CARTA DE FENASOPADRES, LA ORGANIZACIÓN QUE REÚNE A SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES DE TODO EL PAÍS, A LA ASAMBLEA NACIONAL ANTE LA INCONSTITUCIONAL LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN RECIENTEMENTE APROBADA
SEGUIMOS EN LA ESCUELA Y EN LA CALLE.
Ciudadana
Presidenta y demás miembros
Asamblea Nacional
Honorables diputados
Interpretamos el sentir de millones de ciudadanos preocupados, cuyo criterio se ha manifestado en centenares de asambleas y reuniones realizadas en todo el país. La LOE amenaza a los venezolanos sin distinción, y de manera inminente a estudiantes, docentes, trabajadores de la educación, padres, representantes, y comunidades en las que la escuela y el maestro ejercen el liderazgo que con angustia pedía el insigne educador Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Los problemas relacionados con esta ley pueden agruparse en tres bloques que ahogan incluso algunos aspectos positivos puntuales que aparecen en su normativa. El primero es la violación masiva de la Constitución; el segundo la peligrosa discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo en áreas que deberían estar estrictamente sujetas a la ley y el tercero la quiebra del pluralismo educativo en aras de un modelo único, acrítico y dogmático.
La ley revierte conquistas del movimiento democrático venezolano y latinoamericano, como la descentralización y la autonomía universitaria, y niega derechos sociales de la mayor entidad, que se han ejercido pacíficamente a lo largo del tiempo, todo lo cual tiene rango constitucional. La Autonomía universitaria fue dictada en 1958 por el ilustre presidente Edgar Sanabria y fue una consecuencia directa del derrocamiento de una dictadura militar oscurantista y represiva. Las raíces lejanas de la autonomía se sitúan en la histórica Reforma Universitaria de Córdoba en 1918. La ley aprobada conspira contra las universidades autónomas al cuestionar su carácter de instituciones del Estado, cuando reserva al gobierno central la formación de los docentes y la decisión sobre carreras que a su juicio tengan importancia estratégica, y cuando le impone a nuestras máximas casas de estudio un sistema electoral, por lo demás falsamente democrático porque enerva a los protagonistas del hecho educativo, tales los integrantes de la comunidad universitaria. Este criterio lo extiende a las unidades educativas en todos sus niveles, cuya supervisión no quedará, como corresponde, a las comunidades educativas sino a los consejos comunales.
Al desconocer el derecho preferente de la familia a decidir el tipo de educación que recibirán sus hijos, la ley infringe el artículo 26,3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Venezuela. Empobrece la calidad de la enseñanza el sistema propuesto para ingreso a la carrera docente, el ascenso y la prosecución, que ya no estarán condicionados al mérito profesional sino a criterios ideológicos y a tutelas no académicas emanadas de los consejos comunales. La ley elimina los centros de estudiantes y con ello le pone fin al principio de la libre asociación. Incluso un derecho de tanta raigambre como el de huelga es eliminado. Su procedencia quedará a discreción de las autoridades. Grave y antidemocrática es la doctrina del “nuevo republicano”, que erradica el pluralismo, la libertad de cátedra, y la relación de los educandos con todas las corrientes del pensamiento, de manera que puedan decidir libremente por sí y sobre sí. La ley asume el socialismo como verdad final. Las demás fuentes del saber serán extirpadas. Para captar el sentido de esta oferta legal, hay que colocarla en el contexto del nuevo modelo de producción recogido en el Plan de Desarrollo Económico y Social (2007-2013) que sus propios autores llaman Primer Plan Socialista. Se establece en él como norte de la educación la nueva ética socialista. Una curiosa ética que, entre muchos otros impactos negativos, se las ingenia, por ejemplo, para asociar laicidad con discriminación contra las escuelas privadas y religiosas, que discrecionalmente podrán ser clausuradas. El subsidio a las escuelas privadas deviene, según la ley, mecanismo de coerción, como se aprecia en el caso de Fe y Alegría, institución cuyo beneficio para los sectores de más bajos ingresos es universalmente reconocido.
Con el fin de asumir la ideologización de la educación, se citan palabras de Simón Rodríguez: para tener República necesitamos formar republicanos. Y por lo tanto: para tener socialismo debemos formar socialistas. Olvidan que el republicano del maestro del Libertador era hijo del siglo de las luces, de la democracia, el pluralismo ideológico y el libre juego de ideas. ¡Toda educación es ideologizada!, suelen recordarnos. Pero hay ideologías e ideologías. Hay pluralismo y hay verdad única.
Les solicitamos respetuosamente, distinguidos compatriotas, que reflexionen desprejuiciadamente sobre las críticas que se han levantado desde la disidencia y desde el propio universo oficialista. Por sobre cualquier diferencia política o teórica, ustedes y nosotros estamos obligados a dialogar sobre materias de tanta trascendencia como la educativa. Venezuela nos lo demanda.
