¿Incitación al odio?
Un sucinto análisis más allá del tiempo presente, deja ver la repugnante muestra de adulancia en el discurso de encumbrados oficiales en altas esferas gubernamentales quienes se han atrevido a desafiar otro resultado electoral distinto de aquel que pueda resultar de una decisión popular que devenga en la derrota del actual presidente de la República.
En lo que va de siglo XXI, la praxis política ha terminado por desfalcar importantes esfuerzos en torno al propósito de asentir la consciencia ciudadana en una sociedad zarandeada por los fantasmas de la consternación en todas sus manifestaciones. Desde los que asoman la inseguridad jurídica, hasta los que muestran las carencias, las tribulaciones y las injusticias. Y si a esto se suma el maniqueo derivado del cuadro de salud del presidente de la República, quien valiéndose de la situación busca azuzar emociones e incitar sensibilidades que busquen comprometer actitudes proselitistas que tiendan a favorecerlo en su afán por mantenerse en el poder, el cuadro político nacional pinta sombrías expectativas. Sobre todo después de jugarse “a Rosalinda”. O de apostar al hecho que podría significar su reelección mediante el solapado soborno de la fuerza militar representado en el aumento de sueldo a dicho sector en un 50% y con efecto retroactivo.
Un sucinto análisis más allá del tiempo presente, deja ver la repugnante muestra de adulancia en el discurso de encumbrados oficiales en altas esferas gubernamentales quienes se han atrevido a desafiar otro resultado electoral distinto de aquel que pueda resultar de una decisión popular que devenga en la derrota del actual presidente de la República. Indudablemente, esto desbordó el malestar de la población venezolana toda vez que rechaza tan impúdicos anuncios que no reflejan otra cuestión distinta de lo que en política se denomina: régimen dictatorial.
Al lado de esta situación, el país político ha vivido recurrentemente el problema de anuncios de aumentos salariales cuyo monto, además de ser producto de una determinación que desconoce necesidades planteadas por el trabajador, reproduce una realidad humillante. Particularmente pues no sólo termina incumpliéndose, sino también luce insatisfactoria en términos de la aguzada inflación que afecta toda posibilidad de mejorar la calidad de vida del venezolano en cualquiera de las ocupaciones y oficios en los que modesta y abnegadamente labora.
Es así como maestros, profesores universitarios, profesionales de la salud, policías y demás actores sociales al servicio de la administración pública, en posiciones de mediano y bajo rango, pese a sus protestas y huelgas de hambre, son vapuleados por la verborrea presidencial al momento de prometer condiciones salariales que escasamente rayan en meras dádivas. Igual sucede con los situados, presupuestos universitarios y de corporaciones estatales toda vez que el alto gobierno no respeta la justa y necesaria distribución que debe realizar en función de deberes constitucionales y derechos políticos.
Comparar el grosero aumento del sueldo del sector militar, ya incrementado en un 30% (2008) y en 40% (2010) con el menguado salario del sector civil, incita un descontento atroz que termina creando una rotura social, aparte de la polarización política y sus nefastas consecuencias. Es pues que encubriéndose en ridículas argucias como las aludidas por “el arduo trabajo de los militares” (¿cuál), que “no tienen horario” (para qué), porque “no tienen sindicato” o porque ello obedece al “odio de la burguesía”, el presidente sólo está zanjando más aún la diferencias que ahogan este país entre hechos exclusión, corrupción, discriminación y perversión que han caracterizado la gestión política emprendida con la aviesa intención de derrumbar la democracia para sustituirla por una autocracia. Acaso ¿no es esto una traslúcida incitación al odio? ¿O es que sembrar discrepancia o disparidad en un país que supuestamente “es de todos”, no es incitación al odio?
VENTANA DE PAPEL
¿BOZAL DE AREPA O INCONDICIONAL?
No hay duda de que el presidente de la República continua obteniendo provecho del resentimiento nacional que ha inculcado su discurso de rabia y virulencia. La división y el enfrentamiento que ha dejado en la sociedad venezolana, es hoy caldo de cultivo de una posible confrontación entre sectores y actores políticos, económicos o sociales. De ahí que resulta de sumo peligro el hecho de que se haya dado un incremento del sueldo militar que, a toda vista, luce contrario al principio de igualdad que ordena la Constitución cuando alude a él entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que traza los canales sobre los cuales Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, según lo estipula el artículo 2 de la Carta Magna.
