viernes, 19 de agosto de 2011

ANÍBAL ROMERO: THATCHER Y LA REVOLUCIÓN

Cuando llegué a Inglaterra a estudiar por vez primera en 1971 encontré un país empobrecido y apesadumbrado, colocado en la práctica bajo el chantaje permanente de los sindicatos socialistas vinculados al partido laborista. Tuve ocasión de presenciar varias elecciones generales, y recuerdo que una de ellas se luchó en función de la pregunta: ¿quién gobierna realmente en Gran Bretaña? Tenía sentido pues la influencia de los sindicatos asfixiaba al parlamento democráticamente electo. El país que conocí hace cuatro décadas es hoy difícil de imaginar.
Margaret Thatcher
Volví en 1981 a seguir mis estudios y hacer el Doctorado. Para ese momento, Margaret Thatcher completaba dos años como Primer Ministro y ya había marcado de manera profunda el curso de la política británica. Desde Londres fui testigo de sus épicas batallas contra los sindicatos de izquierda, así como de la severa lección que infligió a los sanguinarios e incompetentes militares argentinos en la guerra de las Malvinas. Constaté que Margaret Thatcher era un líder muy distinto a la inmensa mayoría de los dirigentes democráticos de entonces y ahora. En lugar de leer encuestas y tratar de complacer al público mediante la condescendencia demagógica, Thatcher actuaba según sus convicciones más hondas y no temía expresarlas con absoluta sinceridad.
Las más relevantes entre esas convicciones tenían que ver con el valor supremo de la libertad de las personas, así como con la necesidad de que los individuos asuman sus responsabilidades y acepten las consecuencias de sus actos. En lugar de paternalismo, Thatcher predicaba la autosuficiencia de cada cual en el sentido ético; en lugar de socialismo, Thatcher pregonaba el lazo íntimo entre la economía de mercado y la libertad política; en lugar de acomodo con el comunismo tras la cortina de hierro, Thatcher lanzó un mensaje de cuestionamiento sin concesiones a la tiranía, y de liberación  para los pueblos subyugados en la URSS y Europa del Este.
La izquierda mundial siempre ha repudiado a Margaret Thatcher, y pienso que las razones del intenso rechazo que todavía suscita en los medios bienpensantes del progresismo internacional, no tienen que ver fundamentalmente con las políticas que implementó, aunque desde luego ello ejerce una influencia. Las razones del repudio se deben a que Thatcher desafió al socialismo en su propio terreno, el de las ideas, condenándole como un camino que conduce de modo inevitable a la opresión, la dependencia y la servidumbre.
Thatcher llevó a cabo una verdadera revolución en Inglaterra, pues como bien dice Hannah Arendt, las revoluciones genuinas buscan la libertad del ser humano, en lugar de intentar resolver la “cuestión social” por medios políticos. Este último rumbo, como ahora lo vemos repetido en Venezuela, siempre culmina en despotismo.
A pesar del enorme progreso a que dio impulso en Inglaterra, un avance que sacó al país de su torpor y efectivamente le modernizó, el estilo y sustancia de Thatcher nadaban contra la corriente de nuestro tiempo, que empuja hacia el intervencionismo del Estado en la economía y las fórmulas socialistas, a la subordinación de los políticos bajo los vaivenes electorales y al paternalismo del Estado de Bienestar, hasta culminar en la decadencia y ruina que hoy estamos presenciando. Los sucesores de Thatcher regresaron a las prácticas socialistas de siempre, que han desembocado en la violencia nihilista de una generación acostumbrada a recibirlo todo del Estado, que desconoce la responsabilidad personal y aguarda que los gobiernos la subvencionen. 
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LUIS CARLOS PALACIOS: INFORME MENSUAL SOBRE ECONOMÍA Y PETRÓLEO. WWW.ANALITICA.COM. JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 2011


·        Declinación económica
·        Economía e involución institucional
·        Decadencia petrolera y rentismo.
·        Deterioro de capacidad productiva y restricción externa.
·        Reconstrucción con visión de futuro


RECONSTRUIR A VENEZUELA
DECLINACIÓN Y SU PROFUNDIZACIÓN
En los últimos 32 años Venezuela ha vivido un proceso prolongado de declinación económica y social. Desde 1978 hasta 2010 el producto per capita ha decrecido, con esporádicos “brotes” de crecimiento ligados a auges de precios petroleros. Ello contrasta con la evolución positiva que tuvo Venezuela en un largo periodo anterior. Desde 1950 (aún antes)  hasta los años 1970s prevaleció el crecimiento, continuo y estable, con inflación muy baja; período que incluye 20 años de democracia moderna (1958-1978). Obviamente, la declinación ha afectado el ingreso por habitante, hoy es  aproximadamente 8 por ciento inferior al de 1978, cuando debería haber sido significativamente superior.[1]  Además, existe alto desempleo e informalidad, con niveles de pobreza elevados, violencia e inseguridad crecientes; acompañados alta inflación, de las más altas mundo.