SEGUIMOS EN LA ESCUELA Y EN LA CALLE.
Ciudadana
Presidenta y demás miembros
Asamblea Nacional
Honorables diputados
Interpretamos el sentir de millones de ciudadanos preocupados, cuyo criterio se ha manifestado en centenares de asambleas y reuniones realizadas en todo el país. La LOE amenaza a los venezolanos sin distinción, y de manera inminente a estudiantes, docentes, trabajadores de la educación, padres, representantes, y comunidades en las que la escuela y el maestro ejercen el liderazgo que con angustia pedía el insigne educador Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Los problemas relacionados con esta ley pueden agruparse en tres bloques que ahogan incluso algunos aspectos positivos puntuales que aparecen en su normativa. El primero es la violación masiva de la Constitución; el segundo la peligrosa discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo en áreas que deberían estar estrictamente sujetas a la ley y el tercero la quiebra del pluralismo educativo en aras de un modelo único, acrítico y dogmático.La ley revierte conquistas del movimiento democrático venezolano y latinoamericano, como la descentralización y la autonomía universitaria, y niega derechos sociales de la mayor entidad, que se han ejercido pacíficamente a lo largo del tiempo, todo lo cual tiene rango constitucional. La Autonomía universitaria fue dictada en 1958 por el ilustre presidente Edgar Sanabria y fue una consecuencia directa del derrocamiento de una dictadura militar oscurantista y represiva. Las raíces lejanas de la autonomía se sitúan en la histórica Reforma Universitaria de Córdoba en 1918. La ley aprobada conspira contra las universidades autónomas al cuestionar su carácter de instituciones del Estado, cuando reserva al gobierno central la formación de los docentes y la decisión sobre carreras que a su juicio tengan importancia estratégica, y cuando le impone a nuestras máximas casas de estudio un sistema electoral, por lo demás falsamente democrático porque enerva a los protagonistas del hecho educativo, tales los integrantes de la comunidad universitaria. Este criterio lo extiende a las unidades educativas en todos sus niveles, cuya supervisión no quedará, como corresponde, a las comunidades educativas sino a los consejos comunales.
Al desconocer el derecho preferente de la familia a decidir el tipo de educación que recibirán sus hijos, la ley infringe el artículo 26,3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Venezuela. Empobrece la calidad de la enseñanza el sistema propuesto para ingreso a la carrera docente, el ascenso y la prosecución, que ya no estarán condicionados al mérito profesional sino a criterios ideológicos y a tutelas no académicas emanadas de los consejos comunales. La ley elimina los centros de estudiantes y con ello le pone fin al principio de la libre asociación. Incluso un derecho de tanta raigambre como el de huelga es eliminado. Su procedencia quedará a discreción de las autoridades. Grave y antidemocrática es la doctrina del “nuevo republicano”, que erradica el pluralismo, la libertad de cátedra, y la relación de los educandos con todas las corrientes del pensamiento, de manera que puedan decidir libremente por sí y sobre sí. La ley asume el socialismo como verdad final. Las demás fuentes del saber serán extirpadas. Para captar el sentido de esta oferta legal, hay que colocarla en el contexto del nuevo modelo de producción recogido en el Plan de Desarrollo Económico y Social (2007-2013) que sus propios autores llaman Primer Plan Socialista. Se establece en él como norte de la educación la nueva ética socialista. Una curiosa ética que, entre muchos otros impactos negativos, se las ingenia, por ejemplo, para asociar laicidad con discriminación contra las escuelas privadas y religiosas, que discrecionalmente podrán ser clausuradas. El subsidio a las escuelas privadas deviene, según la ley, mecanismo de coerción, como se aprecia en el caso de Fe y Alegría, institución cuyo beneficio para los sectores de más bajos ingresos es universalmente reconocido.
Con el fin de asumir la ideologización de la educación, se citan palabras de Simón Rodríguez: para tener República necesitamos formar republicanos. Y por lo tanto: para tener socialismo debemos formar socialistas. Olvidan que el republicano del maestro del Libertador era hijo del siglo de las luces, de la democracia, el pluralismo ideológico y el libre juego de ideas. ¡Toda educación es ideologizada!, suelen recordarnos. Pero hay ideologías e ideologías. Hay pluralismo y hay verdad única.Les solicitamos respetuosamente, distinguidos compatriotas, que reflexionen desprejuiciadamente sobre las críticas que se han levantado desde la disidencia y desde el propio universo oficialista. Por sobre cualquier diferencia política o teórica, ustedes y nosotros estamos obligados a dialogar sobre materias de tanta trascendencia como la educativa. Venezuela nos lo demanda.
Caracas, 21 agosto 2009
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