*CARLOS R. PADILLA L. ESCRIBIÓ PARA ANALÍTICA: EL MONOPOLIO COMUNICACIONAL DEL OFICIALISMO VENEZOLANO
Miércoles, 17 de septiembre de 2008
Amén de la concentración del poder público en manos del ejecutivo nacional venezolano, que niegan tendencias republicanas y descentralizadoras de independencia y división de las jurisdicciones ejecutivas, legislativa, judiciales y electorales; el estudio más ligero del poder mediático del gobierno venezolano nos indica que la influencia del régimen es exageradamente mayor que el de los medios independientes privados o con mediana independencia publicitaria.
Si hablamos de la prensa escrita de cobertura nacional solo tres diarios mantienen una línea ligeramente imparcial a las actuaciones gubernamentales y el resto está definitivamente al lado de las políticas oficiales bien por resteo ideológico o por la presión de las pautas publicitarias ofíciales. En el interior de la república de cada un diario de tendencia equilibrada; si es que existe; coexiste al menos uno absolutamente parcializado por la posición del partido oficial.
Al referirnos al espectro radioeléctrico bástenos hacer un barrido automático por el dial para encontrarnos con innumerables emisoras de las llamadas comunitarias tanto en FM como en AM. Las de tendencia equilibrada que encontramos bajo administración privada sobreviven publicitariamente o se entregan a la pauta que se maneja desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y bajo la atenta supervisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL VENEZUELA) que aplica diligentemente la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) cuando cualquier medio no oficioso se sale de los parámetros establecidos para el control de la información. A ello hay que sumar la amenaza permanente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que pende como espada de Damocles sobre la cabeza de quienes se mantienen en una línea informativa equilibrada.
En cuanto a los medios televisivos, de cobertura nacional y regional, nos encontramos con una variabilidad mayor entre empresas privadas de equilibrio en su programación o de canales temáticos y las oficiales u oficiosas. Nos basta con recorrer la programación de los servicios por cable en lo que a emisoras venezolanas se refiere para darnos cuenta que la proporción es definitivamente a favor de las políticas oficiales y de sus espacios publicitarios.
Existen en ambos medios, televisivos y radiales, la obligatoriedad de insertar en sus programaciones cuñas y publicidad de las actividades gubernamentales, además de cuantas cadenas presidenciales se les antoje al poder ejecutivo.
Estamos ante un Estado que se sobrepone a las disposiciones constitucionales para el control de la libre expresión y la oportuna y veraz información mediante normas sobrevenidas que cada día se adaptan ceñidamente al propósito hegemónico de controlar la información que debe llegar a los venezolanos.
Como si esto fuese poco se pretende aprobar una nueva LEY DE TELECOMUNICACIONES, LA INFORMÁTICA Y LOS SERVICIOS POSTALES cuyo objetivo fundamental es sobre las restricciones que se harán a los contenidos de Internet, así como a las concesiones a las televisoras, y que esta está empapado de una teología estatizante como la mayoría de las 26 leyes aprobadas recientemente por el gran y único legislador lo que nos ha puesto en presencia de un Capitalismo de Estado profundamente coercitivo, represivo, y sancionatorio bajo una ideología neo dictatorial.
Sin embargo en cada alocución oficial se hace mención de un fementido poder mediático disidente para torcer la opinión pública venezolana cuando el poder comunicacional mas fuerte está definitivamente del lado del gobierno que monopoliza la ideologización sobre el SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, las campañas electorales a favor de sus candidatos y las fuentes noticiosas para un tratamiento de guerra psicológica de las mayorías nacionales para tratar de convencer que todo fracaso del ejecutivo es responsabilidad de un pretendido e inexistente poder mediático opositor como chivo expiatorio de las más peregrinas acusaciones que generalmente no encuentran su correlativo en la realidad. Todo esto se materializa en lo planteado
carlos.padilla.carpa@gmail.com
Miércoles, 17 de septiembre de 2008
Amén de la concentración del poder público en manos del ejecutivo nacional venezolano, que niegan tendencias republicanas y descentralizadoras de independencia y división de las jurisdicciones ejecutivas, legislativa, judiciales y electorales; el estudio más ligero del poder mediático del gobierno venezolano nos indica que la influencia del régimen es exageradamente mayor que el de los medios independientes privados o con mediana independencia publicitaria.
Si hablamos de la prensa escrita de cobertura nacional solo tres diarios mantienen una línea ligeramente imparcial a las actuaciones gubernamentales y el resto está definitivamente al lado de las políticas oficiales bien por resteo ideológico o por la presión de las pautas publicitarias ofíciales. En el interior de la república de cada un diario de tendencia equilibrada; si es que existe; coexiste al menos uno absolutamente parcializado por la posición del partido oficial.
Al referirnos al espectro radioeléctrico bástenos hacer un barrido automático por el dial para encontrarnos con innumerables emisoras de las llamadas comunitarias tanto en FM como en AM. Las de tendencia equilibrada que encontramos bajo administración privada sobreviven publicitariamente o se entregan a la pauta que se maneja desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y bajo la atenta supervisión de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL VENEZUELA) que aplica diligentemente la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) cuando cualquier medio no oficioso se sale de los parámetros establecidos para el control de la información. A ello hay que sumar la amenaza permanente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que pende como espada de Damocles sobre la cabeza de quienes se mantienen en una línea informativa equilibrada.
En cuanto a los medios televisivos, de cobertura nacional y regional, nos encontramos con una variabilidad mayor entre empresas privadas de equilibrio en su programación o de canales temáticos y las oficiales u oficiosas. Nos basta con recorrer la programación de los servicios por cable en lo que a emisoras venezolanas se refiere para darnos cuenta que la proporción es definitivamente a favor de las políticas oficiales y de sus espacios publicitarios.
Existen en ambos medios, televisivos y radiales, la obligatoriedad de insertar en sus programaciones cuñas y publicidad de las actividades gubernamentales, además de cuantas cadenas presidenciales se les antoje al poder ejecutivo.
Estamos ante un Estado que se sobrepone a las disposiciones constitucionales para el control de la libre expresión y la oportuna y veraz información mediante normas sobrevenidas que cada día se adaptan ceñidamente al propósito hegemónico de controlar la información que debe llegar a los venezolanos.
Como si esto fuese poco se pretende aprobar una nueva LEY DE TELECOMUNICACIONES, LA INFORMÁTICA Y LOS SERVICIOS POSTALES cuyo objetivo fundamental es sobre las restricciones que se harán a los contenidos de Internet, así como a las concesiones a las televisoras, y que esta está empapado de una teología estatizante como la mayoría de las 26 leyes aprobadas recientemente por el gran y único legislador lo que nos ha puesto en presencia de un Capitalismo de Estado profundamente coercitivo, represivo, y sancionatorio bajo una ideología neo dictatorial.
Sin embargo en cada alocución oficial se hace mención de un fementido poder mediático disidente para torcer la opinión pública venezolana cuando el poder comunicacional mas fuerte está definitivamente del lado del gobierno que monopoliza la ideologización sobre el SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, las campañas electorales a favor de sus candidatos y las fuentes noticiosas para un tratamiento de guerra psicológica de las mayorías nacionales para tratar de convencer que todo fracaso del ejecutivo es responsabilidad de un pretendido e inexistente poder mediático opositor como chivo expiatorio de las más peregrinas acusaciones que generalmente no encuentran su correlativo en la realidad. Todo esto se materializa en lo planteado
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