Bajo el actual gobierno, a pesar de un “gran auge” de precios del petróleo, quizá el más importante en la historia moderna; los problemas y las distorsiones se han profundizado. La marcha hacia el “socialismo real” ha estimulado en forma significativa el rentismo petrolero y los rasgos negativos que obstaculizan el desarrollo económico y social.
El rápido ascenso de los precios  del petróleo en los 2000s estimuló un brote de crecimiento en 2003-2008, para luego caer al explotar la burbuja de los precios petroleros, con descensos importantes del producto en 2009 y 2010; a pesar de que en 2009 los precios del petróleo ya habían experimentado recuperación. La recesión venezolana fue una de las excepciones en la región. La gran mayoría de los países América Latina, y economías emergentes de otras regiones, pudieron instrumentar políticas anti-cíclicas exitosas. La raíz de este comportamiento negativo está  en la involución institucional impuesta por la elite gobernante desde el Poder Ejecutivo, contraviniendo la Constitución. Como índica el texto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales “La Reconstrucción Institucional del País” [2], el marco institucional venezolano ha sufrido una grave regresión.
 “Venezuela constitucionalmente es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. En este sentido la constitución es un programa para el establecimiento de una sociedad democrática y plural. Sin embargo, en nuestra realidad política la separación de los poderes públicos ha sido sustituida por un predominio prácticamente del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que se postula la inconveniencia de la separación de poderes; la representación popular y los procesos electorales no representan los resultados de las últimas elecciones; la ausencia de un Parlamento autónomo causa un desequilibrio a favor de uno de los poderes públicos. Por otro lado, el desconocimiento del sistema económico constitucional lleva a considerar la libre iniciativa no como un derecho sino como excepción dentro de la planificación económica gubernamental, y la propiedad como una simple licencia del Estado para el uso de los bienes en los sectores de la producción, industriales, del comercio y de los servicios.”
En cierta manera la larga declinación es una paradoja, una situación auto-impuesta difícil de explicar. Venezuela es un país con una importantísima dotación de reservas naturales de petróleo, de las más altas del mundo. El uso prudente del ingreso petrolero hubiese podido evitar la primera tentación estatista a raíz del “gran auge” de precios del petróleo de la segunda mitad de los años 1970s y la fuerte declinación que se presentó al caer los precios del petróleo.  Si continua la marcha hacia el “socialismo real” y su estatismo rentista desbordado la “trampa de pobreza” se acentuaría. Como muestra la historia, el “socialismo real” ha sido un fracaso, social, económico y político; abandonado por China, Rusia y otros países donde se implantó este tipo de sistema, a excepción de Corea del Norte y Cuba. La crisis de la deuda que hoy sufren las economías avanzadas no puede ser una coartada para abandonar los mecanismos de mercado. Más bien es una enseñaza acerca del peligro que representan arreglos institucionales y políticas públicas inconsistentes, por ejemplo, las que arrojan déficits fiscales elevados y crónicos, o la falta de supervisión del sistema financiero.
Venezuela debería cambiar su rumbo e iniciar la reconstrucción de sus instituciones y economía con una visión de futuro, adecuada a los nuevos retos. Es necesario aprender tanto de nuestros errores del pasado como de las experiencias fallidas, y tomar en cuenta los cambios en el entorno internacional.  Existe la experiencia positiva de economías emergentes que muestran crecimiento positivo con relativo desacoplamiento de los problemas que presentan las economías avanzadas.
Se requiere construir una economía productiva, con una base económica más diversificada, competitiva, capaz de crecer en forma continua, reduciendo la pobreza y la desigualdad en forma determinante. Una tarea difícil, dado el legado de distorsiones existentes, pero posible con el respaldo de todos los factores de la nación. La condición de partida es un cambio político que permita iniciar la reconstrucción institucional y económica de Venezuela.

ECONOMÍA E INVOLUCIÓN INSTITUCIONAL

El obstáculo central que enfrenta Venezuela para desplegar sus posibilidades es la involución institucional que ha impuesto la elite gobernante desde la Presidencia. Económicamente abarca dos aspectos interrelacionados; rentismo petrolero y evolución hacia el “socialismo real”, con desconocimiento de los derechos de propiedad, estatismo creciente y aumento de los controles.
Ha surgido una capa social, la nueva elite y su nomenclatura estatista, que controla el poder político y obtiene importantes beneficios económicos del nuevo arreglo institucional. Ello en una atmósfera donde no existe transparencia ni rendición de cuentas, con niveles muy altos de corrupción. La propaganda del Estado intenta trasmitir la idea de marcha hacia una sociedad socialista de “iguales”, armoniosa y sin explotación, lo que no pasa de ser una inversión caricaturesca de la realidad. Es tan solo una “falsa conciencia” para justificar la posición privilegiada de una elite en el poder con fuertes  rasgos cleptocráticos.

El desconocimiento de los derechos de propiedad (presentes en la Constitución) se evidencia en expropiaciones y confiscaciones, las cuales han afectado un número importante de unidades productivas agrícolas, industriales y unidades de servicios (como estacionamientos y comercios urbanos), parte de las cuales ha dejado de existir. El comportamiento económico de las que perviven bajo la dirección de la nomenclatura estatal es negativo: sus niveles de producción se reducen, arrojan pérdidas y  dependen de transferencias estatales. El ejemplo de las empresas “básicas” de Guayana o de empresas productoras de cemento es ilustrativo.
Acompañando la estatización creciente se intenta extender los controles estatales a toda la economía, remplazando paulatinamente los mecanismos de mercado por precios  dictados por la autoridad central, un paso complementario para establecer una “economía de comando”. El último ejemplo en este camino en la nueva Ley Costos y Precios Justos, donde el arcaísmo no solo prevalece conceptualmente sino que se revela en el título mismo del texto. La expresión “precios justos” es una frase tomada del pensamiento escolástico, de los criterios que Santo Tomas de Aquino defendió en La Suma Teológica.  Una economía moderna, con cientos de miles de productos y servicios (intermedios y finales), y complejas interrelaciones; requiere de precios establecidos en el mercado para su funcionamiento eficaz, con controles adecuados en áreas especiales o situaciones de clara distorsión. Las señales de precios son un mecanismo para la asignación de recursos, distribución de factores y bienes en toda la red económica; un aspecto clave para la innovación. Intentar remplazar al mercado por un aparato administrativo sería volver al pasado remoto o al  fallido experimento del “socialismo real”.


DECADENCIA PETROLERA Y RENTISMO
A pesar de los serios problemas de información impuesta por el Ejecutivo, un hecho está claro: los últimos doce años son de declinación de la producción petrolera. Estamos en presencia de un “rentismo exacerbado”, con especialización casi total en exportaciones petroleras, decadencia de la producción petrolera en volumen y aumento importante del coeficiente de importaciones sobre el producto.
En 1998 la participación de las exportaciones no petroleras en el total de las exportaciones alcanzó el 31 por ciento, reduciéndose al 5 por ciento en 2010;  en dólares corrientes las exportaciones no petroleras bajaron 37 por ciento. Los altos ingresos por exportaciones petroleras, que en 2010 se multiplicaron por más de cinco veces respecto a 1998 (según información que publica el BCV), es el resultado de altos precios del petróleo. Con la eliminación práctica del  Fondo de Estabilización Macroeconómica Venezuela está sujeta a la volatilidad de los precios petroleros, como se evidenció en 2009 y 2010, cuando no se contó con fondos para aplicar una política anti-cíclica.
La producción en volumen ha descendido en forma apreciable. Tomando las cifras que divulga el Banco Central, en los últimos doce años el producto del sector petrolero en términos constante cayó 17 por ciento. El consumo doméstico ha crecido rápidamente, tanto por el crecimiento de la población como por el precio domestico de la gasolina, el más bajo del mundo. Ello quiere decir que las exportaciones petroleras en volumen han descendido con más fuerza que la declinación de la producción como un todo.

