COMUNICADO DE LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA COMPROMETIDA CON LA LUCHA SINDICAL

La Mesa de Unidad Democrática quiere resaltar que El Acuerdo Unitario, presentado hace pocos días, de los candidatos para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, toma en cuenta a la totalidad de factores que conforman la alternativa democrática

Fue un proceso complejo, donde se buscó que los jóvenes, las mujeres, los sindicalistas, la sociedad civil, los independientes, los partidos políticos y el resto de sectores que creemos en un cambio para Venezuela nos sintiéramos identificados; y así lo logramos

Hoy podemos decirle al país que contamos con una plataforma de candidatos unitarios donde todos se encuentran representados.

Desde la Mesa de Unidad sabemos la importancia de la lucha que llevan a cabo los dirigentes sindicales y sabemos que sin ellos sería imposible construir ese cambio que anhela nuestro país. Es por eso, que en la mayoría de las mesas regionales y en la nacional hay presencia del sector obrero y laboral en general.

Específicamente del área sindical tenemos destacados candidatos para la AN tales como Andrés Velásquez, Henri Áreas y Maria Álvarez en el estado Bolívar, Alfredo Ramos en Lara, Héctor Villalba por Monagas, Félix Cerrano y Armando Barreto en Yaracuy, entre otros.

Para finalizar, la Mesa de Unidad ratifica su compromiso con todos los factores de la alternativa democrática, especialmente con los movimientos sindicales de Venezuela. Estamos convencidos que solo unidos podremos lograr el cambio que Venezuela necesita.


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ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ, SALVEMOS AL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS (CNP), CON VOZ PROPIA

Liquidar al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en momentos en que académicamente se realiza la formación de unos sesenta mil profesionales, proponen quienes intensificación de la hegemonía comunicacional del régimen autor de los atropellos jamás registrados en dos siglos de nuestro periodismo, que han convertido el ejercicio de la actividad en elevado riesgo.

Un triste balance de estos últimos once años, registra el fatal desenlace de 29 comunicadores, algunos en ejercicio de la actividad; unas dos mil agresiones físicas, aparte de las verbales permanentes; un millar de detenidos, varios exiliados; cierre de medios con ensañamiento en los audiovisuales. Sumemos el control de la información, con la cual han llegado hasta el anuncio público de aplicarla directamente, como el gobernador de Aragua que ordenó convocar a directores y jefes de redacción de medios para evaluar el contenido de lo que publican.

Estos nefastos hechos motivan la conformación de una la Plancha, que me conceden la responsabilidad de presidir, para las elecciones gremiales del próximo 10 de junio.

Es un compromiso que no puede evadir, sobre todo cuando tuve el inmenso honor de presidir la comisión que en la Asamblea Nacional Constituyente, logró consagrar en la Carta Magna el derecho a la información, no obstante la oposición oficial. Presente tendremos siempre que Venezuela estableció constitucionalmente por primera vez en el mundo de habla hispana, la libre expresión del pensamiento que para Simón Bolívar “es el primero y más inestimable bien del hombre en sociedad”, tal lo impuso en la Ley Suprema aprobada en el Congreso de Angostura en 1819, con el agregado: “La misma ley no puede prohibirlo”.

Proponemos el Plan de Unidad Gremial de fortalecimiento del CNP para que, asista social y profesionalmente a los afiliados; la defensa y aplicación de la de la Ley de Ejercicio del Periodismo, con atención a la protección social y el Código de Ética, internacionalmente reconocido y que anuncian derogar al transformarlo en ley; estrechar contactos con las seccionales que nos proponemos materializar mediante incorporación de encuentros zonales que conduzcan a los legalmente establecidos secretariados.

Agreguemos la recuperación de vanguardia internacional en la lucha gremial; especial dedicación al mejoramiento profesional, tomando en cuenta las nuevas tecnologías.

Combatiremos la censura que el régimen impone con la sumisión de los Poderes Públicos. El Tribunal Supremo de Justicia, afirma en sentencia “que la censura previa que pueda ordenar el Ejecutivo es legal y no contradice el derecho a la libertad de expresión y de información garantizado en la Constitución y en las convenciones de Derechos Humanos suscritos por el Estado”. El Ministerio Público, promueve al efecto legislación que se extiende a la restricción del derecho a la información. Su afán es convertirnos en el único país que penaliza los delitos mediáticos.

