Tiene
que llamar la atención la celeridad inusual con la que la Comisión de Política
Interior de la AN arrancó. Pero no para tratar de solucionar la grave
inseguridad que asuela a los venezolanos. No, lo de la mayoría de ellos es
ayudar en los intentos de eternización de Su Chocante Mediocridad. Por eso
arrancaron por la dizque “Ley contra el Terrorismo y la Delincuencia
Organizada”. Que es solo otro intento de pasar la “Ley Sapo”. Tanto, que si
contrastamos el proyecto discutido a finales del 2011 con el que tratan ahora
de imponer con su mayoría espuria, se nota a la legua los añadidos que buscan
seguir llevándonos al “1984” de Orwell.
Primero,
intentan revivir el “estado de sospecha” que sugirió alguna vez uno de los más
irresponsables figurones del régimen. Con eso contrarían algo con lo que está
de acuerdo la gran mayoría de los sociólogos del mundo: no se puede predecir la
peligrosidad. Con ese argumento, entre otros, fue que se derogó la “Ley sobre
vagos y maleantes”. Todos los rojos se hicieron parte en esa causa. Hoy, esa
ley, que nos devino de España, solo sigue vigente en la Cuba de sus amores. Por
eso no dicen nada ahora. Y, por eso mismo, se contradicen e intentan llevarnos
al “Mare Felicitatis”, por órdenes de la gerontocracia castrista. Lo que se
busca es tener un mecanismo más de hostigamiento en un año electoral que tiene
claros visos de triunfo opositor.
Preocupante
también es que se trate de tipificar como obligación dar información acerca de
los “actos sospechosos” de los que se tenga conocimiento. Y hay más: se invierte
la carga de la prueba; no es el Estado quien debe probar que el indiciado es
culpable, sino que es a quien “le echaron dedo” al que le toca demostrar más
allá de toda duda que es inocente. ¡Big Brother a millón! Que una persona ande
con las manos en los bolsillos y que mire de soslayo para todos lados puede
hacer pensar a alguien que el sujeto es un atracador que busca a quién robar.
Pero puede ser todo lo contrario: un sufrido ciudadano que teme que uno de los
muchos salteadores que hay en la vía pública le arrebate la platica que sacó
del cajero automático y lleva en el bolsillo. Lo que pasa es que al meter en un
solo proyecto de ley los delitos de terrorismo y de delincuencia organizada
podrían lograr —previo confabulación entre un sebín rojo y un chivato del mismo
color— el apresamiento de cualesquiera personas; especialmente, opositores
destacados. Si fuesen dos leyes distintas, los bancos pudieran denunciar los
intentos de blanqueo de capitales y los ciudadanos pudiésemos caminar sin
temor. Pero eso no es lo que se quiere.
Pero
lo más grave es el intento que trajeron subrepticiamente de calificar lo que es
un acto terrorista como; "una conducta individual o asociativa, de acción
u omisión, destinada a subvertir el orden constitucional o institucional de un
país, alterar gravemente la paz pública o intimidar a una población, u obligar
a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo". Si leemos con detalle, veremos que ahí cabe de
todo. Hasta las protestas de los damnificados que se manifiestan porque las
viviendas se las están dando a los del PUS y no a ellos —los que en mala hora y
después de años de falsas promesas— siguen en los refugios.
¿Por
qué no se guían por la que es la definición aceptada por la mayoría de las
naciones civilizadas del mundo? Esa que no ha sido posible pasar en las
Naciones Unidas porque a los regímenes forajidos, entre ellos el de Venezuela,
no les conviene, ya que los despojaría del arma con la cual amedrentar a
quienes piensan diferente a ellos.
La
definición que es aceptada casi por todo el mundo la dio Yonah Alexander, el
director del Instituto para el Estudio del Terrorismo Internacional: “el uso de
la violencia contra objetivos civiles al azar a fin de intimidar o crear miedo
generalizado con el propósito de lograr objetivos políticos”. La palabra clave
es “violencia”. Y las protestas populares, como regla general, no son
violentas; es el régimen el que la ejerce contra ellas. Ya sea por medio del
“aparato represivo del Estado”, para ponerlo en palabras de Althusser —alguien
a quien ellos leían mucho, antes de ser gobierno—, ya sea mediante el uso de
fuerzas de choque tipo “La Piedrita” o de los seguidores del expulsado de la
UCV que tiran gases para tratar de acabar con la derrota electoral que se les
viene encima.
Lo
necesitan urgentemente. Por eso fue que el diputado Henry Hernández ya señaló
que toda “la oposición es violenta". Una mentira más en el piélago de
irresponsables engañifas de estos trece largos años…
hacheseijaspe@gmail.com
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