Parte de la exportación no genera caja o ingresos corrientes, ya bien por que ser exportaciones que se hacen a Cuba y otros países en condiciones especiales, o porque son pagos por deuda contraída, como los casos con China y Japón. PDVSA se ha transformado en una empresa ineficaz, con muy baja inversión en el sector petrolero. Endeudada, con compromisos de pago de deuda (especialmente con China) por petróleo, envíos crecientes hacia el futuro; incapaz bajo las actuales condiciones de incrementar la producción petrolera en volumen en forma significativa.
El área fiscal se ha caracterizado por déficits altos recurrentes, con proliferación de organismos para-fiscales, como Fonden (y otros fondos), los cuales funcionan sin transparencia ni rendición de cuentas. Fonden ha recibido parte importante de las reservas internacionales del BCV para gastos domésticos, un financiamiento monetario significativo del gasto de gobierno.  La deuda, externa y doméstica, ha crecido en forma acelerada, a pesar del auge de precios del petróleo. Según el BCV, la deuda externa pública (supuestamente sin incluir  los acuerdos de pagos con petróleo o parte deuda de PDVSA) fue de 77.485 millones de dólares en el primer trimestre de 2011, lo que implicaría una tasa de crecimiento anual promedio de 18 por ciento en los últimos seis años, difícil explicar con los elevados ingresos por exportaciones petroleras. No existe información oficial coherente de la deuda externa total. Algunas estimaciones suponen  que la deuda externa contabilizada en forma consistente podría representar el 52 por ciento del producto. La deuda interna a diciembre de 2010 era de 21.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La proporción de deuda sobre producto no es muy elevada, pero si se mantiene una diferencia tan alta entre el ritmo de crecimiento de la deuda y el del producto, se coloca en entredicho la solvencia del país.

En el mismo sentido llama la atención la alta tasa de rendimiento a la cual se coloca la deuda externa, 12 por ciento. Aproximadamente, con una prima de riesgo de 1.000 puntos básicos respecto a las Letras del Tesoro de EEUU (cercana a la prima de Grecia respecto a los bonos alemanes),  indicando desconfianza acerca de  la capacidad de hacer frente a las obligaciones externas hacia el futuro. El alto rendimiento que se exige a la deuda externa puede estar motivado por desconfianza política y la posibilidad de que la situación de las cuentas externas sea menos favorable a la que presenta la versión oficial. Agencias internacionales especializadas en el mercado petrolero estiman que la producción petrolera venezolana es menor a la que muestra la información oficial. 

DETERIORO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y RESTRICCIÓN EXTERNA
Las expropiaciones, confiscaciones (o el peligro de este tipo de acción) y el exceso de controles han limitado la inversión privada. A su vez, la inversión pública ha sido francamente ineficaz, sin transparencia, acompañada de elevada corrupción. Un ejemplo es el deterioro que presenta el stock de capital público de infraestructura, como se evidencia en la red viaria y otros tipos de redes públicas. Resumiendo, la capacidad productiva doméstica está afectada por el deterioro del stock de capital (físico y humano) y de la productividad total.
El comportamiento de la inflación esta relacionado con el debilitamiento de la capacidad productiva doméstica. La restringida oferta doméstica no es capaz de reaccionar con suficiente fuerza a inyecciones de demanda de gasto público, lo que se traduce en inflación alta y recurrente; con crecimiento importante de las importaciones. De 1998 a 2010 el ritmo de crecimiento de las exportaciones es más del doble que el del producto: el cociente importaciones-producto se ha elevado. La dependencia externa desde el lado de los ingresos se petroleros se complementa por creciente necesidad de importaciones. La restricción externa se ha hecho determinante y estamos cada vez más sujetos a altos precios del petróleo.
 
RECONSTRUCCIÓN CON VISIÓN DE FUTURO

Venezuela requiere cambiar de rumbo, con visión de futuro, acorde con los nuevos retos. Para ello es necesario iniciar la reconstrucción, política, social y económica, aprendiendo de nuestros errores y de la experiencia internacional, superar los esquemas de rentismo extremo, tanto el actual como los que operaron en el pasado sin que  estuviesen signados por la tendencia al totalitarismo.

Dos objetivos  resaltan en la reconstrucción económica. Por un lado, aumentar en forma significativa la producción petrolera y, al mismo tiempo, diversificar de nuestra base económica, desarrollando la producción de transables y reconstruyendo el stock del capital, tanto del capital público como privado, las bases para el crecimiento con desarrollo. Se trata de una tarea difícil pero posible, realizable en el marco de la constitución, respetando los derechos de propiedad y el funcionamiento de los mercados, con el apoyo de todos los sectores. Para ello se necesitan políticas económicas cónsonas con nuestras características específicas y reformas institucionales importantes. A continuación se indican un conjunto de ámbitos donde se sugieren reformas importantes.

En el ámbito petrolero es necesario limitar el poder exclusivo del Ejecutivo, actualmente el único factor decisorio. Los ingresos externos petroleros pueden ser utilizados para conformar un arreglo institucional regresivo, como ha sido el caso en Venezuela y de otros países petro-exportadores. Se debería  romper el círculo vicioso del rentismo extremo desde la raíz, reduciendo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en este ámbito, diversificando la facultad de toma de decisiones con otros órganos del Estado y creando organizaciones que respondan directamente a la sociedad civil, al mismo tiempo que se aumentan en forma radical los controles, la transparencia y rendición de cuentas.

Así mismo se requiere especial atención al sector petrolero desde la perspectiva productiva. Actualmente la producción es muy baja respecto al nivel de reservas naturales, manejada por una empresa estatal monopolista con todas las atribuciones, control de los yacimientos, producción, distribución y mercadeo. Se requieren reformas que coloquen incentivos para incrementar la producción y productividad  del sector sin privatizar a PDVSA ni disminuir los aportes del sector al fisco. Al contrario, la elevación de la producción y eficiencia mejorarían la contribución al Estado. Una vía importante sería introducir competencia en el sector, permitir en forma clara la presencia de otros agentes productivos y separar el control de de los yacimientos naturales de la producción. El control de los yacimientos naturales debería estar en una organización diferente a las empresas productoras.

