miércoles, 14 de mayo de 2008
*ENRIQUE MENDOZA: "ES ABSURDO TRATAR DE MEZCLAR LA DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACIÓN CON INTENCIONES SEPARATISTAS"
*ENRIQUE MENDOZA: "ES ABSURDO TRATAR DE MEZCLAR LA DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACIÓN CON INTENCIONES SEPARATISTAS"
El ex gobernador del estado Miranda Enrique Mendoza consideró absurdo que el gobierno trate de mezclar el proceso de descentralización con supuestos movimientos separatistas.
Mendoza argumentó que "a partir del año 1989 se logró romper la "cogollocracia" a través de la elección directa de gobernadores y alcaldes, se eliminaron las cúpulas de las planchas a través de la elección uninominal. Hoy en día lo poco o lo mucho que tenemos se lo debemos a la descentralización".
"Me parece absurdo tratar de hacer ver que la descentralización y la desconcentración del poder, el pasarle más competencias a las gobernaciones y alcaldías, hasta llegar a los ciudadanos se consideren como actos contrarios a la unidad territorial de este país. No entendemos estos argumentos", dijo.
El ex gobernador de Miranda recordó que "el mismo Presidente Hugo Chávez cuando estaba en campaña desarrolló su tesis sobre la desconcentración del Poder en una versión parecida a lo que fue en su momento el proceso de descentralización. No nos parece correcto utilizar problemas fuera de la frontera en este país como fue el caso específico del referendo autonómico ocurrido en Bolivia, para desacreditar el proceso de acercar los gobiernos a los ciudadanos a través de la descentralización".
"La descentralización trata de volcar el poder hacia los ciudadanos, a través de la elección directa en todos los escalafones de sus gobernantes", Puntualizó Enrique Mendoza.
*OSCAR PÉREZ DENUNCIÓ ANTE EL CNE QUE FUE ELECTO ESTANDO INHABILITADO EN EL 2004
*OSCAR PÉREZ DENUNCIÓ ANTE EL CNE QUE FUE ELECTO ESTANDO INHABILITADO EN EL 2004
LEIDY BRICEÑO en 2001
Oscar Pérez fue electo como diputado al Consejo Legislativo del estado Miranda, estando inhabilitado en el 2004, así lo denunció el dirigente del Comando Nacional ante el Consejo Nacional Electoral.
Explicó que un alcalde y varios diputados resultaron ganadores en las elecciones regionales de 2004 a pesar de estar inhabilitados por la Contraloría antes de las elecciones y que en su caso su inhabilitación fue ilegal e inconstitucional.
Pérez considera que “estamos a las puertas de una gravísima crisis de inconstitucionalidad en el país. Si el CNE determina que el contralor tiene competencia para suspender de sus derechos políticos a algunos ciudadanos”, expresó Pérez.
Considera que el órgano electoral sentó un precedente al permitir su participación en aquellos comicios, estando inhabilitado, por lo cual ahora los rectores no pueden actuar de otra manera.
El dirigente aseguró que la actual presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, en esa oportunidad trabajada como secretaria de la Junta Nacional Electoral y el rector suplente Humberto Castillo, “por lo cual no se puede ni si quiera justificar que eran funcionarios que estaban anteriormente en este Poder Electoral, quienes acometieron esta acción de permitirme participar”.
Para Pérez “la lista (Clodosbaldo) Russián busca sacar del juego a hombres y mujeres que tienen opciones reales para ganar en lo comicios del 23 de noviembre”.
LEIDY BRICEÑO en 2001
Oscar Pérez fue electo como diputado al Consejo Legislativo del estado Miranda, estando inhabilitado en el 2004, así lo denunció el dirigente del Comando Nacional ante el Consejo Nacional Electoral.
Explicó que un alcalde y varios diputados resultaron ganadores en las elecciones regionales de 2004 a pesar de estar inhabilitados por la Contraloría antes de las elecciones y que en su caso su inhabilitación fue ilegal e inconstitucional.