Entonces, ¿qué pasaría si en medio de tan marcadas diferencias entre el sector militar y el civil se produce una confrontación animada por la declaración de rastrera sumisión de altos oficiales que sacrificaron su conciencia por una irracional y ciega obediencia? Sobre todo, cuando han convertido el poder en razón y sentido de vida. ¿O es expresión de lo que llaman “bozal de arepa” o es sólo el simple resultado de ser incondicional?
ACELERAR LA “REPOLARIZACIÓN”
¿Sabe usted lo que significa “acelerar la repolarización”? Aunque tal frase pertenece al intoxicante léxico del presidente de la República expresada el pasado viernes a través de una llamada telefónica a Venezolana de Televisión, VTV, su acepción es sinónimo de más separación entre los factores políticos que hacen vida activa en el país. No exactamente para referirse al crecimiento del denominado Polo Patriótico, como lo pretendió públicamente.
El mismo personaje que clama piedad ante el Santo Cristo de la Grita o aduce su fe católica ante el Dr. José Gregorio Hernández, sigue incitando el odio entre venezolanos por razones de burda politiquería que encubre con desviaciones que buscan hacer creer que “las nubes son de algodón de azúcar mezclado con leche”. Tanto que manifestaba telefónicamente que la posibilidad inalcanzable de acordar cualquier acercamiento con la oposición, “sería la muerte (…) ellos allá” y quienes quieran patria deben “seguirme”. ¿Acaso con criterios así de insidiosos podrá el país salir del atolladero que el propio régimen ha incitado con su manera retorcida de procurar cambios que atiendan el pensamiento bolivariano?
¿QUÉ MÁS IBA A PENSARSE?
Imaginar que la decisión de la Sala I de Apelaciones del Tribunal Supremo de (In)Justicia sería de conformidad con principios de justicia, resultaría un exabrupto del tamaño de una catedral. Y en efecto, así sucedió toda vez que el fallo declaró sin lugar la apelación introducida por la defensa legal del periodista Leocenis García, director fundador del crítico semanario Sexto Poder.
Esto quiere decir que tras la decisión conocida este viernes, el comunicador social seguirá privado de su libertad por inverosímiles razones que nadie, con alguna holgura mental y capacidad intelectual, se la creería. Y a todas estas, ¿dónde quedan las libertades políticas que supuestamente permiten la expresión, la opinión, la información y la comunicación sin más requerimientos que la veracidad y la objetividad? ¿Dónde están los derechos humanos cuando hablan en nombre de esas mismas libertades? Con razón que el examen por el cual pasó el estado venezolano representado por conspicuos funcionarios, no alcanzó ni siquiera la mínima nota. Venezuela desaprobó el examen. Muy a pesar de que quiso “copiarse” con al ayuda de representaciones compradas como la de Cuba cuyos alegatos a favor de Venezuela, fueron vergonzosos por mentirosos y descarados.
MUERE LA PROPIEDAD PRIVADA. Q.E.P.D.
Con la aprobación por parte de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, fenece el último reducto que, por ahora, contaba los propietarios de inmuebles para convalidar sus derechos constitucionales. Esta normativa además de desequilibrada en virtud del carácter desigual con el cual fundamenta sus criterios, es contradictoria por cuanto desdice del principio de justicia que sirve de razón a los valores que aduce la Constitución para exhortar las garantías que promueven el bienestar y el respeto hacia todo ciudadano, indistintamente de su credo, religión, sexo o postura político–ideológica.
Todo lo que refiere dicha ley, en lo grueso y en lo fino, defiende los intereses del inquilino por lo que resulta casi inmediato la posibilidad que tiene para arrebatarle al dueño del inmueble su propiedad sin consideración o alguna justificación de peso. Así que al beneficiar una sola de las partes, esta ley se convierte en una normativa que atenta contra toda legalidad que busque reivindicar la democracia en su terreno jurídico y social. De esta forma, muere la propiedad privada en el país. Q.E.P.D.
Antonio José Monagasamonagas@cantv.ne
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