El Estado en la sociedad moderna juega un rol imprescindible, de coordinación y  necesario para la reducción de la pobreza y el crecimiento. Pero en Venezuela el Estado  está totalmente sobre-dimensionado, cargado de funciones, atribuciones y empresas que no puede manejar en forma eficaz, representando una pesada carga para toda la sociedad. Es necesario reducir su tamaño, mejorando su eficacia, transparencia y rendición de cuentas. La reducción del Estado no indica la conformación de un “Estado mínimo” sino su concentración en áreas o funciones donde es imprescindible o donde existen razones sociales para mantener una presencia importante del mismo. Se requiere una dedicación especial del Estado a servicios básicos como educación y salud, y al desarrollo de la infraestructura o bienes públicos. Las transferencias sociales o subsidios deberían concentrarse en los grupos de ingresos bajos.

Además, se requieren reformas en la fiscalidad, orientadas generar una trayectoria hacia el equilibrio y dar estabilidad al crecimiento. Deben desaparecer los mecanismos para-fiscales que han proliferado en los últimos doce años, ligados a numerosos fondos bajo el control discrecional del  Ejecutivo, que operan en la oscuridad sin rendición de cuentas. Se debe recapturar la idea de un fondo de Estabilización y Ahorro, manejado por un ente distinto al Poder Ejecutivo, una protección adecuada ante la volatilidad petrolera.  Así mismo, se requiere mantener un tipo de cambio competitivo que de viabilidad a la diversificación productiva. El Banco Central debe recapturar su independencia, de manera tal que la política monetaria pueda tener una contribución importante en el control de la inflación.

En síntesis, Venezuela requiere una estrategia de desarrollo orientada al futuro, superar el “rentismo exacerbado” y la involución regresiva que representa la marcha al “socialismo real”. Reconstruir la sociedad dentro de esquema productivo y solidario, capaz de generar crecimiento estable con reducción de  la pobreza y desigualdad.


[1] Si la economía hubiese crecido en los últimos 32 años a un ritmo similar al de 1950-1978, el ingreso por habitante actual hubiese duplicado al de 1978.

[2] Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “La Reconstrucción Institucional del País”, pág. 10; Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de Ciencias de la Medicina, Academia de Ciencias Físicas, Matemática y Naturales, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Academia Nacional de la Ingeniería; (2011), Propuestas a la Nación, Caracas, Julio.
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VIRGINIA CONTRERAS: OLLANTA HUMALA, “NO JURARÁS SU SANTO NOMBRE EN VANO”

