La crisis que se desató hace varias semanas con el caso de Honduras, puso sobre el tapete varios temas relevantes de discusión para toda Latinoamérica, pero el debate que se está generando con motivo del tema de las bases militares que operarían EEUU en Colombia, ha encendido la alerta amarilla, y no pocos auguran que en menos que canta un gallo sonará la roja. Como siempre, el gobierno de Venezuela es parte central de la polémica desde cualquier perspectiva que se analicen ambas crisis.
En efecto, con el caso de Honduras salieron a flote con fuerza al menos dos temas muy importantes: el rol de la OEA en el continente y el perfil que deben tener las democracias para ser tales. Respecto a lo primero, la pregunta que ha quedado en el aire es la siguiente: ¿es la OEA una organización de Estados o es sólo un club de presidentes alcahuetas que andan permanentemente poniendo sus barbas en remojo? Esta pregunta se agrava con el tratamiento disímil que se la ha dado a casos parecidos, más el comportamiento errático del Secretario General en momentos explosivos, todo lo cual ha puesto un gran signo de interrogación sobre la eficacia de la OEA como foro político interamericano.
El segundo punto es más de fondo y en él se presentan dos visiones distintas sobre lo que es un gobierno democrático. La primera de ellas es minimalista, ya que basta con que exista certificado de origen electoral para que se considere a un gobierno legítimo y democrático. Bajo esta visión, presidentes como Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, y por supuesto el cowboy Zelaya, han logrado o al menos intentan, acabar con la independencia de los Poderes Públicos, cerrar medios de comunicación, reprimir a la disidencia, minimizar la propiedad privada, etc., sin perder su credencial de "demócratas". Todo esto lo hacen por supuesto usando la receta patentada por Chávez con asesoría de los Castro: constituyente, secuestro institucional, expansión del poder comunicacional, presentarse como enfrentado al imperio y la oligarquía y siempre huir hacia adelante en los conflictos.
Contrapuesta a esa visión está la tesis de quienes pensamos que la democracia es algo más complejo que eso, y que cualquier gobierno que pretenda mantenerse sin división real de poderes, plena libertad de expresión, tolerancia a la disidencia y respeto a las minorías, por ejemplo, debe rendir cuentas y ser frenado antes de que se consoliden regímenes totalitarios.
Resolver esta disyuntiva a favor de la segunda perspectiva es tarea fundamentalísima de los demócratas del continente. Ganar o perder esta batalla significa nada más y nada menos que el mundo avale o no las patentes de corso con que hasta hoy cuentan los neodictadores latinoamericanos aquí nombrados.
Con esta antesala llegamos ahora si al tema de las bases militares de EEUU en Colombia. Comienzo a teclear estas líneas apenas termina la transmisión del acto de rotación de la presidencia pro tempore de Unasur de manos de Chile a Ecuador, la cual fue magistralmente aprovechada por Chávez y Correa para poner las cosas en su terreno, valiéndose de la ausencia de Uribe y Alan García. Afortunadamente, la ponderación de Lula y una inusualmente feliz intervención de la presidenta de Argentina, pusieron las cosas en su lugar y difirieron el debate para una próxima oportunidad con presencia de todos los involucrados.
No obstante, la postergación de la discusión en Unasur es sólo una formalidad. El debate está en pleno desarrollo y las corrientes enfrentadas son claras. Por un lado, el grupo de gobiernos encabezados por Chávez que alertan sobre una posible "guerra" en el continente, consideran las bases una amenaza y una intromisión inaceptable de los gringos y anuncian que se defenderán militarmente si son agredidos. Por el otro lado están Uribe y su principal aliado, el gobierno peruano, ambos víctimas durante décadas de la insurgencia armada y actualmente en procura de mejorar su intercambio comercial con EEUU.
Estos dos países, además de reivindicar el principio de autodeterminación de los pueblos, asumen el problema como la continuación de una estrategia que no es nueva, sino que por el contrario sería la fase superior de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, tomando en cuenta que Colombia es el epicentro de ambas en la región. En el medio de ambos bandos, el resto de los gobiernos latinoamericanos cada uno con sus inclinaciones y, sobre todo, nosotros los latinoamericanos, que sólo aspiramos vivir en paz.
Para quien esto escribe lo mejor es que no hubiere bases militares en el subcontinente operadas o controladas por gobierno extranjero alguno. La presencia de fuerzas armadas de otro país siempre es un punto de roce interno y sin duda compromete de alguna manera la soberanía. Sin embargo, conociendo a los personajes involucrados y entendiendo lo que está en juego en América Latina, pensamos que el éxito de Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico redunda en beneficio de todos, mientras que no es casualidad que quienes más se oponen a esta posibilidad son precisamente quienes tienen los intereses más oscuros de la región.
¿Son o no Chávez y Correa aliados y socios de las FARC? ¿Es Venezuela actualmente no sólo puente internacional sino punto importante de producción de drogas? ¿Es o no el gobierno de Chávez aliado confeso de los gobiernos de Irán y Corea del Norte que hoy desafían al mundo con armas nucleares? ¿Operan o no en Venezuela células terroristas de Hezbolá y otros grupos islámicos fundamentalistas? ¿Financia o no el gobierno venezolano a grupos desestabilizadores en varios países de la región?