Pérez considera que “estamos a las puertas de una gravísima crisis de inconstitucionalidad en el país. Si el CNE determina que el contralor tiene competencia para suspender de sus derechos políticos a algunos ciudadanos”, expresó Pérez.
Considera que el órgano electoral sentó un precedente al permitir su participación en aquellos comicios, estando inhabilitado, por lo cual ahora los rectores no pueden actuar de otra manera.
El dirigente aseguró que la actual presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, en esa oportunidad trabajada como secretaria de la Junta Nacional Electoral y el rector suplente Humberto Castillo, “por lo cual no se puede ni si quiera justificar que eran funcionarios que estaban anteriormente en este Poder Electoral, quienes acometieron esta acción de permitirme participar”.
Para Pérez “la lista (Clodosbaldo) Russián busca sacar del juego a hombres y mujeres que tienen opciones reales para ganar en lo comicios del 23 de noviembre”.
*EDITORIAL DELDIARIO 2001: EL FANTASMA DEL RACIONAMIENTO
*EDITORIAL DELDIARIO 2001: EL FANTASMA DEL RACIONAMIENTO
"La primera riqueza es la salud".
Ralph Waldo Emerson
Desde hace meses está haciéndose sintomática la escasez, el racionamiento, de algunos productos de la cesta básica, un día se consigue leche, otro no; un día hay arroz, otro no, un día hay aceite, otro no. Es decir, aquellos tiempos que los anaqueles de los supermercados y los estantes de los abastos rebosaban profusamente de una variedad de productos ya no es común.
En días recientes la presencia del arroz ha dejado de ser regular, los comercios mismos han alertado sobre fallas en el suministro de ese producto de consumo masivo. Pero más alarmante aún es que la producción de leche pasteurizada continúa menguando, colándose en niveles mínimos.
Los paquetes de arroz de marca están siendo racionados a uno o dos kilos por persona en los supermercados y abastos, debido a que el suministro está por debajo del 30% del consumo normal.
Los productores y expendedores del cereal no están en capacidad de satisfacer la demanda debido a que desde el año 2004 los inventarios de reserva han venido reduciéndose como consecuencia de una disminución en la siembra que se hace cada vez más notable. La preocupación ahora es mayor porque aun cuando la cosecha de arroz de este año se incrementó 22% en comparación con 2007, las reservas estratégicas del producto no terminan de estabilizarse.
De acuerdo con los productores, el consuno no va más allá de dos meses, o sea que para julio podría comenzar a notarse una marcada escasez del producto, por lo que habrá dificultades para satisfacer el consumo en el período que va desde la cosecha de verano hasta el inicio de la de invierno.
Se dice que el Gobierno se verá obligado a importar el cereal para poder abastecer la demanda y que al efecto se tiene previsto una importación de 70.000 toneladas de arroz blanco.
También hay alarma en cuanto a la producción de leche, pues aunque hay una mayor disponibilidad de la leche en polvo, no sucede igual con la lecha pasteurizada.
Los industriales lácteos insisten en que el problema está en el control de precios, pues la disparidad de precios entre el costo de la leche cruda y el importe final restringe la industria pasteurizadora, dificultando la producción.
La gente necesita y exige respuestas del Gobierno, porque hasta hace nueve o diez años, los venezolanos no sufrían ese tipo de penuria. Ahora, parece que la escasez es la regla y no la excepción. ¿Quién responde?
"La primera riqueza es la salud".
Ralph Waldo Emerson
Desde hace meses está haciéndose sintomática la escasez, el racionamiento, de algunos productos de la cesta básica, un día se consigue leche, otro no; un día hay arroz, otro no, un día hay aceite, otro no. Es decir, aquellos tiempos que los anaqueles de los supermercados y los estantes de los abastos rebosaban profusamente de una variedad de productos ya no es común.