NOTA AL MARGEN: En su artículo sobre las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, el analista chileno Fernando Mires, señala a las guerrillas comunicacionales “como el último ejemplo, de la dictadura militar”. Esta “se caracteriza por la militarización de poder político y por la concentración bajo un solo mando de los tres poderes del Estado”. Dice no ver “ningún impedimento ni político ni politológico” para hacer esa calificación. Comenta que sería “para la oposición un verdadero triunfo histórico: obtener la mayoría nacional y la mayoría parlamentaria a la vez... Si eso ocurriera, la dictadura, aunque no el gobierno de Chávez, habría llegado a su fin”.

albertojordanhernandez@yahoo.es

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ESTADO APURA TOMA DE CONTROL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, EN EL UNIVERSAL, CARACAS, LUNES 10 DE MAYO, 2010

El país se encuentra en la mitad del lapso de ejecución del plan socialista 2007-2013

En 2007, el Gobierno formalizó lo que sería un objetivo fundamental de su gestión: modificar el modelo productivo nacional y disminuir el peso del sector privado en la economía.

La fallida reforma constitucional fue una de las manifestaciones públicas de esta intención. Otra, el plan de la nación 2007-2013 o plan socialista Simón Bolívar, que aunque no cuenta con el piso legal que requería para su instrumentación, es decir, el cambio de la Carta Magna, igualmente fue aprobado y está en ejecución.

A menos de tres años para que termine el plazo que las autoridades se dieron para cumplir los objetivos del citado plan, el Gobierno ha dado pasos fundamentales para limitar el margen de acción de la empresa privada y ha ido abultando el peso del Estado como actor, empleador, regulador y competidor en la economía.

Los discursos oficiales de los últimos días evidencian que se profundizará el plan de acción. Sólo este sábado el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, señaló que van "a seguir en la batalla de la construcción de la hegemonía socialista en la que imperen los espacios para que el pueblo tenga la propiedad social sobre los medios de producción y distribución".

Añadió que "donde encontremos a sectores privados especulando, haciendo usura con los bienes esenciales como alimentos, ropa y productos del hogar, podemos ocupar y expropiar y nacionalizar y colocarlos bajo el régimen de propiedad social".

El presidente Chávez, por su parte, dijo ese mismo día que "la burguesía tiene mucho que ver en el manejo económico. Yo le advierto a la burguesía: No nos vamos a dejar acorralar".

Uno a uno

Cuando la arremetida estatizadora comenzó, en 2007, el Gobierno enfilaba sus armas hacia sectores que eran estratégicos. De allí que las primeras grandes acciones tocaran al área petrolera, a la de telecomunicaciones y a la eléctrica.

Paralelamente, las autoridades han sostenido un agresivo plan de intervención de tierras.

El más reciente eslabón de la cadena es el sector comercial.

Chávez, al inaugurar a inicios de este año la primera tienda estatal Bicentenario, en sustitución de la red privada Éxito, destacó que se trataba de un paso hacia el fortalecimiento de la propiedad social.

Lo mío, lo tuyo, lo nuestro

La discusión sobre el tema de la propiedad en Venezuela ha estado en el tapete desde el intento de reforma constitucional. Pese a que la reforma no prosperó, el cambio real en el tratamiento de la propiedad sí se ha dado en el país.

Se ha impulsado la propiedad social con herramientas como la Ley de Participación y Poder Popular que afina la construcción del Estado comunal.

En los nuevos desarrollos habitacionales del Estado no se entrega a los beneficiarios la titularidad de esos inmuebles. Algo similar ocurre con quienes reciben tierras rescatadas por el Estado.

Los espacios de participación privada se han limitado. En áreas como la petrolera esta participación solo es posible en minoría accionaria y en sociedad con el Estado, a través de las llamadas empresas mixtas.

Otras señales se han emitido desde el Gobierno para mostrar que le irá mejor al empresario que se sume a las filas oficiales o se asocie con el Estado.

Así, en la devaluación del bolívar adoptada en enero se establecieron dos paridades fundamentales, una de Bs 2,60 y otra de 4,30. La primera está reservada para rubros básicos y esencialmente para las importaciones del Estado. El propio Chávez invitó entonces al empresariado a asociarse con el Gobierno para poder gozar de esa paridad más barata.

Desde 2007 el presidente Chávez dejó claro que el cerco al sector privado en la revolución bolivariana que él encabeza se hará de forma progresiva, para no cometer los errores de otras revoluciones.

El 15 de agoto de 2007, en cadena nacional, dijo que había conversado con Alexander Lukashenko, presidente de Belarús; con Fidel Castro, líder del Gobierno cubano, y con Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Con ellos intercambió ideas acerca de los errores que se cometieron en sus respectivos procesos revolucionarios. "Hay un factor común, la pretensión de eliminar de un tajo propiedades productivas".

El país se encuentra hoy en la mitad del lapso de ejecución del plan 2007-2013, la transición al socialismo. El Gobierno ha dicho que ya afina el siguiente.

Carmen Rosa Gómez
EL UNIVERSAL
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