El tema de las bases militares en Colombia no es fácil ni agradable, pero antes de envolvernos en la bandera nacional para fijar posición sin pensar, es preferible darle respuestas claras a las preguntas aquí hechas y muchas otras que pudieran surgir. Durante mucho tiempo se ha advertido que Chávez nos llevaría a un conflicto internacional. Pues bien, tal vez ya lo tenemos en nuestras narices. El punto ahora es determinar si el enemigo está fuera o si lo tenemos en casa.
cipriano.heredia@gmail.com
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En efecto, con el caso de Honduras salieron a flote con fuerza al menos dos temas muy importantes: el rol de la OEA en el continente y el perfil que deben tener las democracias para ser tales. Respecto a lo primero, la pregunta que ha quedado en el aire es la siguiente: ¿es la OEA una organización de Estados o es sólo un club de presidentes alcahuetas que andan permanentemente poniendo sus barbas en remojo? Esta pregunta se agrava con el tratamiento disímil que se la ha dado a casos parecidos, más el comportamiento errático del Secretario General en momentos explosivos, todo lo cual ha puesto un gran signo de interrogación sobre la eficacia de la OEA como foro político interamericano.
El segundo punto es más de fondo y en él se presentan dos visiones distintas sobre lo que es un gobierno democrático. La primera de ellas es minimalista, ya que basta con que exista certificado de origen electoral para que se considere a un gobierno legítimo y democrático. Bajo esta visión, presidentes como Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, y por supuesto el cowboy Zelaya, han logrado o al menos intentan, acabar con la independencia de los Poderes Públicos, cerrar medios de comunicación, reprimir a la disidencia, minimizar la propiedad privada, etc., sin perder su credencial de "demócratas". Todo esto lo hacen por supuesto usando la receta patentada por Chávez con asesoría de los Castro: constituyente, secuestro institucional, expansión del poder comunicacional, presentarse como enfrentado al imperio y la oligarquía y siempre huir hacia adelante en los conflictos.
Contrapuesta a esa visión está la tesis de quienes pensamos que la democracia es algo más complejo que eso, y que cualquier gobierno que pretenda mantenerse sin división real de poderes, plena libertad de expresión, tolerancia a la disidencia y respeto a las minorías, por ejemplo, debe rendir cuentas y ser frenado antes de que se consoliden regímenes totalitarios.
Resolver esta disyuntiva a favor de la segunda perspectiva es tarea fundamentalísima de los demócratas del continente. Ganar o perder esta batalla significa nada más y nada menos que el mundo avale o no las patentes de corso con que hasta hoy cuentan los neodictadores latinoamericanos aquí nombrados.
Con esta antesala llegamos ahora si al tema de las bases militares de EEUU en Colombia. Comienzo a teclear estas líneas apenas termina la transmisión del acto de rotación de la presidencia pro tempore de Unasur de manos de Chile a Ecuador, la cual fue magistralmente aprovechada por Chávez y Correa para poner las cosas en su terreno, valiéndose de la ausencia de Uribe y Alan García. Afortunadamente, la ponderación de Lula y una inusualmente feliz intervención de la presidenta de Argentina, pusieron las cosas en su lugar y difirieron el debate para una próxima oportunidad con presencia de todos los involucrados.
No obstante, la postergación de la discusión en Unasur es sólo una formalidad. El debate está en pleno desarrollo y las corrientes enfrentadas son claras. Por un lado, el grupo de gobiernos encabezados por Chávez que alertan sobre una posible "guerra" en el continente, consideran las bases una amenaza y una intromisión inaceptable de los gringos y anuncian que se defenderán militarmente si son agredidos. Por el otro lado están Uribe y su principal aliado, el gobierno peruano, ambos víctimas durante décadas de la insurgencia armada y actualmente en procura de mejorar su intercambio comercial con EEUU.
Estos dos países, además de reivindicar el principio de autodeterminación de los pueblos, asumen el problema como la continuación de una estrategia que no es nueva, sino que por el contrario sería la fase superior de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, tomando en cuenta que Colombia es el epicentro de ambas en la región. En el medio de ambos bandos, el resto de los gobiernos latinoamericanos cada uno con sus inclinaciones y, sobre todo, nosotros los latinoamericanos, que sólo aspiramos vivir en paz.
Para quien esto escribe lo mejor es que no hubiere bases militares en el subcontinente operadas o controladas por gobierno extranjero alguno. La presencia de fuerzas armadas de otro país siempre es un punto de roce interno y sin duda compromete de alguna manera la soberanía. Sin embargo, conociendo a los personajes involucrados y entendiendo lo que está en juego en América Latina, pensamos que el éxito de Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico redunda en beneficio de todos, mientras que no es casualidad que quienes más se oponen a esta posibilidad son precisamente quienes tienen los intereses más oscuros de la región.
¿Son o no Chávez y Correa aliados y socios de las FARC? ¿Es Venezuela actualmente no sólo puente internacional sino punto importante de producción de drogas? ¿Es o no el gobierno de Chávez aliado confeso de los gobiernos de Irán y Corea del Norte que hoy desafían al mundo con armas nucleares? ¿Operan o no en Venezuela células terroristas de Hezbolá y otros grupos islámicos fundamentalistas? ¿Financia o no el gobierno venezolano a grupos desestabilizadores en varios países de la región?
El tema de las bases militares en Colombia no es fácil ni agradable, pero antes de envolvernos en la bandera nacional para fijar posición sin pensar, es preferible darle respuestas claras a las preguntas aquí hechas y muchas otras que pudieran surgir. Durante mucho tiempo se ha advertido que Chávez nos llevaría a un conflicto internacional. Pues bien, tal vez ya lo tenemos en nuestras narices. El punto ahora es determinar si el enemigo está fuera o si lo tenemos en casa.
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