El
primero. María Corina Machado y Julio Borges, en mayo pasado, fueron objeto de
una salvaje agresión por parte de un grupo de gorilas oficialistas dentro de la
Asamblea Nacional. La golpiza se ejecutó bajo la mirada alegre de Diosdado
Cabello, el caporal que dirige el Parlamento con mano de hierro, cuando se
trata de la oposición, pues frente a Nicolás Maduro, su enconado adversario
dentro del PSUV, cada vez cede mayor terreno. La Ley Habilitante representa una
renuncia al ejercicio de su poder como Presidente del cuerpo legislativo y su
relegación sumisa al segundo plano del protagonismo.
En
aquella oportunidad la ferocidad del ataque fue tan desmesurada que los
parlamentarios de diversas democracias del mundo, tan discretos a la hora de
solidarizarse con la oposición venezolana, se vieron forzados a respaldar a sus
pares criollos. El apoyo internacional no varió la postura arrogante de
Cabello. De su boca no salió ninguna condena. No promovió ninguna comisión que
sancionara a aquellos matones a pesar de que se había puesto en peligro la vida
de dos colegas. Antes de ese episodio, el teniente Cabello junto a sus
camaradas rojos habían celebrado a mandíbula batiente que el “padre” de todos
ellos, el difunto Comandante, insultase a George Bush en la sede de ONU en
Nueva York y que un periodista iraquí en una rueda de prensa concedida por el
mismo Bush, le arrojase a este un zapato a su rostro. Estos despropósitos les
parecieron simpáticos y parte de la lucha contra el imperio, aunque se trataba
de embestidas contra el Presidente de los Estados Unidos.
El
segundo. Para Cabello y sus secuaces del Parlamento, la salsa que es buena para
el pato no es buena para la pata. En el discurso de Maduro, largo, fastidioso y
mal leído, Julio Borges y Nora Bracho —ante las repetidas alusiones e injurias
de Maduro contra Primero Justicia— lo interrumpieron para exigir la palabra,
que en este caso era un legítimo derecho a la defensa. La actitud valiente del
coordinador de PJ y de Bracho provocó la
ira de Cabello quien se creyó obligado a demostrarles al heredero y a
los cubanos que es más leal con su jefe que Bernardo con don Diego de la Vega.
La banda de camorreros que han propiciado toda clase de desmanes en el
Hemiciclo, se sienten agraviados porque supuestamente se “ofendió” la majestad
presidencial. Como desagravio a Maduro, le infringieron un castigo ejemplar a la oposición: los
diputados sancionados no podrán hablar en la Asamblea durante un mes.
El Parlamento —creado para parlamentar,
hablar, negociar y llegar a acuerdos a través del verbo— fue convertido por
Cabello y su pandilla en un paredón donde acribillan a sus oponentes, les niegan
el derecho a réplica y los silencian. El hostigamiento dicta la estrategia de
los miedosos.
El
tercer episodio al que quiero referirme es a la destitución y detención del
alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Al parecer la codicia desmedida inspiró a
este ciudadano en su tránsito como burgomaestre de la capital carabobeña. Llama
la atención, sin embargo, que sea después de varios años de ejercicio en el
cargo que Parra haya sido castigado. Desde hace bastante tiempo se sabía que no
era muy probo que se diga en el manejo de la cosa pública. Todo lo contrario.
El erario de la entidad había pasado a ser su patrimonio particular. Pero fue
su rivalidad con Francisco Ameliach, gobernador del estado, y no su desempeño
como alcalde, el botón que lo eyectó.
Por
cierto, si el régimen es tan eficaz combatiendo y castigando a los corruptos,
¿para qué necesita la Habilitante? Para fines distintos a la lucha contra la
corrupción: el control férreo de la conciencia democrática del país, la
imposición del esquema económico socialista, la implantación de la
"democracia comunal", el sometimiento de la libertad de información y
de expresión.
Volvamos
al caso de Valencia. La gente del PSUV anuncia con redoblantes el castigo a
Parra. Lo señala como parte de su lucha implacable contra la corrupción de
cuello rojo. Esta alharaca resulta sospechosa. ¿Por qué tanto bullicio con un
procedimiento que debería ser normal en un régimen decente? Temo que los rojos
estén preparando el terreno para atacar a dirigentes opositores con el
argumento de que así como son severos con los militantes de sus propias filas
que transgreden las normas y se corrompan, serán estrictos con quienes se
encuentran en el bando opuesto. El régimen puede estar pensando que la
defenestración de Parra les da autoridad y legitimidad para enjuiciar a
cualquier gobernador, alcalde, diputado o dirigente de la oposición que les
resulte incómodo. De esta manera matan dos pájaros con la misma bala. La
facción que apoya a Ameliach salió de un dirigente molesto, que desconoció su
autoridad, y el régimen se quitaría de encima a cualquier figura que le haga
contrapeso, por ejemplo, Henrique Capriles o Henri Falcón.
A
esta eventual maniobra hay que salirle al paso. ¡Alertas!
@trinomarquezc
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