El pasado 28 de julio Ollanta Humala asumió el cargo de presidente de la República del Perú para el cual fue elegido por los próximos 5 años. Después de tanta tensión en la contienda electoral, ese día prometía un poco de tranquilidad. Por lo menos así lo aseguraba el propio presidente electo, si bien su antecesor, y todavía presidente en funciones, Alan García,  presentía algún tipo de desaguisado, razón por la cual prefirió no asistir al evento de juramentación, sabia decisión.
A pesar de haber transcurrido poco menos de un mes del evento, existen algunas circunstancias vinculadas a las actividades del nuevo gobernante, que ameritan algún tipo de análisis a los fines de tratar de interpretar lo que eventualmente sería el camino que podría tomar este gobierno que apenas comienza.
El 28 de julio, por sí solo, es una fecha que produce cierto impacto cabalístico. Además de conmemorarse la independencia del Perú, y de ser la oportunidad fijada por la Constitución de la República para asumir la presidencia, curiosamente se celebra el cumpleaños de dos personalidades controversiales (las cuales en su oportunidad mantuvieron una estrecha relación), que de una u otra forma han marcado los destinos del actual mandatario peruano. Nos referimos a la fecha de nacimiento del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y del ex presidente Alberto Fujimori, del Perú. Aun existiendo esta curiosidad, el hecho al que nos queremos referir no se debe a la prodigalidad de cumpleaños, ni a la independencia del país, sino a la particular manera cómo el presidente Humala ha comenzado a gobernar, hecho que tarde o temprano podría repercutir en los destinos de su país.  Una de estas circunstancias se refiere a la juramentación al cargo de presidente de la República.
A diferencia de lo que tradicionalmente había venido sucediendo con los mandatarios anteriores, el nuevo gobernante, en ese momento solemne, decidió invocar la Constitución derogada de 1979, en vez de referirse a la vigente (1993).
No importaba que el propio mandatario hubiese sido electo en base a esta última Constitución, que a todas luces despreciaba. Tampoco que su vida como político hubiera estado amparada por los mandatos de esta Constitución, o que los derechos de sus hijos hubieran sido resguardados bajo la misma, e incluso que el sistema democrático de su país hubiera podido mantenerse bajo los principios, normas y valores de la Constitución que desdeñaba.  Para él era suficiente que la Carta Magna hubiese sido promulgada bajo instancias del para entonces presidente Alberto Fujimori, (a quien el presidente Ollanta, y su hermano Antauro intentaran derrocar el 29 de octubre de 2000) para que, per se, el instrumento jurídico careciera de validez. Ese mismo ejemplo de Humala, lo asumieron los demás funcionarios juramentados por el mandatario; y bajo estos mismos conceptos, unos más fanáticos que otros, se pronunciaron algunas autoridades representativas de las instituciones políticas del Estado.
El presidente del Tribunal Constitucional,  Carlos Mesía, por ejemplo, no encontró ningún inconveniente respecto a la juramentación del presidente. De acuerdo a su criterio, a pesar de la actitud del mandatario, se daba por entendido que el gobernante juraba por los mismos principios y valores establecidos en la Constitución actual. Para afianzar su posición, señalaba el Magistrado, (adelantando opinión respecto a una situación que muy posiblemente podría llegar a sus manos, de interponerse algún recurso jurisdiccional al respecto) que dicha Constitución, en su artículo 116, no establecía fórmulas obligatorias para jurar como presidente de la República.
Otros, como la primera vicepresidenta del Perú, la Sra. Marta Espinoza, y el segundo vicepresidente, Omar Chehade (juramentados por el propio presidente Humala, bajo similar formalidad) se enfrascaban en una confusa explicación en la cual, si bien pretendían restarle importancia al juramento, parecieran preparar el terreno para lo que sin duda alguna será la reforma constitucional por venir. Es cierto que en principio las opiniones de estos funcionarios, y del mismo presidente Humala, apuntan hacia una reforma que sería iniciada por el Congreso de la República, pero es evidente que produciéndose la misma a sugerencia del mandatario, dichas reformas contendrán los deseos presidenciales.
El tema del juramento en cuestión resulta interesante desde el punto de vista jurídico, y poco menos que infeliz, desde el punto de vista político. Esto último, por cuanto que si el nuevo mandatario quería comenzar su gestión en paz y concordia, lo menos que ha debido hacer es evitar causar resquemores desde el primer día de su mandato, más aún cuando casi la mitad de la población rechazó su propuesta electoral.
Es cierto que en la Constitución vigente no existe una fórmula sacramental para la juramentación, como si ocurre en la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recordemos, incluso, que debido al error cometido por parte del presidente Obama en el momento de repetir las palabras sacramentales, fue necesario días después, repetir dicha juramentación. Pero esta circunstancia, de no existir exactamente un rosario específico de palabras para ser repetidas por el presidente peruano, no le resta importancia a un acto, que como el de juramentación, le otorga eficacia al acto administrativo de proclamación dictado por la máxima autoridad electoral del Perú.
Admitir, (como automáticamente pretendieron hacerlo las personalidades aludidas), que lo importante era simple y llanamente jurar por aquello que considerara conveniente el Sr. presidente, haciendo referencia a una Constitución distinta (aún cuando en la práctica ambas Constituciones no fueran tan disímiles), nos llevaría a aceptar que el presidente Humala hubiera decidido jurar por la Constitución bolivariana, o por la ecuatoriana, o tal vez  hasta por la francesa, si éstas recogían, “a su juicio”, similares principios a los por él concebidos como respetables. Reconocer como válidas estas consideraciones permitiría incluso, que el día de mañana el presidente de turno, jurara por la Constitución de una compañía anónima, o por el Decreto de Guerra a Muerte del Libertador Simón Bolívar, simplemente porque a aquél le pareciera que los principios allí contenidos se asimilaban mejor con sus requisitos particulares.
Pero aún a despecho de la opinión del alto Magistrado judicial, valdría la pena hacer un recuento de lo que ha significado el acto de juramentación en  una República como la del Perú. Así tenemos que la primera Constitución del Perú, (1828), en su artículo 87°, establecía formalmente el contenido sacramental del referido juramento. En este sentido señalaba: “El Presidente y Vicepresidente, para ejercer su cargo, se presentarán al Congreso a prestar el juramento siguiente:   ”Yo, N.N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente (o Vicepresidente) que me ha confiado la República: que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e Independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes”.
Posteriormente, la Constitución de 1839 disponía, en su artículo 86°, el texto que había venido siendo usado hasta el presente (si bien se eliminó la mención específica de resguardar la religión católica). Esta circunstancia sería prácticamente repetida 14 años después (1853) en el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas, cuando el Congreso era bicameral.
Aún así, teniendo en consideración éstos antecedentes, el juramento formulado por el presidente Humala fue el siguiente: “Juro por la Patria que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de la República que me ha confiado la Nación por el período presidencial 2011-2016; que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional, y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu y los principios de la Constitución de 1979 (subrayado nuestro); que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión, y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.”
La Constitución peruana vigente establece los lineamientos generales de lo que representa la investidura del presidente de la República. Señala: “De la  Función Pública: Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”.
El Artículo 40° de dicha Constitución dispone: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”.
Esa “Ley” a la cual hace mención el documento fundamental peruano, no es otra que la “Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza del Perú”, la cual en su Artículo 6º.- dispone: “De la clasificación: Los Funcionarios Públicos se clasifican en:
6.1.- Funcionario público de elección popular, directa y universal o confianza política originaria.- Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo del Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución y las leyes de la materia.
Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:
a) Presidente de la República.
b) Vice Presidentes de la República.
c) Congresistas de la República.
d) Presidentes y Consejeros Regionales.
e) Alcaldes y Regidores.
Igualmente el Artículo 8º.- de la mencionada Ley, señala: “Del nombramiento y designación en el cargo y su publicidad: Se adquiere la condición de funcionario público a partir del nombramiento para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Sin embargo, sólo a partir de la toma de posesión podrán ejercerse las atribuciones que el cargo reconoce de acuerdo a las reglas contempladas en leyes especiales y las que disponga el reglamento de esta ley teniendo en cuenta el tipo de cargo que se desempeñe. Se requiere del juramento en los casos en que la ley lo establezca. Para el nombramiento se sigue la regla especial de la legislación que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los funcionarios públicos. La notificación y publicación del nombramiento son requisitos necesarios para el ejercicio del cargo. El acto administrativo que nombra en el cargo a los funcionarios públicos rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”.
Por último,  las Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias de dicha Ley, establecen: “Segunda.- Responsabilidad por incumplimiento: El incumplimiento de las reglas contenidas en esta Ley origina responsabilidad administrativa a los funcionarios públicos y empleados de confianza y a quienes se encuentran en la obligación de cumplir estas reglas, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de normas especiales”.
