*TOMADO DE VENECONOMIA: “SALTANDO LA TALANQUERA CONSTITUCIONAL”
Este lunes 18 de agosto fue un día negro para la propiedad privada en Venezuela. Fue una larga jornada donde el Gobierno dejó ver hasta dónde pueden llegar las garras de sus decretos-leyes ilegales, promulgados el 31 de julio con los últimos resoplidos de la Ley Habilitante.
El lunes, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, y el ministro de Energía y Petróleos, Rafael Ramírez, acatando las instrucciones dominicales de Hugo Chávez, procedieron a tomar el control de la industria cementera nacional, bajo el falso supuesto de “apuntalar el desarrollo en vivienda e infraestructura”.
Por un lado, anunciaron que el grupo francés Lafarge y el suizo Holcim, “aceptaron” los términos de compra-venta que les impuso el Gobierno e informaron que habían firmado sendos memorandos de entendimiento con las dos empresas, que se traducirán en un desembolso por parte de la República de $829 millones. En esta venta forzada Lafarge traspasará al Estado 89% de sus acciones y el Grupo Holcim el 85%, quedando ambas como socias minoritarias. Por otro lado , informaron que el Gobierno no había llegado a acuerdo alguno con la empresa mexicana Cemex y por tanto la misma sería “expropiada”, acogiéndose al decreto-ley para la ordenación de la industria cementera de junio de 2008.
Hasta allí, podría considerarse que el Gobierno actuaba dentro del marco constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo saltó la talanquera de la constitucionalidad cuando procede en horas de la noche a la ocupación previa de las instalaciones de Cemex. Con esta acción se aplicó el nuevo Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que le da potestad (inconstitucional) al Ejecutivo de confiscar a su libre entender a toda cadena de producción de bienes y servicios considerados prioritarios.
Este lunes, con la ocupación previa de Cemex, el Gobierno obvió las garantías constitucionales que estipulan que una declaratoria de expropiación es el comienzo de un procedimiento y no su culminación, el cual exige que se siga un procedimiento judicial donde las partes lleguen a comunes acuerdos, incluyendo el pago de un justi-precio.
En otro evento igual de arbitrario, en horas de la mañana, el nuevo Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) concretó otro asalto a la Constitución, al aplicar abruptamente al supermercado Excelsior Gama de Santa Eduvigis, no sólo la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, sino también la de Seguridad Agroalimentaria. El Indepabis decomisó al supermercado 1.670 Kgs. de arroz premium de 99,5% a 100% de granos enteros, bajo el supuesto de “venta indebida fuera de la regulación”. Inmediatamente procedió a venderla, a las afueras de una estación del Metro de Caracas, al precio regulado de Bs.2,30 que tiene el arroz con 1% de granos partidos. El producto de esta venta no entrará al fisco Nacional, sino que será destinado, según la ley, al Fondo Nacional de los Consejos Comunales.
El mensaje quedó bien claro: Con las leyes habilitantes comunistas en marcha no quedará empresa o actividad privada a salvo del poder omnipresente de Hugo Chávez.
Este lunes 18 de agosto fue un día negro para la propiedad privada en Venezuela. Fue una larga jornada donde el Gobierno dejó ver hasta dónde pueden llegar las garras de sus decretos-leyes ilegales, promulgados el 31 de julio con los últimos resoplidos de la Ley Habilitante.
El lunes, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, y el ministro de Energía y Petróleos, Rafael Ramírez, acatando las instrucciones dominicales de Hugo Chávez, procedieron a tomar el control de la industria cementera nacional, bajo el falso supuesto de “apuntalar el desarrollo en vivienda e infraestructura”.
Por un lado, anunciaron que el grupo francés Lafarge y el suizo Holcim, “aceptaron” los términos de compra-venta que les impuso el Gobierno e informaron que habían firmado sendos memorandos de entendimiento con las dos empresas, que se traducirán en un desembolso por parte de la República de $829 millones. En esta venta forzada Lafarge traspasará al Estado 89% de sus acciones y el Grupo Holcim el 85%, quedando ambas como socias minoritarias. Por otro lado , informaron que el Gobierno no había llegado a acuerdo alguno con la empresa mexicana Cemex y por tanto la misma sería “expropiada”, acogiéndose al decreto-ley para la ordenación de la industria cementera de junio de 2008.
Hasta allí, podría considerarse que el Gobierno actuaba dentro del marco constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo saltó la talanquera de la constitucionalidad cuando procede en horas de la noche a la ocupación previa de las instalaciones de Cemex. Con esta acción se aplicó el nuevo Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que le da potestad (inconstitucional) al Ejecutivo de confiscar a su libre entender a toda cadena de producción de bienes y servicios considerados prioritarios.
Este lunes, con la ocupación previa de Cemex, el Gobierno obvió las garantías constitucionales que estipulan que una declaratoria de expropiación es el comienzo de un procedimiento y no su culminación, el cual exige que se siga un procedimiento judicial donde las partes lleguen a comunes acuerdos, incluyendo el pago de un justi-precio.
En otro evento igual de arbitrario, en horas de la mañana, el nuevo Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) concretó otro asalto a la Constitución, al aplicar abruptamente al supermercado Excelsior Gama de Santa Eduvigis, no sólo la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, sino también la de Seguridad Agroalimentaria. El Indepabis decomisó al supermercado 1.670 Kgs. de arroz premium de 99,5% a 100% de granos enteros, bajo el supuesto de “venta indebida fuera de la regulación”. Inmediatamente procedió a venderla, a las afueras de una estación del Metro de Caracas, al precio regulado de Bs.2,30 que tiene el arroz con 1% de granos partidos. El producto de esta venta no entrará al fisco Nacional, sino que será destinado, según la ley, al Fondo Nacional de los Consejos Comunales.
El mensaje quedó bien claro: Con las leyes habilitantes comunistas en marcha no quedará empresa o actividad privada a salvo del poder omnipresente de Hugo Chávez.
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