En días recientes la presencia del arroz ha dejado de ser regular, los comercios mismos han alertado sobre fallas en el suministro de ese producto de consumo masivo. Pero más alarmante aún es que la producción de leche pasteurizada continúa menguando, colándose en niveles mínimos.
Los paquetes de arroz de marca están siendo racionados a uno o dos kilos por persona en los supermercados y abastos, debido a que el suministro está por debajo del 30% del consumo normal.
Los productores y expendedores del cereal no están en capacidad de satisfacer la demanda debido a que desde el año 2004 los inventarios de reserva han venido reduciéndose como consecuencia de una disminución en la siembra que se hace cada vez más notable. La preocupación ahora es mayor porque aun cuando la cosecha de arroz de este año se incrementó 22% en comparación con 2007, las reservas estratégicas del producto no terminan de estabilizarse.
De acuerdo con los productores, el consuno no va más allá de dos meses, o sea que para julio podría comenzar a notarse una marcada escasez del producto, por lo que habrá dificultades para satisfacer el consumo en el período que va desde la cosecha de verano hasta el inicio de la de invierno.
Se dice que el Gobierno se verá obligado a importar el cereal para poder abastecer la demanda y que al efecto se tiene previsto una importación de 70.000 toneladas de arroz blanco.
También hay alarma en cuanto a la producción de leche, pues aunque hay una mayor disponibilidad de la leche en polvo, no sucede igual con la lecha pasteurizada.
Los industriales lácteos insisten en que el problema está en el control de precios, pues la disparidad de precios entre el costo de la leche cruda y el importe final restringe la industria pasteurizadora, dificultando la producción.
La gente necesita y exige respuestas del Gobierno, porque hasta hace nueve o diez años, los venezolanos no sufrían ese tipo de penuria. Ahora, parece que la escasez es la regla y no la excepción. ¿Quién responde?
*INDÍGENAS DE ECUADOR SE DECLARAN EN OPOSICIÓN ABIERTA A LA POLÍTICA DE CORREA
*INDÍGENAS DE ECUADOR SE DECLARAN EN OPOSICIÓN ABIERTA A LA POLÍTICA DE CORREA
14 de mayo, 2008 - EFE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) declaró hoy su oposición abierta al Gobierno del presidente, Rafael Correa, al que hasta ahora había apoyado, por considerar que su proyecto político no obedece a intereses sociales.
"Es una oposición abierta contra el modelo político del presidente de la República. Hemos agotado todo el espacio de diálogo", dijo Marlon Santi, presidente de la Conaie a los periodistas, tras asegurar que no tienen "confianza con aquellos Gobiernos que no están con los movimientos sociales".
La decisión la adoptó hoy la Conaie en una reunión que convocó para analizar la situación del país, tras la que criticó la posición que adoptó el jefe de Estado sobre la explotación minera, que en muchos casos afecta a sus territorios ancestrales.
En concreto, esa organización acusó a Correa de alinearse con empresas extranjeras cuyas actividades mineras consideran que han perjudicado a las comunidades indígenas.
"Está a favor del neoliberalismo y empresas trasnacionales y grupos de poder económico en materia de explotación minera (...) y que ha eliminado a los pueblos indígenas", dijo Humberto Cholango, dirigente indígena de la sierra andina ecuatoriana en referencia al presidente del país.
Para Cholango, la nueva Constitución tiene la obligación de incluir los derechos de los indígenas, y exigen que sea preceptiva la autorización vinculante de las comunidades para poder llevar a cabo explotaciones mineras en sus territorios, lo que no admite el Gobierno.
Por su parte, Santi pidió a instituciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vigilen al Gobierno ecuatoriano "en materia indígena".
Sin embargo, la Conaie manifestó su confianza en la Asamblea Constituyente que redacta la vigésima Carta Magna del país, así como en su presidente, Alberto Acosta.