De lo antes expuesto se evidencia que el presidente de la República, efectivamente es un funcionario público, elegido por elección popular, directa y universal. Pero aún así, en el caso de Ollanta Humala, habiendo resultado ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio, ese triunfo no era suficiente para iniciar su mandato, a cuyo efecto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), semanas después de la oficialización de los resultados electorales totales por parte del organismo, procedió a proclamar al presidente electo, entregándole las credenciales que lo acreditaban como tal. No obstante, ese acto de proclamación por sí solo, para gozar de eficacia requería de la juramentación del gobernante,  y sólo a partir de ese momento, el jefe de Estado se encuentra en capacidad de iniciar su mandato.
Esa juramentación a la cual se le pretende restar importancia, tiene tal relevancia, que la tradición ha exigido el otorgamiento de un pergamino, que el propio presidente Humala firmó públicamente en pleno evento ante el Congreso de la República. Ese documento contiene no sólo el nombre del mandatario, sino “la fórmula de la juramentación usada por el nuevo gobernante”, así como la fecha de transmisión de mando. En estos términos, cualquiera que tenga acceso a dicho documento podrá verificar que el contenido del juramento allí transcrito, difiere del juramento verbalmente hecho público por el jefe de Estado ante el Congreso de su país.
Pero adicionalmente a las opiniones antes señaladas, existen dos declaraciones, que por los personajes involucrados, vale la pena mencionar. Uno de ellos es Antauro Humala, hermano del presidente de la República,  y quien cumple condena de 25 años de prisión  por haber participado en la toma de la comisaría policial de Andahuaylas, como parte de un intento de golpe de Estado en contra del para entonces presidente Alejandro Toledo, y que produjo como consecuencia la muerte de cuatro funcionarios.
Antauro, en la conocida revista “Caretas”, además de manifestar su certeza de que saldrá en libertad próximamente, hizo importantes revelaciones en relación con el significado de la juramentación realizada por su hermano, manifestando que éste “ha creado una coyuntura política constitucional que hace posible mi pronta liberación”; siguiendo más adelante: “Los que nos rebelamos por restituir la Constitución del 79, ahora somos precursores de este nuevo gobierno que ha jurado por esta Carta Magna. Ollanta ha reivindicado así las tres gestas militares dentro del estado genuino de derecho que estaba vigente en dicha Constitución. Me refiero a las insurgencias del general (Jaime) Salinas Sedó, de 1992, y a las dos de los hermanos Ollanta y Antauro Humala, en Locumba, el 2000, y en Andahuaylas, el 2005” (sic).
El otro personaje que ha opinado al respecto es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien nuevamente interviene en la política del país andino afirmando que la Constitución de 1993, “no posee legitimidad”, así como reconociendo la actitud del presidente Humala al desechar la Constitución vigente en su juramentación, como “un gesto muy valiente”.
Adicionalmente a la controversia de la juramentación del nuevo mandatario, han surgido alrededor de su persona otros elementos que evidencian una serie de irregularidades imposibles de esconder.
La primera de ellas se refiere a la visita que el hermano menor del presidente Humala, Alexis, realizara a Rusia días antes de la juramentación de su hermano, y en donde dicho ciudadano se reunió con miembros del gobierno de ese país a fin de negociar acuerdos de turismo, pesca, gas y de armas para el Perú. Paradójicamente, la Comisión Disciplinaria del partido de gobierno, el Partido Nacionalista, procedió a suspender de militancia partidista, por 6 meses, al joven Alexis, “por haber viajado a Rusia sin autorización del partido, ni del Comité Ejecutivo Nacional”. A pesar de esto, en ningún caso se ha planteado- y el presidente se ha mantenido mudo- el fondo del asunto, como lo es la intervención de un hermano del presidente de la República, (cuyo mandato ni siquiera había comenzado), para gestionar a título personal, negocios en los cuales estaría comprometida la República y que por ende deben obedecer a una política concertada por los organismos competentes, y bajo los parámetros jurídicos correspondientes.
Adicionalmente a estas circunstancias, podemos apreciar cómo su hermano Antauro, además de ofrecer declaraciones como las anteriormente mencionadas, logra prodigiosamente la rebaja de la condena impuesta en su contra, de 25 años de prisión por el homicidio de cuatro funcionarios policiales por los hechos antes señalados, a 19, o 17 años de prisión. Para ello la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha decidido una disminución de la referida condena, en función de haber declarado “nula” la sentencia que condenó a Antauro por el delito de tenencia ilegal de armas, así como por “modificar” la calificación de homicidio calificado, inicialmente imputada al enjuiciado, por la de “homicidio simple”. En todo caso, la decisión definitiva, respecto a si la rebaja llevaría la pena a los 19 o a los 17 años de prisión, deberá ser tomada en las próximas semanas.
Pero aparte de la reprobable actitud asumida por los hermanos Humala entre sí, -bajo la mirada lánguida del presidente Ollanta-, la situación aumenta de volumen, al apreciar ciertas designaciones que ha venido haciendo el mandatario, las cuales dejan mucho qué desear respecto a esa atmósfera de honestidad y total transparencia con que en tantas ocasiones se había comprometido el estrenado mandatario.
Así, mientras se festejaba el nombramiento de los miembros del gabinete económico, como garantía de continuidad en la política económica y financiera del Estado, la sociedad, -e incluso la comunidad internacional-, pareciera estar en ascuas respecto al nombramiento de Ricardo Soberón, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).  Para los que desconocen el significado de esta responsabilidad, es necesario aclarar que ésta se asimila a la designación de un  “zar antidrogas”.
El caso de Soberón nos confirma el supuesto compromiso que el entonces candidato Humala (incluido en nuestro artículo “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala, runrun.es) habría adquirido con un sector de la agrupación terrorista “Sendero Luminoso”, quien amparada en su estrecha relación con autoridades de la vecina Bolivia, habrían contribuido económicamente con la candidatura presidencial de Humala, “a cambio de su compromiso de no erradicación de la hoja de coca”.  De ser cierta esta información contenida en ese artículo, no habría mejor candidato para cumplir con dicho acuerdo, que el propio Ricardo Soberón, conocido por su crítica a la erradicación de la hoja de coca, así como por su cercanía con las organizaciones cocaleras peruanas en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene y en la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), los cuales tradicionalmente se han opuesto a la erradicación de la coca, y  de las cuales ha fungido por años como asesor.
Por si esto fuera poco, resulta del conocimiento público la relación del flamante zar antidroga,  con el colectivo “Legaliza Perú”, encargado de facilitar asesoría legal a quienes resulten involucrados en asuntos en materia de drogas, y posesión de marihuana en particular. De igual forma, es un hecho público la relación existente entre el nuevo funcionario antidroga y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. De hecho en el año 1995, el hoy presidente de “Devida”, el actual presidente de Bolivia y Hugo Cubieses, éste último allegado igualmente al presidente Humala, y supuestamente a la organización “Sendero Luminoso”(ver artículo “Gana Perú, runrún.es), estuvieron detenidos por las autoridades bolivianas, en “Copacabana”, zona boliviana fronteriza con Perú, presuntamente por actividades subversivas. Estos tres personajes fueron recluidos en una base naval a orillas del lago Titicaca, para luego ser liberados y expulsados,  Soberón y Cubieses, hacia Perú.
Junto a esta designación, debemos mencionar el nombramiento del coronel, retirado, Adrián Villafuerte, como asesor personal en asuntos militares del presidente Humala. Tal y como referimos en nuestro artículo “Gana Perú”, Villafuerte durante el gobierno fujimorista se desempeñó como secretario del general Cesar Saucedo, uno de los hombres más cercanos al poderoso Vladimiro Montesinos.
Otra de las designaciones que llama la atención se refiere a la del coronel, en situación de retiro, Luis Pereyra Briceño, como Director Nacional de Defensa Civil (INDECI).  Para tener una idea del personaje, el coronel Pereyra  fue objeto de una formal denuncia en 2006 por parte de la Inspectoría General del Ejército, por la desaparición del expediente que se le seguía al actual presidente Ollanta Humala (conocido como el “capitán Carlos”) por la violación de derechos humanos durante su gestión como jefe de la base militar antiterrorista de “Madre Mía”.
Por si los casos anteriores resultaren insuficientes, hace pocos días los medios de comunicación del Perú sorprendieron a la población con la noticia de la escogencia de la economista Tania Lourdes Quispe, prima de la primera dama, Nadine, como Jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Los hechos aquí mencionados, han sido seleccionados dentro de una gama de circunstancias  que han venido rodeando al presidente Ollanta Humala, que de no atenderse a tiempo, podrían ocasionar un vuelco en la vida política, social y económica del Perú, país que a pesar de la necesidad de profundizar sus políticas para lograr una mejor distribución de la riqueza, ha sido ejemplo de un importante crecimiento económico.
Mientras el nuevo presidente se inicia con decisiones como las señaladas, reconociendo públicamente lo “difícil que resulta gobernar”, los partidos políticos y sus líderes, al igual que sucedió durante la campaña presidencial, andan en desbandada.   Es cierto que muchos otros gobiernos en la América Latina,  se han mantenido con mayor o menor estabilidad, bajo el amparo de mecanismos populistas parecidos al que pretende implantar el mandatario peruano, pero el caso del Perú representa un riesgo mucho mayor que aquellos, si recordamos que según todos los indicadores internacionales, Perú se ha convertido en el mayor productor de coca en el mundo.  Mientras la sociedad civil y las organizaciones políticas comienzan a estirar las piernas después de un largo descanso, organizaciones narco terroristas, como Sendero Luminoso, ya han practicado con largas vueltas de calentamiento.  Ojalá que la sociedad peruana organizada no se duerma, su pueblo no se los perdonaría.
virmar09@vzw.blackberry.net

