano privado, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.
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Schock sostiene que como ciudadano privado, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.
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