El pueblo de Honduras sigue firme en su defensa de la democracia y la Constitución Política de la República y en su rechazo al regreso al poder de Zelaya Rosales, aunque el mundo considere miopemente lo contrario. Comprendemos perfectamente que la comunidad internacional está impactada por la forma en que ocurrieron las cosas el domingo 28 de junio. Pero si bien la remoción del entonces Presidente de la República no se hizo de la forma más elegante, los gobiernos y organismos internacionales no han podido ver el fondo del asunto.
El mundo se niega a entender que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, actuaron con el apoyo de la gran mayoría del pueblo hondureño, hecho sin precedente en la historia política de Honduras y de América Latina. No entiende que el pueblo removió a un Presidente democráticamente electo porque había roto el Estado de Derecho, al desconocer y retar a los otros dos poderes del Estado, y al pretender derogar ilegalmente la actual Constitución Política vigente desde 1982.
La comunidad internacional se niega a ver que si en Honduras ha habido un golpe de Estado, fue el que dio el Sr. Manuel Zelaya Rosales, al ignorar repetidamente las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional de la República en contra de sus pretensiones dictatoriales. El hecho que su destitución como Presidente no se haya dado de la forma más apropiada, eso no invalida ni descalifica nuestro derecho soberano como pueblo de remover del poder a un Presidente que se negaba a gobernar en el marco del imperio de la ley, por muy democráticamente que haya sido electo.
Pareciera que hemos caído en el mundo en una especie de “tiranía de la democracia”, en el sentido que un Presidente democráticamente electo es intocable, aún si éste reiteradamente viola la Constitución y las leyes de su país. La tiranía de la democracia parece elevarse sobre los conceptos de soberanía del pueblo y del imperio de la ley, que a punta de sangre conquistó la Humanidad. El caso de Honduras ha demostrado que los gobiernos y organismos internacionales corren a sacar conclusiones precipitadas cuando escuchan que un Presidente electo ha sido removido del poder. Escuchan esa frase hasta allí nada más y, desconociendo todo el contexto, se ponen del lado equivocado de la ecuación democrática, bajo la ilusión óptica de estar actuando precisamente en defensa de la democracia, cuando no siempre necesariamente es así.
Pero para que la comunidad internacional, es decir, la prensa internacional, organismos internacionales y gobiernos, salgan de sus esquemas rígidos de democracia, se requieren dos elementos: primero, que vean todo el contexto de un caso, y segundo, que escuchen a los pueblos, antes de tomar posiciones de condena, como que si la verdad fuera monopolio de un Presidente, por el hecho de haber sido democráticamente electo. Nos ha costado tanto alcanzarla, que las sociedades hemos llegado a idealizar tanto así la democracia, que la hemos revestido de un aura de santidad e infalibilidad, que más bien la niegan y socavan.
Si los que ahora nos condenan, incluyendo el autoproclamado abanderado universal de la democracia, los Estados Unidos, se tomaran el costo de investigar los motivos, y no solo la forma, de la remoción de Zelaya Rosales como Presidente de Honduras, descubrirían a un hombre que no reconocía la institucionalidad de una democracia; que administraba el país como capataz a su hacienda y a un hombre que hacía tiempos se había divorciado de su pueblo, para seguir sus caprichos políticos autoritarios y dictatoriales.
Será solamente con el tiempo, cuando se presenten otros casos similares al de Honduras, que la comunidad internacional hará ajustes a su rígido paradigma democrático, borrando de la fórmula el ingrediente de omnipotencia con el que paradójicamente se ha revestido a esa misma democracia que tanto la ha costado a la Humanidad hacer triunfar sobre la tiranía y el despotismo.
El mundo se niega a entender que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, actuaron con el apoyo de la gran mayoría del pueblo hondureño, hecho sin precedente en la historia política de Honduras y de América Latina. No entiende que el pueblo removió a un Presidente democráticamente electo porque había roto el Estado de Derecho, al desconocer y retar a los otros dos poderes del Estado, y al pretender derogar ilegalmente la actual Constitución Política vigente desde 1982.La comunidad internacional se niega a ver que si en Honduras ha habido un golpe de Estado, fue el que dio el Sr. Manuel Zelaya Rosales, al ignorar repetidamente las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional de la República en contra de sus pretensiones dictatoriales. El hecho que su destitución como Presidente no se haya dado de la forma más apropiada, eso no invalida ni descalifica nuestro derecho soberano como pueblo de remover del poder a un Presidente que se negaba a gobernar en el marco del imperio de la ley, por muy democráticamente que haya sido electo.
Pareciera que hemos caído en el mundo en una especie de “tiranía de la democracia”, en el sentido que un Presidente democráticamente electo es intocable, aún si éste reiteradamente viola la Constitución y las leyes de su país. La tiranía de la democracia parece elevarse sobre los conceptos de soberanía del pueblo y del imperio de la ley, que a punta de sangre conquistó la Humanidad. El caso de Honduras ha demostrado que los gobiernos y organismos internacionales corren a sacar conclusiones precipitadas cuando escuchan que un Presidente electo ha sido removido del poder. Escuchan esa frase hasta allí nada más y, desconociendo todo el contexto, se ponen del lado equivocado de la ecuación democrática, bajo la ilusión óptica de estar actuando precisamente en defensa de la democracia, cuando no siempre necesariamente es así.Pero para que la comunidad internacional, es decir, la prensa internacional, organismos internacionales y gobiernos, salgan de sus esquemas rígidos de democracia, se requieren dos elementos: primero, que vean todo el contexto de un caso, y segundo, que escuchen a los pueblos, antes de tomar posiciones de condena, como que si la verdad fuera monopolio de un Presidente, por el hecho de haber sido democráticamente electo. Nos ha costado tanto alcanzarla, que las sociedades hemos llegado a idealizar tanto así la democracia, que la hemos revestido de un aura de santidad e infalibilidad, que más bien la niegan y socavan.
Si los que ahora nos condenan, incluyendo el autoproclamado abanderado universal de la democracia, los Estados Unidos, se tomaran el costo de investigar los motivos, y no solo la forma, de la remoción de Zelaya Rosales como Presidente de Honduras, descubrirían a un hombre que no reconocía la institucionalidad de una democracia; que administraba el país como capataz a su hacienda y a un hombre que hacía tiempos se había divorciado de su pueblo, para seguir sus caprichos políticos autoritarios y dictatoriales.
Será solamente con el tiempo, cuando se presenten otros casos similares al de Honduras, que la comunidad internacional hará ajustes a su rígido paradigma democrático, borrando de la fórmula el ingrediente de omnipotencia con el que paradójicamente se ha revestido a esa misma democracia que tanto la ha costado a la Humanidad hacer triunfar sobre la tiranía y el despotismo.
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