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GERMÁN FLEITAS NÚÑEZ (CRONISTA DE LA VICTORIA): ¿ERAN REALMENTE HIJOS DE SIMÓN BOLÍVAR?

La muestra de ADN del Padre de la Patria, obtenida durante la exhumación de sus restos, nos permitirá comprobar si realmente era el padre de los hijos que se le atribuyen. Existe numerosa descendencia de sus presuntos hijos y ya la ciencia está en capacidad de ayudarnos a despejar dudas genéticas y genealógicas.
A nuestro Libertador se le atribuyó la paternidad de cinco hijos, dos hembras y tres varones; dos europeos y tres americanos; que fueron: 1) La Niña de Achaguas, 2) Doña Flora Tristán, 3) Simoncito Biffard 4) Don Miguel Camacho y 5) Don José Costas.
Sobre estos “presuntos hijos” -como dicen los periodistas- existe abundante documentación y noticias en la prensa del siglo XIX, XX y en libros; pero muy poco interés le han prestado los historiadores, con el socorrido argumento de que “los grandes hombre no han dejado descendencia”, lo cual es una verdad que tiene demasiadas pruebas en contrario. El viento parece haberse llevado  las palabras del gran hombre cuando el 18 de mayo de 1828 dijera que:  su esposa “...murió muy temprano y no ha vuelto a casarse, pero que no se crea que es estéril o infecundo porque tiene prueba de lo contrario”.

Dentro de los estrechos límites de una crónica, ofrecemos información ligera sobre estos cinco “presuntos” hijos del héroe, en espera de que algún día el ADN diga la última palabra.