Acosta, economista que tradicionalmente ha estado cercano a los movimientos indígenas, lidera la mayoría de 80 asambleístas de Alianza País, el partido de Correa, que domina la Constituyente, compuesta por 130 representantes.
Los cerca de 200 representantes indígenas que se dieron cita en la sede de la Conaie, en Quito, rechazaron igualmente las recientes acusaciones del presidente Correa de que un grupo de indígenas solicitó cargos.
Por su parte, Jorge Guamán, del movimiento Pachacutik, descartó en una entrevista con radio Sonorama un levantamiento indígena y anunció otra reunión para los próximos 29, 30 y 31 de mayo en una provincia de la Amazonía en donde seguirán con el análisis de la situación del país.
La cifra de indígenas en Ecuador no es muy precisa y los cálculos van desde el 10 por ciento de algunas estadísticas oficiales al 35 por ciento que señalan algunas organizaciones de los casi 14 millones de ecuatorianos.
14 de mayo, 2008 - EFE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) declaró hoy su oposición abierta al Gobierno del presidente, Rafael Correa, al que hasta ahora había apoyado, por considerar que su proyecto político no obedece a intereses sociales.
"Es una oposición abierta contra el modelo político del presidente de la República. Hemos agotado todo el espacio de diálogo", dijo Marlon Santi, presidente de la Conaie a los periodistas, tras asegurar que no tienen "confianza con aquellos Gobiernos que no están con los movimientos sociales".
La decisión la adoptó hoy la Conaie en una reunión que convocó para analizar la situación del país, tras la que criticó la posición que adoptó el jefe de Estado sobre la explotación minera, que en muchos casos afecta a sus territorios ancestrales.
En concreto, esa organización acusó a Correa de alinearse con empresas extranjeras cuyas actividades mineras consideran que han perjudicado a las comunidades indígenas.
"Está a favor del neoliberalismo y empresas trasnacionales y grupos de poder económico en materia de explotación minera (...) y que ha eliminado a los pueblos indígenas", dijo Humberto Cholango, dirigente indígena de la sierra andina ecuatoriana en referencia al presidente del país.
Para Cholango, la nueva Constitución tiene la obligación de incluir los derechos de los indígenas, y exigen que sea preceptiva la autorización vinculante de las comunidades para poder llevar a cabo explotaciones mineras en sus territorios, lo que no admite el Gobierno.
Por su parte, Santi pidió a instituciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vigilen al Gobierno ecuatoriano "en materia indígena".
Sin embargo, la Conaie manifestó su confianza en la Asamblea Constituyente que redacta la vigésima Carta Magna del país, así como en su presidente, Alberto Acosta.
Acosta, economista que tradicionalmente ha estado cercano a los movimientos indígenas, lidera la mayoría de 80 asambleístas de Alianza País, el partido de Correa, que domina la Constituyente, compuesta por 130 representantes.
Los cerca de 200 representantes indígenas que se dieron cita en la sede de la Conaie, en Quito, rechazaron igualmente las recientes acusaciones del presidente Correa de que un grupo de indígenas solicitó cargos.
Por su parte, Jorge Guamán, del movimiento Pachacutik, descartó en una entrevista con radio Sonorama un levantamiento indígena y anunció otra reunión para los próximos 29, 30 y 31 de mayo en una provincia de la Amazonía en donde seguirán con el análisis de la situación del país.
La cifra de indígenas en Ecuador no es muy precisa y los cálculos van desde el 10 por ciento de algunas estadísticas oficiales al 35 por ciento que señalan algunas organizaciones de los casi 14 millones de ecuatorianos.
*COLOMBIA EXTRADITA A EE UU A JEFES PARAMILITARES POR NARCOTRÁFICO
*COLOMBIA EXTRADITA A EE UU A JEFES PARAMILITARES POR NARCOTRÁFICO
El gobierno colombiano inició la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico a catorce de los más importantes jefes paramilitares de ultraderecha, detenidos tras desmovilizarse en una negociación de paz, que fueron trasladados hacia Bogotá.
