Por primera vez desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez
el Gobierno aplica una política deliberada destinada a destruir las
universidades nacionales autónomas y empobrecer al personal docente,
administrativo y obrero que trabaja en ellas.
Durante el primer mandato de Rafael Caldera, entre 1969 y 1974, la UCV
estuvo cerrada en dos oportunidades. La segunda, por un período de casi siete
meses; sin embargo, sus profesores, empleados y obreros siguieron cobrando sus
sueldos, para la época, elevados.
Un profesor Titular a Dedicación Exclusiva frisaba los $4.000 mensuales;
un Instructor, el escalafón más bajo, con la misma dedicación, obtenía $1.000.
Con el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, a la fantasmal tasa Simadi,
el Titular devenga menos de $100 y el Instructor menos de $40. Si se utiliza
como medidor el precio del dólar paralelo, verdadero marcador, estos miserables
sueldos se reducen a la mitad. Ni una propina.
Los
profesores universitarios, que deben contar con estudios de cuarto nivel, se
encuentran por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo con los estándares
de Naciones Unidas. Esta fija en dos dólares diarios el ingreso mínimo, es
decir, sesenta dólares al mes. La élite intelectual peor remunerada del mundo.
Luego de largas
reuniones entre los dirigentes sindicales de los profesores, los empleados y
los obreros, amplias consultas a las bases sociales y discusiones en asambleas,
el comando intergremial que agrupa a todos los sectores universitarios le
presentó al Ejecutivo un proyecto de contratación colectiva que incluye un
aumento porcentual significativo de los sueldos y salarios. En medio de una
escalada de precios tan voraz como la existente, no hay porcentaje de
incremento que pueda detener la caída del ingreso real. La inflación erosiona
cualquier elevación porcentual, por elevada que esta sea. Sin embargo, había
que proponerle una fórmula al Ejecutivo, y eso fue lo que hicieron los
diferentes gremios.
La
respuesta del Gobierno ha sido la de siempre: el desprecio y la arrogancia. El
ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, se ha negado a discutir
la proposición de los universitarios. Las razones que esgrime se desconocen,
pero son presumibles: trata de descalificar y debilitar el liderazgo.
El
Gobierno busca que los universitarios se humillen y además lo hagan con una
enorme sonrisa en los labios, convencidos de que la ruina representa la mejor
manera de contribuir con el proceso revolucionario. Este régimen -que subsidia
la decadente tiranía de los hermanos Castro, que adquirió bonos basura
argentinos para impedir la quiebra de la pareja Kirchner, que le compra armas
inútiles e innecesarias a Putin y le entrega el futuro a los chinos- se niega a
discutir con los gremios un contrato colectivo que solo servirá para paliar un
poco y de forma temporal la graves situación económica de los universitarios.
¿Por
qué tanto odio? Porque las universidades autónomas no han sido, ni serán, una
pieza del engranaje totalitario que ha tratado de construir el chavismo desde
hace casi dos décadas. En estas casas de estudio se ha defendido la autonomía
académica, la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, la investigación
científica independiente, la meritocracia (entre los profesores no existe el
aumento por antigüedad, sino por la defensa de trabajos de ascenso), el perfil
específico de cada sector, se ha combatido la paridad del voto. Los
universitarios se han opuesto a todo lo que representa el pensamiento único, el
culto a la personalidad del caudillo, la imposición del socialismo, la
conversión de las casas de estudio en la prolongación de un municipio chavista.
La defensa de la independencia ha resultado costosa. El presupuesto ha sido el
mismo durante siete años. La inflación lo ha devorado. No se contemplan los
recursos para la reposición de cargos. Los laboratorios no pueden adquirir
nuevos instrumentos, ni mantener los existentes.
Para
los universitarios el enfrentamiento contra el régimen ya no constituye una
opción, sino una forma de sobrevivencia:
o se lucha contra una camarilla que busca aniquilar la Universidad o hay que
abandonar esos centros de enseñanza para dedicarse a otra actividad. Los
universitarios no propician ni desean la huelga, pero el Gobierno no deja otra
alternativa.
Trino
Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
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