SU PARIENTE
TERESA CARRENO
1) La referencia a la primera niña, la trae en sus Memorias, publicadas en 1847, el pintor Carmelo Fernández Páez, sobrino del general Páez, quien desde muy niño anduvo con Bolívar y lo acompañó hasta el fin de su vida. Autor de la efigie del Libertador que está en nuestras monedas, y de las efigies de casi todos los próceres, a quienes conoció personalmente, don Carmelo dice que en la huida hacia el oriente, durante el año 1814, muchas de las familias de Caracas se radicaron en Cumaná; otras siguieron a Angostura (hoy Ciudad Bolívar), y cuatro de ellas  llegaron hasta Achaguas; “...en una de estas familias tuvo una hija El Libertador”. Viniendo de un compañero fiel, que anduvo con él todo el tiempo hasta que murió, el dato es digno de crédito y de respeto. Algunos genealogistas creen que se trata de una niña de la familia Toro, de nombre Clorinda, cuya madre casó luego con el victoriano Manuel García de Sena. La niña CLORINDA GARCÍA DE SENA Y TORO, casó con Don Manuel Antonio Carreño, gran músico, autor de la “Urbanidad de Carreño” y es la madre de la gran pianista Teresa Carreño García de Sena, quien sería nieta del héroe (sus restos también reposan en el (Panteón Nacional y será muy fácil obtener muestras de su ADN).
2) La segunda, doña FLORA TRISTÁN, cuyo retrato revela un gran parecido físico con el genio, era hija de doña Teresa Laisney de Tristán, esposa del coronel peruano don Mariano de Tristán, de la alta aristocracia del Perú. Bolívar la conoció en su segundo viaje a Europa que comenzó en 1803 y dura hasta su regreso en 1806, vía Estados Unidos. Lleva la tristeza de su prematura viudez y tiene apenas veinte años. Con Teresa hace un largo viaje hasta Bilbao, ella queda embarazada y al poco tiempo, en Paris,  nace Flora. Vivió de 1804 a 1844; casó y tuvo dos hijos: un varón cuyo nombre desconocemos y una hembra llamada Aline, que es la madre del pintor Gauguin, quien sería bisnieto del Libertador.
Flora fue una destacada dirigente política, fundadora del Partido Socialista Francés, luchó por el proletariado, por los derechos de la mujer y por el establecimiento del divorcio. Fue muy infeliz en su matrimonio, publicó libros, entre ellos “Peregrinaciones de una Paria” en 1838; viajó a Arequipa en busca de su tío Pío Tristán. Publicó las cartas cruzadas entre su madre y Bolívar, y murió en 1844. Los obreros agradecidos le hicieron  un monumento en el cementerio de Burdeos donde reposan sus restos.
Fanny Du Villars
3) Del tercero apenas conocemos, por habérselo oído decir a don Juan Uslar Pietri –hermano menor de don Arturo- que en 1805 nació en París un niño al cual apadrinó el futuro guerrero y le puso su propio nombre. La madre del niño había sido su amiga íntima. En una carta que le envía en 1823 Fanny Tobrian y Aristeguieta Du Villars, su prima, amante y confidente, al Libertador, le dice: “Vuestro ahijado Simoncito Briffard (espero que sea el solo que usted tenga en Europa) es digno de sus bondades y tiene el vivo deseo de ir a encontrarlo”. No sabemos nada más de SIMONCITO BRIFFARD. Es a esta Fanny a quien le escribe en 1830 la carta que dice: “Me tocó la misión del relámpago; rasgar un instante la tiniebla, fulgurar apenas sobre el abismo, y tornar a perderse en el vacío”.
MARIA ANTONIA BOLIVAR
4) El cuarto, don MIGUEL CAMACHO, nació en Pie de Cuesta, El Socorro, Santander del Norte, Colombia, pero vivió toda su vida en Quito donde murió el 10 de julio de 1898. Era más alto que Bolívar, pero tenía faz trigueña, frente alta y elevada, cabello ensortijado, bigotes bien poblados, nariz aguileña y barbilla perfilada, delgado pero bien musculado, ojos negros, de mirada penetrante y que en veces miraban al suelo y en veces, de lado.
Al día siguiente, el 11 de julio de 1898, el cortejo fúnebre era presidido por el General Eloy Alfaro, Presidente del Ecuador, por tratarse de un hijo de Simón Bolívar, pues como tal se le tuvo siempre. Poseía muchas cartas del Libertador y de “mi tía María Antonia, referentes a mi persona y particularmente a los gastos de mi manutención y crianza”. Al fallecer, su criado era un hombre como de  setentinco años, llamado Lorenzo Camejo, hijo de Pedro Camejo, el Negro Primero, quien lo acompañaba desde su estancia en Caracas, en tiempos de Guzmán Blanco, y llamaba la atención de los quiteños “por su color negro, su altura, y porque llevaba en la oreja un arete de oro”.
Don Miguel Camacho tuvo dos hijos llamados Margarita y Carlos.  Margarita casó con don Manuel de J. Benalcázar, honorable comerciante de Quito y tuvo tres hijos llamados Miguel Ángel, Antonio y Manuel.  Antes, don Miguel había tenido otro hijo llamado don Aquilino Camacho, profesor. Sus descendientes viven en el Ecuador.
María Joaquina Costas
5) Por último, el más conocido de todos es don JOSÉ COSTAS. Su origen remonta a los días de octubre de 1825, cuando el Padre de la Patria llegó a Potosí, para cumplir con su compromiso de clavar las banderas de la libertad, en el Cerro de la Plata. El 5 de octubre fue coronado por una linda mujer de veintiún años, de nombre María Joaquina Costas, esposa del general Hilarión de la Quintana, colocó sobre sus sienes una corona “de filigrana de oro, tachonada de diamantes”, obsequio de la Municipalidad de Potosí. María Joaquina tenía “piel fina, ojos color azul, boca pequeña nariz fina y un hoyuelo en la barbilla”.
En el momento de coronarlo le advirtió: “Cuídese general porque esta noche tratarán de asesinarlo”.  Esta oportuna información permitió debelar  la conspiración del general León Gandarias, y salvar la vida del héroe. Esa noche el suntuoso baile vió aparecer a “otro Bolívar”; por primera vez sus compañeros de armas lo contemplaron sin bigote y sin uniforme. Bailó toda la noche con María Joaquina; surgió una intensa relación y el caraqueño decidió prolongar en Potosí su estada hasta el próximo 28 de octubre, para celebrar allí “su cumpleaños”. María Joaquina quedó embarazada y nació su hijo a quien, a pesar de estar casada,  presentó como José Antonio, hijo natural suyo y del señor Simón Bolívar. Al conocer Bolívar el nacimiento del niño envió al Coronel José Miguel de Velazco, con la misión de llevarlos a la “Quinta de la Magdalena”. En el Perú se hicieron varios retratos de doña Joaquina con el niño en los brazos. La comisión le valió a Velazco su ascenso a General y la Presidencia de Bolivia. Por su parte José Costas vivió sesentinueve años, casó con doña Pastora Argandoña y procrearon a Urbano y Magdalena, ambos con numerosa descendencia. En su partida de matrimonio se lee: “...casé y velé a José Costas, hijo natural de la señora finada María Costas y del finado señor Simón Bolívar.”
Murió el 7 de octubre de 1895. Existe una fotografía de doña Joaquina a los setenta años, tiene en las manos un libro, su rostro es simpático e imponente, ojos soñadores, boca pequeña nariz bien perfilada, su vestido es una saya de anchos pliegues y una mantilla andaluza. Sus descendientes viven en Caiza, un pueblito a noventa kilómetros de Potosí.
El 26 de octubre de 1925,  se celebró en la Villa Imperial de Potosí el centenario del ascenso de Bolívar al Cerro de la Plata; allí en acto presidido por la Academias, la Sociedad de Geografía e Historia y el Presidente de la República, se reconoció a las familias Costas y Rosso, como descendientes de Bolívar. En el momento de su muerte, cuando Doña María Joaquina se confesó con el cura Ulloa, le pidió: “que no sea separado de mi cuerpo en la tumba, este precioso relicario que lleva el busto del Libertador, y que me fue ofrecido por él en prenda de amor (...) Dios le haya premiado y me perdone a mi esta única falta grave de mi vida, que siempre consagré al bien de mis semejantes y al recuerdo del héroe, mi único y solo amor en el mundo”.
Por su parte, dos años antes de morir, el Libertador confesó: “El Potosí tiene para mi tres recuerdos: allí me quité el bigote, allí usé por primera vez un vestido de baile,  y allí  tuve un hijo”
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