Los paramilitares comenzaron a ser trasladados en la madrugada desde al menos tres cárceles hacia la base militar de Catam, en el oeste de Bogotá, de donde serían enviados hacia Estados Unidos, informó radio Caracol.
Por su parte la radio RCN indicó que agentes de la agencia Antidrogas de Estados Unidos esperan en el terminal aéreo la entrega de los detenidos.
Fuentes de la presidencia colombiana indicaron que el presidente Álvaro Uribe se pronunciará sobre este tema hacia las 7:30 pm (hora venezolana), sin dar más detalles.
El gobierno colombiano mantenía suspendida las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que concluyeron en abril de 2006 después de una negociación de tres años.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
El pasado miércoles el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.
Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la justicia de Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.
El año pasado la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados a las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen en Estados Unidos por narcotráfico.
La medida afecta a los líderes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy, entre otros, según la edición electrónica del diario El Tiempo.
El traslado de los paramilitares hacia la base militar de Catam comenzó después de la medianoche desde las cárceles de La Picota en Bogotá, Itagüí (noroeste) y Barranquilla (norte), agregó radio Caracol.
Fotógrafos de la AFP constataron el movimiento de tropas en los alrededores de la cárcel de Itagüí, vecina a la ciudad de Medellín y en torno al terminal militar de Catam.
La negociación de paz con las AUC por parte del gobierno la suspensión de las extradiciones y otros beneficios contemplados en la llamada ley de "justicia y paz" que incluía penas de un máximo de ocho años por los delitos cometidos por los paramilitares, incluso los considerados de lesa humanidad, a cambio de su confesión y reparación a las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron la semana pasada que la extradición de los paramilitares hacia Estados Unidos, violaba los derechos de los familiares de las víctimas a obtener justicia.
El gobierno colombiano inició la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico a catorce de los más importantes jefes paramilitares de ultraderecha, detenidos tras desmovilizarse en una negociación de paz, que fueron trasladados hacia Bogotá.
Los paramilitares comenzaron a ser trasladados en la madrugada desde al menos tres cárceles hacia la base militar de Catam, en el oeste de Bogotá, de donde serían enviados hacia Estados Unidos, informó radio Caracol.
Por su parte la radio RCN indicó que agentes de la agencia Antidrogas de Estados Unidos esperan en el terminal aéreo la entrega de los detenidos.
Fuentes de la presidencia colombiana indicaron que el presidente Álvaro Uribe se pronunciará sobre este tema hacia las 7:30 pm (hora venezolana), sin dar más detalles.
El gobierno colombiano mantenía suspendida las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que concluyeron en abril de 2006 después de una negociación de tres años.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
El pasado miércoles el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.
Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la justicia de Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.
El año pasado la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados a las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen en Estados Unidos por narcotráfico.
La medida afecta a los líderes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy, entre otros, según la edición electrónica del diario El Tiempo.
El traslado de los paramilitares hacia la base militar de Catam comenzó después de la medianoche desde las cárceles de La Picota en Bogotá, Itagüí (noroeste) y Barranquilla (norte), agregó radio Caracol.
Fotógrafos de la AFP constataron el movimiento de tropas en los alrededores de la cárcel de Itagüí, vecina a la ciudad de Medellín y en torno al terminal militar de Catam.
La negociación de paz con las AUC por parte del gobierno la suspensión de las extradiciones y otros beneficios contemplados en la llamada ley de "justicia y paz" que incluía penas de un máximo de ocho años por los delitos cometidos por los paramilitares, incluso los considerados de lesa humanidad, a cambio de su confesión y reparación a las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron la semana pasada que la extradición de los paramilitares hacia Estados Unidos, violaba los derechos de los familiares de las víctimas a obtener justicia.