En los sondeos de opinión se alternan los
problemas que más preocupan a los venezolanos. En algunas encuestas aparece el
alto costo de la vida, la escasez, el desabastecimiento y el desempleo como los
látigos que más azotan a la nación. En otros, es la violencia y la inseguridad
ciudadana los que concentran la atención. Cualquiera sea el peso relativo de
esas dos dimensiones, lo cierto es que ambas muestran la insondable profundidad
de la crisis que vive el país y ante la cual vemos un gobierno desconcertado,
que solo cuenta con el arma de la intimidación, el hostigamiento y la represión
para tratar de evitar que el descontento se desborde.
El
Plan Patria Segura, divisa del ministro del Interior y Justicia, Miguel
Rodríguez Torres, ha resultado un fracaso estruendoso, entre otras razones
porque es la propia policía la
protagonista de los delitos más comunes. En este rubro los secuestros exprés se
han convertido en una industria próspera y lucrativa. Mientras muchas empresas
agonizan porque no consiguen divisas para comprar repuestos, materia prima o
renovar equipos, las bandas organizadas, con agentes de seguridad como líderes,
se multiplican y enriquecen a velocidades siderales. Los extorsionadores
argumentan que son modestos padres de familia a quienes el miserable sueldo de
policías no les alcanza para mantener con dignidad a la familia. De acuerdo con
esta particular visión, en realidad no cometen una fechoría sino un acto de
justicia social, solo que a través del reparto compulsivo de la riqueza.
El número de crímenes tampoco ha retrocedido.
La proyección indica que en 2013 el número de asesinatos y muertes violentas se
empinará por encima de las 20.000 víctimas. La razón de esta guerra es que hay
más de un millón de armas ilegales que no han sido rescatadas. El programa de
recuperación de armas de fuego fue un fiasco. La gente no entrega su “hierro”
porque lo usa para “trabajar” o porque lo conserva para defenderse.
El
Plan Patria Segura tuvo una versión restringida y acotada a las cárceles. Se
trataba de humanizar los establecimientos penitenciarios, desarmar a los
reclusos, humanizar los centros de reclusión y acabar con los pranes, esos caudillos locales que desatan el terror
en los presos que no se afilian a alguno de los bandos en los que se reparte el
poder dentro de los presidios.
La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris
Valera, en repetidas oportunidades ha anunciado los planes del Gobierno y ha
esbozado las iniciativas que su despacho emprendería para acabar con la
violencia carcelaria. En este campo la frustración es todavía mayor. Venezuela
exhibe el más elevado número de muertes en América Latina entre la población
cautiva. En 2013 los fallecidos serán más de quinientos en una población que
apenas supera los 45.000 reclusos.
El
enfrentamiento en la cárcel de Sabaneta el martes 16 de septiembre dejó
dieciséis muertos. En esa batalla campal entre bandas jefaturadas por al menos
tres pranes -que se prologó por
diecisiete horas- fueron utilizadas armas largas y granadas, que ni se venden
en la botica, ni se pasan camufladas en la comida que los familiares les llevan
a los presos. Los actos de salvajismo cometidos alcanzaron decibeles muy altos.
Ante tal barbarie, a la señora Varela lo único que se le ocurrió declarar fue
que lamentaba que hubiese “liderazgos negativos”, deploraba que hubiese gente
que no sentía “el más mínimo respeto por la vida” y hacia un llamado a “deponer
la violencia”. Por supuesto que ninguna autocrítica a su gestión que ha sido
desastrosa. Ningún anuncio de abrir una investigación imparcial para establecerer
cómo entraron los fusiles y las granadas al presidio, y cómo abundaban las
armas blancas. Ni la más leve amenaza de desentrañar la red de complicidades
existente entre la Guardia Nacional, la policía penal y los pranes. Sus
declaraciones parecíanhaber sido emitidas por una piadosa señora presidenta de
una asociación caritativa y no por una funcionaria de alto rango, con un
conjunto de atribuciones y competencias bien definidas y responsable directa de
lo que ocurre en los penales.
El
Estado renunció a ejercer la autoridad y el control de las cárceles. Les
entregó el poder a las mafias externas e internas. Los resultados son
patéticos. Los presos que logran sobrevivir al horror salen aún peor de lo que
entraron. Agudizar la psicopatía se convierte en un instrumento de defensa
propia. Pedro Carreño: deberías pedirle la renuncia a Iris Varela.
@trinomarquezc
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